No había pasado un día de la masacre de Cromañon que Ibarra ya estaba ensayando respuestas para salvarse. Al día de hoy continúa en campaña recibiendo los apoyos del “socialista” (¡!) Binner y de Luis Juez y encima se vale del clientelismo estatal para garantizarse una asistencia “obligada” del aparato del punterismo ibarrista, radical y kirchnerista, en lo que se llamó el “abrazo” a la Legislatura, el pasado 16 de enero.
Si se llegó a la instancia del juicio político no fue por los políticos patronales venales de la Legislatura porteña –que desde el principio conformaron un pacto de impunidad para salvar a Ibarra- sino por la movilización indoblegable de los familiares. A un año de la masacre, la marcha volvió a ser enorme, miles de jóvenes mostraron su fuerza repudiando a Ibarra. Por otra parte, los testimonios del juicio muestran el vaciamiento de los servicios de emergencia y hospitalarios y la poca predisposición de los funcionarios a colaborar en el medio de la crisis. 

Aníbal Ibarra denuncia a la Cámara Acusadora del juicio político de promover un golpe institucional y exige la nulidad de la acusación. Su objetivo es congraciarse con un sector de la ciudadanía, agitando el fantasma de la derecha, el macrismo, que no respeta el voto popular y que pone en riesgo la "salud de las instituciones". Otros de sus argumentos es que en este país no existen presos por las distintas masacres ocurridas y que a él lo perseguirían por no pertenecer a ninguna fuerza de la corporación política peronista-radical. Con el auxilio cómplice de las ONG’s y los organismos de derechos humanos afines intenta ocultar lo inocultable:
- Que llegó a la Jefatura de gobierno de manos de la Alianza, con el apoyo de otro inefable como Fernando De la Rúa –y cuando éste caía masacrando manifestantes en Plaza de Mayo- Ibarra huía de la bronca popular en una ambulancia. Si luego fue reelecto fue por el apoyo de otro sector de la corporación política, el kirchnerismo y el PJ.
- Que durante su gobierno se reprimió violentamente a los ocupantes del Padelai y a numerosas asambleas populares que habían recuperado predios y edificios y los habían puesto al servicio de los barrios, para congraciarse con las grandes corporaciones inmobiliarias.
- Que en todos estos años ha gobernado en consenso con su “archienemigo” Macri, al servicio de los grandes empresarios –entre los que se cuentan sus amigos de la Cámara del espectáculo, en cuyas filas milita el actual jefe de gobierno interino, Jorge Telerman. Las instituciones cuya salud defiende Ibarra son las que prohijaron la masacre de Cromañón, de la mano de la corruptela capitalista. 
Con su sumario de tragedias y catástrofes, Ibarra quiere deslindar toda culpabilidad y achacar su suerte a una especie de conspiración. Sin embargo, la lista trágica que el cínico levanta habla más bien de la impunidad reinante en las últimas décadas que de la injusticia de la acusación en su contra. Si hoy Ibarra es ilegítimo y se pide su condena es porque la movilización popular sostenida y los escraches –un efecto que en ciertos casos aún persiste desde la rebelión social de diciembre de 2001- son potentes armas democráticas capaces de imponer su poder de revocatoria, enfrentando las maniobras y el juego perverso de las instituciones de esta democracia para ricos. Cabe señalar cómo los progresistas estilo Ibarra no dudan en utilizar argumentos de la derecha estilo Hadad para condenar este tipo de movilizaciones.
Si una lección queda vigente es que los familiares y víctimas no deben confiar bajo ningún aspecto en las maniobras judiciales o legislativas, ni en los legisladores de la oposición patronal para quienes la suerte de Ibarra depende de pactos políticos, donde –por sobre todas las cosas– los empresarios inescrupulosos y los negociados, queden en pie, con o sin Ibarra.
La verdadera fuerza de la lucha por justicia para los pibes de Cromañón es la movilización popular. Hay que lograr la más amplia unidad y organización, exigiendo el juicio y castigo a todos los responsables de la masacre, y la destitución inmediata de Ibarra. De darse esta destitución sería un primer paso para pelear por que se vaya su continuador, el duhaldista Telerman, pero no para que asuma el macrismo sino para imponer una Asamblea Constituyente con plenos poderes, donde se voten medidas para acabar con la impunidad y las bases del régimen político y social que podujo la masacre de Cromañón, aprobando entre otros puntos, la elección directa y el derecho a la revocabilidad de todos los funcionarios políticos y legisladores- en caso de incumplimiento de su mandato, y que además cobren un salario equivalente al de un docente, la derogación del represivo código de convivencia, la implementación de una reforma urbana para dar vivienda a los sin techo, el salario mínimo vital y movil de $1800, el fin de la precariedad laboral y el subsidio de $800 para los desocupados.