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NACIONAL

Un juicio parido por la movilización popular

La hipocresía del gobierno nacional no tiene límites. Ahora resulta que el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra se hizo efectivo porque “Néstor se puso en marcha”. ¡Increíble!

Miguel Raider

9 de agosto 2012

La hipocresía del gobierno nacional no tiene límites. Ahora resulta que el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra se hizo efectivo porque “Néstor se puso en marcha”. ¡Increíble! A pesar de todas las jugarretas desarrolladas por los abogados de la patota y los policías, orientadas a la nulidad del juicio, el día de la audiencia llegó por la movilización popular y el repudio masivo que desencadenó este crimen político.

El nuevo relato K desborda cinismo. En noviembre de 2009, tras la inauguración de un sanatorio de la UF, Cristina arengó efusivamente secundada por Pedraza: “mostremos a todos este modelo de organización sindical que cree que lo más importante no es destruir sino conseguir cosas y mejoras para los trabajadores”. Esa relación permanece vigente, por eso Pedraza y la UF adhirieron a la CGT Balcarce junto a lo más granado del sindicalismo empresario menemista. Con justa razón, la abogada querellante del PO Claudia Ferrero exigió al tribunal que respondiera si el barrabrava Cristian “Harry” Favale, uno de los tiradores de la patota, fue beneficiado con las salidas del Vatayón Militante, como informó Clarín.

La connivencia entre el gobierno y la burocracia de la UF quedó claramente demostrada en las escuchas telefónicas de Carlos Tomada. Tres meses después del crimen de Barracas, el Ministro de Trabajo sugirió a Pedraza neutralizar el movimiento de los trabajadores tercerizados que luchaban por el pase a planta permanente, para lo cual había que “empezar a trabajarlos políticamente”... “porque tenemos controlado el tema de los contratados de Ferrovías y no queremos que nadie lo arrastre”.

El asesinato de Mariano obedece a la defensa de las tercerizaciones que ejercen el gobierno y la burocracia sindical. Por eso la abogada querellante de la CORREPI María del Carmen Verdú señaló en varias ocasiones que el plan criminal se proponía “aleccionar a los tercerizados” para sentar un precedente.

A cambio de la colaboración, el gobierno protegía los negocios de Pedraza y la UF como empresarios de las tercerizadas que embolsaban los subsidios del Estado, sin contar su participación accionaria en el ferrocarril Belgrano Cargas y su rol en la dirección de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias y la Operadora Ferroviaria, dos empresas estatales que constituyen una fuente de negociados con la concesión de obras y licitaciones.

La UGOFE y la Secretaría de Transporte impunes

Gracias al gobierno quedaron exentas de responsabilidad la Secretaría de Transporte y la UGOFE, la concesionaria que distribuía los subsidios del Estado a las empresas tercerizadas que manejaba la UF.

A sabiendas de que la UF se proponía escarmentar a los trabajadores tercerizados, Juan Pablo Schiavi, Secretario de Transporte en ese entonces, le avisó a Pedraza y al “Gallego” Fernández el mismo día del hecho que “mis muchachos no se van a meter”.

La oficina de Recursos Humanos de la UGOFE habilitó el parte de salida de 120 trabajadores ferroviarios de la lista Verde con el objetivo de engrosar la patota contra los tercerizados. En los allanamientos realizados a las oficinas de la UGOFE fueron secuestradas varias cajas de municiones, algunas de punta hueca estrictamente prohibidas, más algunas tonfas. Son los mismos empresarios que hoy sancionan y persiguen a Flavio Bustillo del PTS y a Jorge Hospital del PO por denunciar las condiciones deplorables de los trenes.

Párrafo aparte merece la intensión fallida en desvincular la responsabilidad de la Policía Federal como cómplice necesario del asesinato, bajo las artimañas de Aníbal Fernández. En esa sintonía, la jueza Wilma López y la fiscal Graciela Camaño desdoblaron la causa adjudicando a la policía la acusación de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, una causa con penas menores a los tres años, y por lo tanto excarcelable. El Ministerio de Seguridad hasta llegó a solventar con dinero del Estado los honorarios de los abogados de los siete policías imputados. La fiscal Camaño fue premiada y promovida como Secretaria de Seguridad. Pero la maniobra no llegó a su puerto, pues era tan evidente el papel de la policía, tal como demostraron los videos proyectados en la audiencia del día martes 7, que su proceso fue unificado a la causa, como exigían correctamente las querellas.

Es necesario mantener la movilización y redoblar los pasos para castigar a todos los responsables materiales e intelectuales de este crimen político contra la clase trabajadora. Esta pelea ineludible tiene que ser un punto de apoyo para luchar por sindicatos sin burócratas, unificando las filas de toda la clase trabajadora, y por un partido de trabajadores sin patrones para vencer a los capitalistas.

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