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El fiscal Nisman y la Causa AMIA

Un dictamen a la medida de Bush y el Estado de Israel

2 de noviembre 2006

¿Qué opinás del dictamen de los fiscales Nisman y Martinez Burgos, acusando a Irán como responsable del atentado a la AMIA? 
Nosotros pensamos que este dictamen es una nueva estafa del gobierno al reclamo de una investigación seria y al castigo de los culpables. Vale la pena recordar que Nisman intervino en acciones muy similares cuando trabajaba para el ex juez Galeano, a principios del año 2003. En esa oportunidad, formularon un pedido de captura de funcionarios iraníes que terminó en fracaso porque no pudieron probar esa acusación. Ahora hace este nuevo pedido siguiendo las instrucciones de INTERPOL. Así lo reconoce el propio Nisman. El dictamen puede tener forma jurídica pero es un dictamen netamente político. Nisman viene a satisfacer las exigencias que hace meses le hacen al gobierno Kirchner el Departamento de Estado de los EE.UU., la Embajada de Israel y las organizaciones judeo-americanas con las que estuvo reunido Kirchner en Buenos Aires y en Washington. 
Esta acusación política sobre el régimen iraní es la respuesta a esas exigencias, que nada tienen que ver con el esclarecimiento de la masacre de nuestros familiares en la AMIA. Pero sí tienen que ver con una campaña política para colocar la causa AMIA al servicio de la guerra en Medio Oriente contra Irán y Hezbollah. Es el resultado de las políticas de Kirchner para transformar a la Argentina como país de referencia en América Latina en el contexto de la lucha contra el terrorismo internacional. Es un alineamiento con las políticas de Bush. Sirve para seguir consumando el cierre de la causa, porque este gobierno liberó -después de un juicio fraudulento- a los principales imputados por la acción criminal y no persigue a ninguno, ni siquiera a los que cometieron “irregularidades” en la instrucción. No lo metieron preso a Galeano y el Consejo de la Magistratura acaba de perdonarle la vida a Bonadío, otro de los jueces encubridores. Kirchner defiende la “patota judicial” y hace los deberes con EE.UU., consagrando la impunidad. Lo gravísimo de Nisman es que su dictamen se basa en información secreta suministrada por los servicios de inteligencia extranjeros. 
 
¿Hay relación entre el dictamen de Nisman y la actuación de Galeano?
Por supuesto. Nisman utiliza sus mismos métodos y los profundiza. Pretendió diferenciarse del ex juez, pero a diferencia de lo actuado por Galeano, el dictamen de Nisman es una acusación política de mayor profundidad. Nisman dio a publicidad su dictamen cuando el gobierno le dio vía libre porque ya tenía todo arreglado desde hacía meses con sus interlocutores en EE.UU. e Israel. A diferencia de Galeano, a él lo apoyan todos los otros querellantes “olvidando” que -con métodos como estos- el Tribunal Oral ya declaró nulas buena parte de las acusaciones que el propio fiscal instruyó y que pusieron en libertad a todos los imputados de ser la “conexión local”. Entonces volvemos a los reclamos que desde APEMIA venimos haciendo. El gobierno oculta los archivos que siguen siendo secretos. Y no sólo hay archivos secretos en Argentina. Hay archivos secretos vinculados a la causa AMIA en Israel y en EE.UU. Con su dictamen, el gobierno de Kirchner se prepara para hacer posible aquello que ni Bush puede hacer en EE.UU., que es acusar sin mostrar pruebas. Y una de las cosas más graves es la modificación de la ley de inteligencia nacional. Este es uno de los puntales reclamados por Memoria Activa y el CELS ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Nosotros nos tomamos el trabajo de comparar el texto de la ley vigente con la propuesta que Memoria Activa y el CELS acordaron con el Ministerio de Justicia y llevaron ante la CIDH. Esta última es aún más grave que la del legislador justicialista Pichetto. Con esta nueva reforma que acordaron Memoria Activa/CELS y el Ministro de Justicia, ni los jueces van a tener acceso a la información secreta de los servicios de inteligencia, o a las “pruebas” para fundamentar una acusación. Estará vedado el acceso a la información secreta. Ni en la actual ley vigente existe eso. 
Para sintetizar, el dictamen de Nisman se propone satisfacer las exigencias de la Embajada de Israel, el lobby judeo-americano y el departamento de estado de los EE.UU., encolumnar a la Argentina detrás de las políticas de guerra con la excusa de la lucha antiterrorista en el mundo, y al mismo tiempo validar una metodología que es ilegal en cualquier parte del mundo como acusar con base en información secreta de servicios de inteligencia. 
A modo de anécdota, aunque es un hecho gravísimo, Nisman salió a decir que él tiene evidencia -que por supuesto no muestra- que los ex funcionarios acusados se reunieron en la ciudad iraní de Mashad el 14 de agosto de 1993, y que resolvieron poner la bomba en la AMIA. Lo que él oculta es que los mismos servicios de informaciones ya habían reconocido que el Estado argentino, Israel y Brasil sabían seis meses antes de esta fecha (desde febrero de 1993) que se iba a poner una bomba en Buenos Aires. También oculta información que es pública: hace un par de años atrás, allá por el 2004, un ex director del FBI, declaró en Brasil que el atentado a la AMIA se preparó en Brasil.

