Este martes, refiriéndose a los juicios contra los genocidas, Kirchner dijo “Los veo un poco lentos, tienen que tener más celeridad, no tener miedo, avanzar”. 
Esto puede ser dicho legítimamente por cualquiera, pues a 3 años de la nulidad de las leyes de impunidad, poco se avanzó en un verdadero juzgamiento del plan de exterminio de la vanguardia obrera y popular. Solo llegaron a la etapa oral dos juicios y por poquitos casos, uno en La Plata contra Etchecolatz y el que acaba de terminar condenando1 a 25 años a Julio Simón, alias “Turco Julián”. La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos denunció que “La causa Poblete fue iniciada en 1998. La sentencia se dictó en 2006. 8 años. 30.000 compañeros desaparecidos. 8 años por cada juicio. 240.000 años”. 
Pero el presidente no puede decirlo, porque está en su poder la posibilidad de “instruir a los fiscales”, a través del Procurador kirchnerista Esteban Righi, para que eso que denuncia no ocurra.

No es miedo. Es complicidad. 
El problema de la impunidad consiste también en la cantidad de funcionarios de la dictadura, cómplices y sostenedores de ella, que están libres y ¡en funciones!2 Un caso escandaloso es el que denunciamos en LVO 198. El Fiscal Raúl Perotti que intervino en el juicio a Simón, y que actuará en los que vendrán, está acusado de ser parte de la estructura represiva de la subzona 114 del I Cuerpo del Ejército, de presenciar torturas, interrogar chicos de 13 años tratando de que acusen a sus docentes, etc.
En representación del Estado, pidió 24 años y 6 meses para Simón considerando como atenuantes que tiene 63 años, 3 hijos… ¡y no presenta antecedentes penales!.
Lo que suma gravedad al caso es que el Procurador General de la Nación Righi, está al tanto del prontuario del fiscal pues hay un sumario abierto en su dependencia (que nunca prosperó).
Por otra parte el CELS, organismo que representó a los familiares de las víctimas en el caso, conocía este pasado y lo ocultó durante todo el juicio, tal vez para no romper lanzas con su gobierno amigo, pero faltando a la elemental función que debe cumplir cualquier organización que se quiera llamar de “derechos humanos”.

A dónde vayan…
“Entre el público, seguían el juicio…varios funcionarios: el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde; su subsecretario, Rodolfo Mattarollo; el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Edgardo Binstock, y el representante especial de Derechos Humanos de la Cancillería, Horacio Méndez Carreras. También estaba la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto” (La Nación, 5/08/06). Ella declaró “Es una jornada histórica. El desgarrador clamor de las víctimas llegó a la Justicia”… “Es una muy buena condena;….”. Aparecieron festejando y dando el mensaje de que “por fin llegó la justicia”. 

No hay “paso a paso”
Desde el CeProDH intervenimos en estos juicios como querellantes y venimos denunciando que 30 años después, a estos ritmos (juzgando caso por caso, y no a todos los genocidas por todos los compañeros) no podemos decir: “hay justicia”.
La política de “paso a paso” que tienen Abuelas y los organismos oficialistas, más bien consolida un perverso sistema donde con decenas de procedimientos en todo el país, se encarcela un represor por aquí, otro por allá, dejando impune el plan de conjunto que implicó la dictadura. Un elemental inicio sería que todo el que fue funcionario de la dictadura o miembro de sus fuerzas represivas, en principio, es responsable, y no hay que estar buscando pruebas a través de las víctimas para procesarlo y detenerlo. 
La canción que muchos gustan cantar “a donde vayan los iremos a buscar”… tiene un destino concreto: deben ir a los Tribunales, donde desde la Corte Suprema para abajo hay funcionarios que juraron por los Estatutos del Proceso y que participaron de la más monstruosa represión que vio el país. Ellos serán los que juzguen a los milicos. 
Por eso es falso lo que dice Kirchner. El problema no es que “tengan miedo”. Es que son cómplices. 
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1 Le dieron 25 años “en aplicación del principio de la ley más benéfica”.
2 Además nunca se llevó a la justicia la responsabilidad que le cabe a todos los empresarios que promovieron el golpe para beneficio propio, llegando al extremo algunos de ellos de tener centros clandestinos en sus fábricas.