Un mes después de que un fallo judicial le diera la razón, María Inés Cabrera sigue esperando que se cumpla la sentencia y la reincorporen a su puesto de trabajo, del que fue despedida en abril de 2004.

"Pedimos que se cumpla el fallo, por más que haya un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia", dijo ayer el abogado Leopoldo Denaday.

A su criterio, la sentencia debe ejecutarse y Cabrera debe volver a su trabajo en la empresa textil a la que hasta el momento no puede entrar.

"La que está en falta es la empresa", dijo ayer la obrera, quien se negó a cobrar la indemnización al momento de recibir el telegrama de despido y en cambio planteó la batalla judicial.

A Cabrera la echaron por reclamar el pago de un aumento salarial dispuesto por el gobierno nacional. Ella no era delegada gremial, pero su despido fue considerado una práctica antisindical.

En octubre del año pasado un fallo de primera instancia le dio la razón a Cabrera y ordenó reincorporarla en su puesto, pero la empresa apeló.

El mes pasado la Sala I de la Cámara Civil, integrada por los doctores Lorenzo Waldemar García y Enrique Videla Sánchez, confirmó el fallo de primera instancia. En los argumentos los camaristas señalaron que el despido fue un acto discriminatorio prohibido por la Constitución Nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Los jueces señalaron que si bien Cabrera no era la delegada gremial, había asumido una "actividad contestaria" "en representación informal de sus compañeros de trabajo" y que había como "vecera tanto ante la empresa como del delegado gremial".

La empresa volvió a apelar, esta vez ante el TSJ. El abogado Denaday dijo que mientras se tramita la causa en esa instancia extraordinaria, la sentencia debe cumplirse y la empresa debe reincorporar a Cabrera.

La trabajadora intentó ingresar una vez en la empresa. Con el fallo en la mano se presentó en su horario, pero no la dejaron pasar."Los compañeros me apoyan, siempre lo hicieron. La que está en falta es la empresa", señaló.