¿Qué pensás de las posiciones vertidas por las autoridades de 
la DAIA y la AMIA?
La dirección de la comunidad judía, agrupaciones como Memoria Activa, el gobierno de Israel y el gobierno de EE.UU. salieron a felicitar a Nisman y al Estado argentino. Nosotros repudiamos esta felicitación. Este comportamiento de la dirección de la comunidad judía, así como la de otras agrupaciones de familiares, vienen a cerrar la performance que han sostenido durante todo este tiempo, apoyando ilimitadamente al gobierno de Kirchner y validando todas sus medidas. Yo evaluó que han renunciado a la lucha por el esclarecimiento de la masacre y el castigo a los culpables. Nosotros consideramos que esto no es ningún avance hacia el esclarecimiento, sino un avance hacia el cierre definitivo. Esta es una causa donde no hay ningún preso, ningún condenado, ningún sospechado. Ni siquiera los responsables del encubrimiento, que es un delito menor comparado con la gravedad del crimen que se cometió hace 12 años. Todas estas organizaciones vienen acompañando al Estado argentino en el esfuerzo de Kirchner de poner esta causa en el camino de la prescripción. Ya pasaron 12 años, días antes o días después nos vamos a encontrar con que el gobierno va decir que no tiene obligación de perseguir a nadie porque la causa prescribió. Lo que el Estado argentino busca es ser exculpado él mismo de su responsabilidad criminal. Es el Estado argentino el responsable de la masacre en la AMIA, pero no sólo en el encubrimiento, sino en la criminalidad misma. Es el Estado argentino el que sabía que la bomba se venía, el que puso sus fuerzas de seguridad para perpetrarlo y el que lo encubrió durante 12 años. No lo hizo solo. Tuvo socios, al menos en el encubrimiento: EE.UU., Brasil, Israel, Gran Bretaña, Alemania.
Nosotros hacemos una acusación formal contra los Estados, en particular contra el Estado argentino que es el responsable criminal y encubridor del ataque, y cuenta con el apoyo de las organizaciones locales que lo sostienen como la DAIA, AMIA, Memoria Activa, etc. 
 
¿Qué salida promueven desde APEMIA para avanzar en el esclarecimiento del atentado?
Esclarecer el crimen de la AMIA debería ser una causa nacional. La lucha por el esclarecimiento tiene que ser una prioridad dentro del contexto de las luchas sociales y políticas en la Argentina. Si nos imponen una legislación antiterrorista en nombre de la causa AMIA, validando los métodos ilegales de la SIDE y de las fuerzas de seguridad, de nuevo los argentinos vamos a estar en problemas. Y lo más grave de todo es que así no va a haber juicio ni castigo para los culpables. Al gobierno nacional y a sus sostenes no les interesa el esclarecimiento del atentado. Lo que hace Nisman es una demostración de que no tienen el menor interés en esclarecer nada. El Estado ya demostró que nos conduce hacia la impunidad absoluta. Para nosotros, a grandes problemas como los que aparentemente se plantean en torno al caso AMIA, pensamos que hay soluciones muy sencillas: exigir que abran los archivos y que los analice una comisión investigadora independiente del Estado. 
Todas las maniobras que el Estado argentino y sus socios internacionales han venido consumando desde Menem para acá es suficiente evidencia como para demostrar el papel del Estado argentino en esta masacre. La salida para avanzar en el esclarecimiento del atentado es la inmediata apertura de los archivos y la renuncia de Nisman. Me parece que tenemos una buena oportunidad para volver a intervenir con estos reclamos. Este es un momento muy delicado porque las maniobras del gobierno con el dictamen de Nisman no son sólo para satisfacer las presiones de EE.UU. e Israel, sino también para elaborar legislación para utilizarla más adelante en contra del pueblo argentino. 
 
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Claves
 
1994
Se produce el atentado a la AMIA con un saldo de 85 muertos. El juez Juan José Galeano y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia son designados a cargo de la causa judicial. 
 
1995
Comienza el armado del encubrimiento bajo la dirección del juez Galeano, el ministro del Interior Carlos Corach, la SIDE, el dirigente de la DAIA Rubén Beraja, la Embajada del Estado de Israel y el Departamento de Estado de los EE.UU. Carlos Telleldín es detenido, acusado de proveer la camioneta que explotó en la mutual judía. 
 
1996
Galeano le paga a Telleldín U$400.000, provistos por la SIDE, a cambio de una acusación falsa contra integrantes de la policía bonaerense que quedan detenidos. 
 
1997
Se proyectan por televisión las escenas de un video que registra el ofrecimiento de la coima a Telleldín. Pese al escándalo, Galeano es respaldado por el Estado y sigue en funciones. El fiscal Alberto Nisman se suma al equipo de colaboradores de Galeano.

 
1998
Itzhak Aviran, embajador del Estado de Israel, agradece al gobierno de Menem los esfuerzos hechos para dar con los responsables del atentado. 
 
2000
Las irregularidades de Galeano son denunciadas ante el juez Claudio Bonadío, estrecho colaborador de Corach. Después de 5 años de inacción, Bonadío fue denunciado por mal desempeño. Recientemente fue sobreseído por el Consejo de la Magistratura. 
 
2002
Galeano pone en escena la “pista siria” y ordena la captura de 12 funcionarios iraníes. INTERPOL desestima el pedido por falta de fundamentación. 
 
2003
Galeano es apartado de la causa y queda a cargo del juez Canicoba Corral. Se crea la nueva Unidad Fiscal bajo responsabilidad del fiscal Nisman. 
 
2004
Se anula la causa iniciada contra los policías bonaerenses.
 
2006
Nisman reedita la pista siria de Galeano sin pruebas que aporten nuevas evidencias y acusa a Irán como responsable del atentado.

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