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Editorial

EL PROYECTO POLITICO SINDICAL DE MOYANO

Una corriente “nacional y popular” que no combate al capital

La “guerra por el control de los medios”, intermonopólica, entre el gobierno aliado a las telefónicas y el grupo Clarín, pasó esta semana por una contraofensiva opositora. La nueva ley de medios que restringe el poder del monopolio de la Sra. Herrera de Noble, recibió como respuesta la denuncia de enriquecimiento ilícito del matrimonio oficial y ahora la virulenta campaña –causa judicial incluida- contra la “mafia de los medicamentos”.

Manolo Romano y Ruth Werner

10 de septiembre 2009

La “guerra por el control de los medios”, intermonopólica, entre el gobierno aliado a las telefónicas y el grupo Clarín, pasó esta semana por una contraofensiva opositora. La nueva ley de medios que restringe el poder del monopolio de la Sra. Herrera de Noble, recibió como respuesta la denuncia de enriquecimiento ilícito del matrimonio oficial y ahora la virulenta campaña –causa judicial incluida- contra la “mafia de los medicamentos”.

Tuvieron que tocarle algún interés a Clarín para que este paladín de la “libertad de prensa” “informara” un negocio siniestro, la millonaria defraudación llevada a cabo a través del contrabando de medicamentos truchos, con sustancias adulteradas. Se presume, el fraude ya cuenta con al menos cientos de muertes de pacientes con cáncer, HIV y hemofilia.

La cruzada tiene entre sus principales espadas a la ex ministra Graciela Ocaña y se dirige a jaquear al gobierno en los principales pilares en que se apoya. Como no pueden evitar que el ‘poder formal’ de la representación en el Congreso esté en manos de los K hasta diciembre, atacan las trincheras de ‘poder real’ que le quedan al oficialismo, ya debilitadas con la derrota de las elecciones del 28 de julio. La mira de las denuncias de corrupción apunta a los funcionarios de Scioli en la provincia de Buenos Aires, el golpeado bastión político del kirchnerismo en el plebiscito de julio y ya provocó la renuncia de Alberto Costa, Subsecretario de Control Sanitario de Buenos Aires y encargado de supervisar los laboratorios acusados de adulteración. El contraataque se dirige también hacia la burocracia sindical –sostén clave del gobierno. Los gremios envueltos en el escándalo son la Asociación Bancaria de Juan José Zanola, Obras sanitarias de la Capital, liderada por José Luis Lingeri (un sindicalista K), Correos y Telégrafos y la UTEDIC, pero pueden todavía ir más allá. Ocaña, acaba de declarar que la empresa Droguería Urbana que provee a la obra social de los camioneros (dirigida por la mujer de Hugo Moyano) está relacionada con el empresario asesinado Sebastián Forza.

Y la cara visible de la “mafia de los medicamentos” es el empresario Néstor Lorenzo, uno de los aportantes a la campaña electoral de Cristina Fernández, relacionado además con la causa por el triple crimen del contrabando de efedrina. El tercer pilar del poder de los Kirchner, la legitimidad del lejano triunfo de Cristina en el 2007 con mandato al 2011, es atacado mediante esta campaña anticorrupción del bando capitalista en la oposición comandada por el grupo Clarín.

