"Es muy grave el accionar del gobierno provincial y municipal, oficialistas y oposición del PJ, que no dudaron en mandar a reprimir, con el aval de la justicia y del ayudante fiscal Paredes, a mujeres y jóvenes, y personas solidarias con balas de goma, violentando a niños, para desalojarlos del territorio en el que viven hace años y producen para la subsistencia. Es importante remarcar que la comunidad indígena está protegida por la Ley 26.160 que prohíbe los desalojos y que brinda un marco de reparación histórica de la Agricultura Familiar, además de ser reconocida con una ordenanza municipal de producción agroecológica", sostuvo Alejandro Vilca.

En el mismo sentido continuó: “además está vigente otra normativa que impide los desalojos en este contexto de emergencia sanitaria. Todas son leyes que no fueron acatadas por la justicia ni por los poderes ejecutivos provincial ni municipal. Violan sus propias leyes para favorecer los intereses empresariales, incluso de un funcionario del gobierno involucrado a la inmobiliaria Sucre que de un día para el otro se autoproclama dueño de las tierras donde viven las familias hace décadas".

"Repudiamos el accionar represivo de los efectivos policiales quienes además se llevaron detenidas a cuatro personas que fueron liberadas varias horas después por la presencia de las familias afectadas, organizaciones solidarias y legisladores que estuvimos presentes en la comisaría 51 del barrio 18 de noviembre de Palpalá. Es la misma policía que días atrás reprimió y detuvo a mujeres que pelean por el derecho a la vivienda en el barrio Las Tipas, o las que reprimieron con balas de goma a mujeres y miles de personas movilizadas en Palpalá tras los casos de femicidios y desaparición de personas".