En las últimas semanas, las explosiones en ductos de PEMEX (reinvidicadas por el Ejército Popular Revolucionario -EPR- en demanda de la presentación con vida de sus dos militantes desaparecidos), abrieron una discusión en los medios de comunicación y el régimen sobre cómo mejorar la “seguridad nacional”, lo cual significa en realidad cómo controlar el descontento popular.

Y es que esto ocurre con el trasfondo de las masivas movilizaciones contra la Ley del ISSSTE (Seguro Social) del mes de mayo, y mientras se preparan nuevas acciones para fines de agosto; y donde la campaña represiva puede reanimar la lucha por los derechos democráticos. En ese marco, la recomposición del movimiento oaxaqueño, a pesar de las persecuciones y desapariciones, muestra que es el “talón de Aquiles” de Calderón, lo cual está provocando que sectores del mismo PAN (Partido de Acción Nacional) vean en una hipotética renuncia del gobernador Ulises Ruiz (URO) la forma de contener la movilización y evitar que aliente nuevas luchas en otros puntos del país. Y es que Oaxaca, por sus métodos y su acción, es el epicentro indiscutible de la movilización nacional contra el gobierno.

Calderón necesita evitar la inestabilidad y en particular los obstáculos que representan el cuestionamiento a las reformas “estructurales” (proveniente también de varios sectores patronales) así como los recientes escándalos de corrupción que evidenciaron los vínculos entre el panismo y sectores del narcotráfico.

Los atentados contra PEMEX

Después de los atentados, y con el objetivo de fortalecer su imagen como garante de los negocios capitalistas, Calderón dio pasos en la militarización de las funciones policiales, y anunció la creación del “Comité Especializado de Alto Nivel en materia de desarme, terrorismo y seguridad internacionales” (La Jornada 21/7/07).

El gobierno utilizó los atentados reivindicados por el EPR para reposicionar a las Fuerzas Armadas como institución pilar de su gobierno, como muestran sus discursos y la mayor militarización en distintas entidades, mientras que se reducen los presupuestos en salud y educación y millones sufren hambre y miseria, continúan aumentando el presupuesto para las Fuerzas Armadas y la Seguridad Nacional

Continúa la represión sobre los activistas y luchadores

Como parte de esta política gubernamental, continua la represión contra distintos movimientos y luchas. En Chiapas, cuerpos de elite dirigidos directamente desde el Campo Militar Nro. 1, buscan hostigar a las comunidades zapatistas y continuar la “guerra de baja intensidad”. En Atenco, la “justicia para ricos” negó los amparos a los presos políticos condenados a 67 años de prisión.

En Oaxaca es donde esta escalada es mayor: las desapariciones de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, junto al hostigamiento constante contra la izquierda y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), muestra que las fuerzas represivas utilizan métodos similares a los empleados en la “guerra sucia”.
El objetivo inmediato de esta represión es disciplinar los “focos rojos” del país: en Oaxaca, el epicentro de la resistencia contra los planes, los servicios de inteligencia militar y el CISEN instauraron –con el pretexto del combate al EPR y al “terrorismo”- un verdadero estado de sitio.
Y es que, ante el desprestigio provocado por el fraude y por el constante ataque a las conquistas obreras y populares, Calderón debe usar más directamente a las fuerzas armadas, para allanar el camino a la esclavista reforma laboral, la privatización de los energéticos, entre otras medidas. Pero una mayor cuota de “mano dura” podría ahondar la brecha entre el gobierno y el pueblo trabajador, alentando la movilización. Como en Oaxaca, donde la política de URO, lejos de desmovilizar, genera nuevas acciones de lucha y de resistencia.