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Claves N° 6

Un preacuerdo que favorece a la derecha

Según la agenda de este preacuerdo, tres mesas de diálogo comenzarán a discutir en Cochabamba los principales puntos en disputa.

18 de septiembre 2008

Según la agenda de este preacuerdo, tres mesas de diálogo comenzarán a discutir en Cochabamba los principales puntos en disputa. El texto dice:

IDH y regalías: “El Gobierno Nacional reconoce, conforme a las leyes vigentes, el derecho de los departamentos a percibir el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); debiendo garantizarse el pago de la renta Dignidad y su sostenibilidad con las distintas fuentes de financiamiento establecidas por ley”.

Autonomías Departamentales – Estatutos: “El Gobierno Nacional expresa su respeto al derecho a la autonomía departamental de Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz”.

Pacto institucional: “Designaciones congresales de los cargos vacantes, conforme a la CPE vigente y a la ley” (lo que obliga a consensos con PODEMOS) “Padrón Electoral, Programa de Carnetización y Registro Civil” (su revisión es un reclamo de la derecha)

El punto C dice: “El proceso de diálogo contará con el acompañamiento de facilitadores y testigos. Se acuerda invitar como tales a Unasur, Iglesia Católica, a la Unión Europea, OEA y a Naciones Unidas”, lo cual habilita el rol “facilitador” de la reaccionaria jerarquía católica y de la “comunidad internacional” defensora del orden semicolonial, incluyendo al imperialismo.

Además, se “inician las conversaciones sobre la nueva administración territorial de las instituciones, considerando la implementación constitucional de la autonomía departamental” (lo que abre las puertas para traspasar a las Prefecturas oficinas y atribuciones). Y el “Gobierno Nacional suspenderá la consideración de la convocatoria a referéndum constitucional en el Congreso Nacional, por el plazo de un mes, pudiendo ampliarse el mismo de acuerdo a los avances del Diálogo Nacional, debiendo suspenderse la campaña mediática gubernamental en torno al proyecto de la nueva CPE” (para buscar la “compatibilización” de los estatutos autonómicos exigidos por la reacción y la CPE).

Finalmente, aunque se establece “Esclarecer los hechos luctuosos ocurridos en el departamento de Pando, a través de organismos nacionales e internacionales imparciales y una comisión congresal” (es decir, con participación de la derecha y el imperialismo); se acuerda “No impulsar acciones judiciales que tengan connotación política contra dirigentes cívicos, sociales y autoridades de los departamentos movilizados que hayan actuado por las reivindicaciones departamentales y sociales que precedieron a este Acuerdo; como también paralizar la campaña mediática de desprestigio en contra de autoridades, actores cívicos y sociales”, con lo que los autonomistas se aseguran la impunidad después de su asonada reaccionaria.
En suma, el preacuerdo ofrece ya importantes concesiones a los autonomistas, y si ya el texto de la nueva CPE defendido por el MAS, enterraba la “agenda de Octubre” y los intereses obreros, campesinos y populares bajo la fraseología del “constitucionalismo social” en clave indigenista, de cualquier pacto en este nuevo diálogo sólo podrán salir mayores concesiones a la derecha.

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