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Editorial

Un nuevo capítulo de la crisis política

La crisis política nacional que abrió el 28J, atravesará en Agosto por una coyuntura en que los sectores capitalistas y sus partidos tratan de definir en el Congreso un nuevo equilibrio de fuerzas dentro del régimen. Al debate en el que la oposición intenta voltear el tarifazo recaudador del gobierno (para después terminar bregando por algún otro ajuste a favor de las privatizadas), le sigue, en especial, la puja por las “facultades delegadas” que incluye la de fijar el nivel de retenciones.

Manolo Romano y Ruth Werner

6 de agosto 2009

La crisis política nacional que abrió el 28J, atravesará en Agosto por una coyuntura en que los sectores capitalistas y sus partidos tratan de definir en el Congreso un nuevo equilibrio de fuerzas dentro del régimen. Al debate en el que la oposición intenta voltear el tarifazo recaudador del gobierno (para después terminar bregando por algún otro ajuste a favor de las privatizadas), le sigue, en especial, la puja por las “facultades delegadas” que incluye la de fijar el nivel de retenciones. Los llamados “superpoderes” tienen vencimiento “institucional” el 24 de agosto pero, en realidad, la relación de fuerzas interburguesas que los sostenía ya caducó en el proceso que va desde el lock out agrario del 2008 hasta la derrota oficial en las elecciones. El Congreso buscará dirimir la puja irresuelta entre los reclamos del bloque agrario y el centralismo kirchnerista para determinar los derechos de exportación.

A pesar que todos necesitan llegar al 2011 y pretenden imponerle al gobierno nuevas reglas de juego para una transición lo más ordenada posible al pos-kirchernismo, “la gobernabilidad” de Cristina Kirchner camina por una cuerda floja. Porque el debate cuestiona, en forma concentrada, la autoridad presidencial para la distribución de las rentas e impuestos que captura el Estado.

“Acordamos que no vamos a prorrogar las facultades delegadas, en esto hay un rechazo unánime. Y en el tema retenciones, lo único que falta definir es si le ponemos a la soja una alícuota del 25 o 30 por ciento”, declaró el jefe de bancada radical Oscar Aguad en relación a las negociaciones que lleva adelante con la Coalición Cívica, el PRO, el peronismo disidente y, sobre todo, con la Mesa de Enlace.

Ante la encerrona política y fiscal, el oficialismo intenta negociar con los gobernadores, con los que ya coparticipa el 30 % de las retenciones a la soja, y apela a las necesidades de la UCR (tiempo para imponer a Cobos en el 2011), una disminución de las atribuciones del Poder Ejecutivo en reasignar partidas por solo el 5% del presupuesto y hasta acceder a bajar unos puntos las retenciones. Frente a “la embestida de la derecha”, el oficialismo también intenta acercar el apoyo parlamentario de los bloques de la centroizquierda que responden a Solanas y Sabatella, pero la salida no es precisamente “por izquierda”. Con el telón de fondo de una fuga de capitales de 2000 millones de dólares al mes que horada las reservas, el Ministro Boudou da señales hacia el capital financiero internacional, con el reciente pago de los bonos del corralito de Cavallo y el proyecto de reabrir la negociación con el Club de París por los bonistas defaulteados, con lo que busca conseguir “el monitoreo del FMI” (previo maquillaje del INDEC) que le habilite nuevos créditos. Es decir, -chau definitivamente al lema K de “vivir con lo nuestro”-, se relanza un nuevo ciclo de endeudamiento externo.

