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Mundo Obrero

TRABAJO A DOMICILIO:

Una reforma al servicio de las grandes marcas

Dias atras el ministro Carlos Tomada, afirmó que “había que terminar con el trabajo esclavo en la Argentina”. Bajo este lema el gobierno nacional está impulsando un proyecto de reforma de la actual ley de Trabajo a Domicilio (12.713).

Edgardo Moyano y Celeste Rouspil

18 de septiembre 2008

Dias atras el ministro Carlos Tomada, afirmó que “había que terminar con el trabajo esclavo en la Argentina”. Bajo este lema el gobierno nacional está impulsando un proyecto de reforma de la actual ley de Trabajo a Domicilio (12.713). El gobierno pretende hacer pasar como progresista una ley hecha a medida de los industriales textiles, que participaron de la elaboración del proyecto. Para el titular de la Cámara de Indumentaria de Bebés y Niños, Víctor Benyakar “el anuncio es excelente, hace trece años que venimos peleando con todos los gobiernos para que entiendan cuál es la situación”(Pagina 12, 21/08).

Una historia repetida

Al operarse cambios en la producción en la década del 20, las grandes industrias concentraron el trabajo en sus plantas, porque les reportaba más ganancias. A partir de ese momento, con el fin de terminar con los talleres que utilizaban la modalidad del trabajo a domicilio, los industriales le comienzan a exigir al Estado mayores controles para eliminar su competencia. Producto de estos reclamos empresariales, en 1941 se sanciona la actual Ley de Trabajo a Domicilio, que establecía más controles y requisitos, y hasta penas de prisión para quienes no los cumplieran. Así la ley venía a satisfacer el reclamo de los grandes industriales.

Impunidad para explotar

Hoy, las necesidades de las grandes marcas han cambiado. En los rubros como el textil, gran parte de la producción se distribuye entre miles de talleres, buena parte en manos de empresarios pymes aunque también existen los cuentapropistas y talleres donde trabajan familias enteras. La flexibilización, tercerización y precarización laboral son llevadas al extremo, y las grandes tiendas y marcas de ropa encuentran en el trabajo a domicilio una modalidad que garantiza altos niveles de ganancia en base a la superexplotación y el trabajo esclavo: jornadas de hasta 16 horas, un 78 % de trabajo en negro, hacinamiento en condiciones de higiene deplorable, trabajo infantil.

El proyecto del gobierno y las marcas textiles esclavistas tiene un fin bien concreto: eliminar los delitos que establece la actual ley, por los que están denunciados ante la justicia 85 grandes marcas (Kosiuko, Montangne, Lacar, Adidas, etc). Si el proyecto del gobierno prospera, los delitos de estos empresarios desaparecerán, por eso las cámaras empresarias festejan.

El proyecto de ley, lejos de obstaculizar el trabajo a domicilio, apunta a la implementación de esta modalidad en otras ramas de la producción como la gráfica y los servicios, estableciendo beneficios para las patronales como la eliminación de los registros (bastando con los libros laborales de las empresas sin necesidad de obtener licencia alguna). Esto favorece que las patronales deslocalicen y lleven el trabajo de sus propias plantas al domicilio del obrero y su familia, implicando además un ataque al conjunto de los trabajadores de planta.

Más allá de los discursos oficiales, el proyecto asimila la responsabilidad de las marcas y los talleristas e intermediarios a la nefasta responsabilidad solidaria de las tercerizadas noventistas (una relación comercial entre las grandes empresas o marcas y los intermediarios talleristas).

Realizando una especie de ‘amnistía’ a los grandes empresarios esclavistas, el proyecto de ley del gobierno fomenta la precarización y la esclavitud laboral. Esto no significa que la ley vigente garantice la eliminación del trabajo esclavo, como lo demuestran la situación actual de miles de trabajadores.

Por los derechos de los trabajadores inmigrantes

Además de quienes son simples capataces de los talleres montados por las grandes marcas, gran parte de los talleristas se desarrolla como empresarios, beneficiándose del trabajo de los costureros, de quienes obtienen sus ganancias. La inmensa mayoría de los afectados son trabajadores inmigrantes que no cuentan con documentación legal, producto de las restricciones del Estado argentino y se ven obligados a trabajar en condiciones de superexplotación.

Sólo la unidad los trabajadores afectados, con el apoyo de los delegados y organizaciones antiburocráticas, podrán terminar con la superexplotación y el trabajo esclavo.

Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos -Ceprodh- denunciamos este proyecto que promueve la impunidad de los grandes empresarios esclavistas y la precarización del trabajo. Exigimos cárcel a los responsables del trabajo esclavo, documentación gratuita y planes de vivienda para todos los trabajadores inmigrantes, salario mínimo acorde a la canasta familiar, obra social y jubilación y plenos derechos laborales y de organización.

Prensa

Virginia Rom 113103-4422

Elizabeth Lallana 113674-7357

Marcela Soler115470-9292

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