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INTERNACIONAL

Indignación juvenil, resistencia de los trabajadores, descontento popular

Un mes de movilizaciones en Perú

Julio ha sido un mes de intensa agitación social, con varias jornadas de protestas y movilizaciones de empleados públicos, de la salud y universitarios contra medidas gubernamentales que implican serios ataques a estos sectores, así como el comienzo de demostraciones de “indignados” juveniles que denuncian la corrupción del gobierno y los políticos del régimen.

Eduardo Molina

1ro de agosto 2013

Un mes de movilizaciones en Perú

Julio ha sido un mes de intensa agitación social, con varias jornadas de protestas y movilizaciones de empleados públicos, de la salud y universitarios contra medidas gubernamentales que implican serios ataques a estos sectores, así como el comienzo de demostraciones de “indignados” juveniles que denuncian la corrupción del gobierno y los políticos del régimen. Perú podría estarse incorporando al fenómeno de irrupción del movimiento obrero y movilizaciones juveniles que viene avanzando en el Cono Sur, con acciones como las movilizaciones que sacudieron a Brasil y a Chile.

Ollanta en baja

Las protestas enfrentan a un gobierno que asumió hace dos años como un recambio “progresista” que prometía “transformar al Perú”. Ahora enfrenta un fuerte desgaste de su popularidad, embarcado en una ofensiva antiobrera, antipopular y proimperialista y entre escándalos políticos y de corrupción.

Perú viene de largos años de crecimiento motorizado por las exportaciones mineras a altos precios y las inversiones extranjeras atraídas por los recursos naturales. Pero los precios del cobre, la plata, el estaño y otros metales están disminuyendo en el mercado mundial, debido a la desaceleración de China y la debilidad de la recuperación norteamericana, es decir, ante las condiciones de la crisis capitalista internacional. Y con ello, la tasa de incremento del PBI peruano, que fue de 7,9% en 2010, bajó a 6.2% en 2012 y sería de algo más del 5% este año. Como Ollanta Humala reconoció en su discurso del 28 de julio: “Los precios y demanda externa empiezan a retroceder, señales de que el ciclo que favoreció nuestro crecimiento económico está llegando a su fin ...”

El “modelo” podría comenzara resentirse y mostrar sus fallas estructurales si se deprimen los ingresos y detienen las inversiones. Como respuesta a la pérdida de dinamismo de la economía, Ollanta viene endureciendo su política económica, lo que implica un encarecimiento del costo de vida, garantizar las condiciones para seguir atrayendo al capital extranjero (lo que signfica proteger a las megamineras del rechazo popular) y “ajustar” las estructuras estatales con varias contrarreformas. Entre ellas, la Ley de Reforma magisterial (impuesta a fines de al año pasado pese a la fuerte resistencia de los maestros y que vulnera la estabilidad laboral de los docentes); la Ley del Servicio Público (resistida por los trabajadores del Estado por significar despidos e impedir la negociación colectiva de salarios); la reforma de la Salud, contra la que luchan los médicos, enfermeras y laboratoristas del sistema hospitalario; y una Ley de universidades que perfora la autonomía universitaria, y contra la que se vinieron realizando grandes movilizaciones estudiantiles.

Contradicciones profundas

En las raices del amplio descontento popular está el contraste entre las grandes ganancias empresariales y el enriquecimiento de los sectores más acomodados, y la situación de millones de personas entre los trabajadores con bajos salarios, los precarizados, la masa de pobres urbanos, los campesinos y los pueblos indígenas. Según las estadísticas oficiales, el crecimiento económico y el refuerzo de los planes de asistencia social permitieron disminuir los índices de pobreza, pero no hay ninguna solución a las explosivas condiciones estructurales.

Al mismo, tiempo, emergen las lacras de un régimen político basado todavía en la constitución fujimorista de los años 90. En medio del descrédito hacia los políticos profesionales al servicio de la burguesía, los escándalos de corrupción salpican al gobierno, como la detención por narcotráfico de la ex diputada oficialista y asesora de ministros, Nancy Obregón, las denuncias de corrupción contra el ex presidente Toledo y su familia. El pacto en el Parlamento conocido como “la repartija” para acordar nombramientos en el Banco Central, Tribunal Constitucional y Defensoría del Pueblo, detonó una tormenta política y alentó el surgimiento de los “indignados”. La crisis parlamentaria resultante obligó a la anulación de las designaciones y deja un elevado costo político para el oficialismo.