El pretexto de este giro amistoso hacia el FMI es reforzar la “contención” de la gestión estatal ante la crisis capitalista internacional, básicamente manteniendo lo que llaman los “subsidios al trabajo”, como el sistema Repro mediante el cual el Estado cubre cerca de 90 mil salarios a las empresas para evitar más despidos de trabajadores en blanco (y permitiendo las cesantías entre los contratados y en negro con lo que las patronales recuperan “rentabilidad”), o los millones destinados a las patronales del transporte que justifican como alternativa a descargar aumentos de pasajes sobre su propia base popular. Mientras el gobierno viene apostando a hacer pagar la crisis a los trabajadores por la vía mediada de la negociación con los sindicatos en el Consejo Económico y Social (de destino incierto), Hugo Biolcatti de la Sociedad Rural responde que “la única contención ante la crisis internacional es el campo, el motor de la Argentina” que necesita ser liberado de la injerencia del “Estado depredador”. Una nueva versión de la teoría del derrame que la gran burguesía agraria muestra desde el costado demagógico de la agenda neoliberal: una “renta básica universal” para contener “la pobreza” que es complementaria a un plan que implica un salto en el desempleo y en la baja del salario. Pero su plan de máxima, confluyente con el de la cúpula empresaria de la AEA y la UIA comandada por Arcor y Techint, necesita para poder aplicarse del desgaste de las fuerzas de la clase trabajadora que, lejos de esto, cuenta con una nueva generación que entró al empleo en los últimos años de crecimiento y defiende las posiciones conquistadas.

Un nuevo movimiento obrero en desarrollo

Desde la derrota del gobierno en las elecciones que ha dejado en crisis a la dirección de los sindicatos de la CGT se está acelerando un nuevo proceso en el movimiento obrero. Con el mar de fondo de una situación económica que combina el inicio de la recesión con inflación, comienza a generalizarse una ebullición desde abajo que incluye la resistencia frente a los despidos, la continuación de los procesos de reorganización sindical antiburocráticos y un descontento salarial que recorre a todos los estratos de la clase obrera. Los ejemplos, como empezamos a reflejar en este número de La Verdad Obrera, están presentes en casi todas las ramas y actividades, y se da en todo el país. En los empleados estatales y municipales, tanto de Río Gallegos, Córdoba, Neuquén, Tierra del Fuego, o los docentes de Jujuy, por el salario, en el marco de crecientes déficits fiscales en las provincias. En los desocupados neuquinos que cortan la ruta por el aumento de los subsidios y en los de Río Negro que exigen puestos de trabajo frente al Yacimiento Petrolero El Corcovo. En la resistencia a los cierres y despidos tanto en Cive de Córdoba, Tersuave en San Luis, Fargo de Gran Buenos Aires o Paraná Metal de Villa Constitución, así como también en las empresas tercerizadas de servicios, en Edesur y Telecom. En la industria, con la vuelta de la UOM en proceso de paros y marchas en todo el país, que la entrega de la conducción ha suspendido pero de ninguna manera clausurado. En la extendida bronca contra la burocracia sindical que genera la persistente elección de nuevos delegados en los lugares de trabajo y agrupamientos del activismo combativo, ya no solamente en fábricas medianas sino en grandes concentraciones como en Siderca de Campana o en las automotrices de la zona norte del Gran Buenos Aires como la Ford y Volkswagen. En estos procesos se expresa una nueva voluntad de lucha, en especial de los jóvenes y las mujeres, y se adoptan variados métodos de acción directa. Pero esto no es más que lo que sale a la superficie de un estado de ánimo general que toma múltiples formas por lo que hemos llamado una crisis de representación política de la clase trabajadora, en especial en el Gran Buenos Aires a partir de la debilidad en que ha quedado el aparato del PJ Bonaerense y la fraccionada CGT. En definitiva, que ante la crisis de los de arriba se ha iniciado un movimiento desde abajo en la clase trabajadora.

Mientras los fraccionamientos en la clase dominante le impiden dar una solución rápida a la crisis política abierta con el fin de ciclo kirchnerista, con este despertar de un nuevo movimiento obrero se abre una perspectiva auspiciosa para que los sectores combativos, clasistas y de la izquierda revolucionaria impulsemos una corriente nacional de independencia política para conquistar nuevas posiciones, ganar peso y disputar la influencia en franjas de la clase trabajadora a la burocracia sindical y al peronismo.

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