El fantasma de Ubaldini

El jefe de la CGT volvió a anunciar la convocatoria de su corriente político sindical y prepara un encuentro en Mar del Plata para el 18 de septiembre donde promete la presencia de 100 gremios. En respuesta a la acusación de la fracción disidente de “los Gordos” que le adjudicaban a Moyano el lanzamiento de un “partido laborista” con su candidatura a la gobernación bonaerense, un documento de la dirección de la CGT oficial deja en claro que van a jugar en la interna peronista: “En este contexto de crisis de los sistemas de representación, el sindicalismo argentino tiene la gran oportunidad de incidir en la reformulación del peronismo”. De paso, y para desestimar cualquier idea de que los sindicatos puedan sacar los pies del peronismo, la burocracia sindical moyanista recuerda el “fracaso de Ubaldini”: “Sabemos que es difícil traducir en votos el poder de convocatoria de la CGT” dice un asesor político del proyecto de Moyano en referencia a que la capacidad de Ubaldini de reunir en las calles a miles y miles durante el gobierno de Alfonsín terminó con el 2 por ciento de votos en las elecciones del ’91. Los estrategas del jefe de los camioneros omiten decir que entre el poder de convocatoria de la CGT a mediados de los ’80 y esas elecciones, la influencia de los sindicatos sobre los trabajadores decayo a causa de dos duras derrotas en la lucha de clases. La burocracia sindical ubaldinista, que durante el gobierno radical fue clave en reorganizar al peronismo dividido a la salida de la dictadura, dejó pasar la crisis catastrófica de la hiperinflación del ’89 cuando miles y miles de pobres protagonizaban las rebeliones del hambre y la cúpula de la CGT depositaba esperanzas en el adelantamiento de la presidencia para Carlos Menem a quien había ayudado a encumbrar. Y más tarde Ubaldini decidió capitular sin lucha ante la oleada privatizadora y la exigencia de miles de huelguistas estatales, ferroviarios y telefónicos, de un paro general que el líder de la CGT llamó a dejar para un “momento oportuno”, mientras el grueso de la burocracia sindical se asoció a las privatizaciones ocupando niveles gerenciales o directamente empresarios.

Ahora Moyano sostiene que su corriente política sindical debe ser “un proyecto nacional que recoja la tradición nacional y popular”, al mismo tiempo que, contra el monopolio Clarín, apoya la entrada al negocio de los medios de los monopolios extranjeros de las telefónicas y al empresario “nacional y popular” Ernesto Eurnekian, dueño de Telefé. Uno de los mejores aliados de Moyano, el ministro Tomada, acaba de tomar partido por la patronal de Kraft Terrabusi, el monopolio yanqui de la alimentación, permitiendo que viole la conciliación obligatoria mediante lockout y represión a la lucha de los 2500 obreros y obreras de la planta de Pacheco sin que la CGT, haya realizado ninguna medida de acción concreta más que emitir declaraciones al inicio del conflicto. El proyecto “nacional y popular” está de rodillas ante el capital extranjero.

Independencia política de los sindicatos

La verdadera capacidad de movilización de los trabajadores está empezando a mostrarse, nuevamente, en las medidas de fuerza del cuerpo de delegados del Subte por el reconocimiento de su sindicato independiente y contra el acuerdo salarial pactado entre la mafia de la UTA y otro empresario amigo del peronismo “nacional y popular”, el privatizador Benito Roggio. Ante las crisis fiscales de las provinciales los estatales y docentes de Córdoba inician paros y movilizaciones contra el gobernador Schiaretti. En la industria la valiente resistencia de los trabajadores de la alimentación de Terrabusi se da incluso bajo las condiciones de dictadura patronal y amedrentamiento policial con los cientos de efectivos de la bonaerense provistos por el jefe del PJ de Moyano, el gobernador Scioli, a la multinacional.

Las organizaciones de lucha, antiburocráticas y combativas necesitamos cerrar filas para rodear de apoyo a todos estos conflictos y exigir en los sindicatos de la CGT y la CTA medidas de acción solidarias y un plan de lucha nacional en defensa del empleo y el salario. Hay que reunir fuerzas en una corriente político sindical como proponen los obreros de Zanon y el sindicato ceramista de Neuquén, que levante un programa para que la crisis la paguen los capitalistas, y reagrupar a la vanguardia clasista y antiburocrática que vaya ganando fuerza para disputar la dirección de los sindicatos a la burocracia de la CGT y la CTA. Al revés de lo que dice Moyano, y también las dirigencias de la CTA que llevan a las organizaciones de los trabajadores detrás de las variantes de la centroizquierda, se trata de mostrar un claro camino de independencia de clase ante la crisis del kirchnerismo y la pelea abierta entre bandos capitalistas. Nuestra propuesta es formar un movimiento político de dirigentes sindicales clasistas que luche por un partido de trabajadores.

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