Humala venció en el segundo turno de las elecciones de 2011, encabezando la coalición “Gana Perú”, formada en torno a su Partdo Nacionalista. Se presentó como alguien que nada tenía que ver con los desprestigiados políticos tradicionales, con un perfil nacionalista, anticorrupción y prometiendo una “gran transformación”. Lo apoyaron la mayoría de las fuerzas de la izquierda reformista y la burocracia sindical, avalando las dudosas credenciales “progresistas” de este ex militar que hizo carrera en los tiempos de la “guerra sucia” contra la guerrilla senderista.

Sin embargo, mantuvo los pilares del “modelo” neoliberal impuesto bajo Fujimori y preservado por Toledo (actualmente aliado del oficialismo) y el aprista Alan García (ahora en la oposición), y mantuvo el acuerdo del Tratado de Libre Comercio y las facilidades militares con EE.UU.

En el último tiempo, profundizó su viraje a la derecha, represivo y proimperialista, alinéandose con EE.UU. No sólo integrando a Perú en el “Acuerdo del Pacífico” junto a agentes de la política norteamericana como los regímenes de México, Costa Rica, Colombia y Chile, sino que el propio Ollanta viajó a Washington para discutir el acercamiento con Obama, y ahora establece con Colombia acuerdos de “seguridad” y “lucha contra el narcotráfico”.

Las movilizaciones de julio

Fue un mes de marchas, huelgas, bloqueos y choques con la represión en Lima y a nivel nacional. La Jornada Nacional de Lucha del día 4, convocada por la CGTP y otras organizaciones, llevó a las calles a miles de empleados públicos, estudiantes y otros sectores, pese a la represión policial que dejó un muerto y varios heridos en las cercanías de Lima, y decenas de detenidos.

Los estudiantes universitarios vienen de grandes movilizaciones y tomas de edificios universitarios, contra el intento de recortar la autonomía, si bien la oferta de “diálogo” para discutir el proyecto oficial fue aceptada por las direcciones estudiantiles. Los empleados públicos rechazan la “Ley del Servicio Público” que afectaría a medio millón de trabajado y vienen realizando importantes paros, tomas de edificios públicos en ciudades del interior y manifestaciones en Lima y a nivel nacional, como las jornadas del 27 de julio y, con menor intensidad, el 28. Unos 20.000 médicos, enfermeras y laboratoristas del sistema de salud están en huelga desde hace tres semanas contra la propuesta reforma del sistema hospitalario y por mejoras salariales. En el período reciente se dieron también varios conflictos obreros en minas como Uchucchacua/ Buenaventura, Milpo o Casapalca, en algunas industrias y en servicios.

Estas luchas se dan en el marco de un proceso casi constante de protestas populares contra la depredación minera, en defensa del agua y de la tierra, por demandas regionales, y otras. Según la Defensoría del Pueblo, en el mes de julio hubo 229 conflictos, más de la mitad por causas “socioambientales”. Muchos de estos en Cajamarca, Ayacucho, Ancash y los departamentos del Sur, donde crece la resistencia contra los megaproyectos mineros que afectan a numerosos pueblos y comunidades indígenas.

Los días 17 y 22 se iniciaron manifestaciones de “indignados”, que el 27 se sumaron a las movilizaciones de empleados públicos convocadas por los sindicatos.

Así, a las movilizaciones recientes en que han convergido en las calles los empleados públicos y los estudiantes universitarios, se suma lo que la prensa llama “el amanecer de los indignados” (La República, 31/07): los comienzos de un movimiento inspirado en las protestas juveniles a nivel internacional, como los “indignados” españoles, el “#Soy132” en México o la multitudinaria salida a las calles en Brasil, que incorpora a sectores de la juventud de clase media, denunciando la corrupción y la “repartija” de puestos en las alturas estatales. Esto logró gran visibilidad mediática, pues mostraba que el malestar con “la política” se extiende a sectores medios. Así, los días, 17, 22 y 27 a través de “# tomalacalle” y otros canales de las redes sociales circularon convocatorias que reunieron a algunos miles de jóvenes, entre cuyos referentes están dirigentes estudiantiles de universidades como la Católica (PUCP), periodistas, artistas y miembros de ONGs (como la Coordinadora por los DD.HH). En este espacio también tratan de influir corrientes de izquierda y de la oposición burguesa, como el APRA. Se trata de un fenómeno heterogéneo ideológica y políticamente, que está en sus comienzos y aún no es masivo, pero podría desarrollarse en la caldeada situación peruana. Entre tanto, tiende a diferenciarse en relación a sus perspectivas. Al parecer, un sector considera cumplidos sus objetivos con la anulación de la “repartija” y plantea que a partir de ahora se trata de “fiscalizar” lo que haga el gobierno y el Parlamento, lo que implicaría no impulsar la movilización callejera. Otro sector propone continuar participando de las movilizaciones junto a los sindicatos y la CGTP, lo que podría alentar mayor participación juvenil y el desarrollo de sus tendencias más progresivas.

La política de las direcciones y las tareas de la movilización

En este contexto, se acentúa la debilidad política del gobierno, que en su profundo giro reaccionario rompió con la CGTP y las corrientes reformistas que lo apoyaban, sin lograr mayor consenso con la derecha. El gobierno advirtió el peligro en el “frente social”. El propio Ollanta reconoció “errores” y la necesidad de “rectificaciones” pero esto encubre el inetnto de avanzar en sus planes, aunque deba maniobrar y hacer algunas concesiones en sus iniciativas más irritantes. Por ejemplo, se anuló la “repartija” de cargos, parlamentarios oficialistas plantean un “diálogo” con los estudiantes y que la reforma universitaria no se resolvería durante este año. Pero Ollanta no renuncia sus ataques y se muestra duro con los empleados públicos y trabajadores de la salud. Esta en curso una gran prueba de fuerza a nivel nacional, que abre la posibilidad de que la resistencia obrera y popular dé un salto y pueda derrotar al gobierno y sus planes al servicio de la burguesía y las transnacionales.

Está planteado avanzar en la convergencia en las calles de los trabajadores, los estudiantes y la juventud “indignada”, lo que apoyándose en el amplio descontento social y el reguero de protestas campesinas, indígenas y populares podría desarrollarse hacia una gran movilización nacional. Este es el único camino para imponer las demandas de las masas.

Pero las direcciones más importantes siguen buscando la negociación con el gobierno. La cúpula de la CGTP, junto al Frente Amplio -nucleamiento del PCP, PS, MAS, TyD, CxC y otros grupos reformistas-, apoyaron hasta no hace mucho a Ollanta y si bien se vieron obligados a alejarse de él, no dejan de apostar a que Ollanta “escuche”. Por eso no tienen una política de unificación y desarrollo de la movilización, que sólo conciben como un elemento de presión para obligar al gobierno a dialogar y hacer concesiones. Al mismo tiempo, levantan un programa centroizquierdista de “alternativas de políticas que afirmen desarrollo sin exclusión, que respondan realmente a las necesidades de la coyuntura nacional e internacional, afirmando los derechos humanos y de los trabajadores, el cuidado del ambiente y el patrimonio cultural” (Pronunciamineto del 29/07, ante el discurso presidencial) y se acomodan al estado de ánimo de la clase media, en lugar de impulsar consecuentemente las demandas obreras, campesinas y populares, por el salario, el empleo, la tierra y el territoprio, por las demandas democráticas y contra el régimen, la nacionalización de la minería y el petróleo y la ruptura de los acuerdos con el imperialismo.

Mario Huamán, principal dirigente de la CGTP, declaró que en agosto se discutirá la preparación de un Paro Nacional, pero sin adelantar fecha, aunque podría fijarse para el 30. La dirección quiere mantener las manos libres para tomar decisiones, pero arriesga “enfriar” el clima de movilización, al no darle una perspectiva clara a la lucha. El clima social que se vivió en julio abona la posibilidad -y necesidad- de una movilización nacional unificada, pero no basta con acciones aisladas. Se requeriría un plan de lucha discutido ampliamente en las bases, que arranque de la coordinación de los sectores movilizados y levante un programa obrero y popular no subordinado a la negociación con Ollanta ni a eventuales acuerdos con otros políticos patronales. Al calor de estas luchas, se abre el camino para que el movimiento obrero y de masas peruano recomponga y unifique sus fuerzas, apuntando a derrotar a Ollanta y sus planes al servicio de la gran burguesía y las transnacionales.

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