Recientemente se hizo pública la Carta Abierta Córdoba. La misma está firmada por una serie de importantes intelectuales de la provincia, junto a comunicadores sociales, periodistas y personalidades de la cultura, docentes y estudiantes universitarios, entre otros.

Allí se esgrime una posición de apoyo a las medidas progresivas del gobierno nacional y una crítica al recorte de las jubilaciones estatales por parte del gobierno provincial, en el marco de una reivindicación más general de “los años kirchneristas”.

Una importante discusión se ha desatado en el seno de la intelectualidad en estos meses. Quienes intervenimos políticamente en la Universidad y en el ámbito de la cultura y el arte en general, consideramos central el debate de ideas, y por lo tanto queremos abrir una discusión con este espacio.

Kirchner y Schiaretti: Dios los cría, Carta abierta los separa…y ellos se juntan

Desde la publicación de la Carta Abierta Córdoba el escenario político sufrió modificaciones. El gobierno “progresista” de los Kirchner, reivindicado por los firmantes de la Carta, retomó la relación con el gobierno “sojero” de Schiaretti. Sergio Massa, actual Jefe de gabinete, no tuvo mayores inconvenientes en aparecer abrazado al represor de los estatales cordobeses, en todos los medios de comunicación. A pesar del acuerdo con el gobierno nacional, Schiaretti ha mantenido el recorte a los jubilados y la reforma previsional. Desde el gobierno nacional, sobre esto no se han escuchado críticas. Por el contrario, la crítica fue por hacer una reforma moderada. Mientras el gobierno provincial calculará las futuras jubilaciones en base a un promedio de los últimos 4 años de aportes, desde la Nación se le recrimina no “normalizar” la Caja, eufemismo que se utiliza para decir que deberían recortarse más aún los haberes de los jubilados, calculando de acuerdo al promedio de los últimos 10 años, como es a nivel nacional, por “obra y gracia” de Cavallo y Menem.

Lejos de representar dos modelos distintos, el gobierno de Schiaretti y el gobierno de los Kirchner, expresaron el apoyo a proyectos políticos patronales que compartieron ganancias millonarias durante el último lustro y que ahora, frente a la crisis internacional, empiezan a dividirse. Sin embargo, en cuestiones esenciales parecen no diferir: ambos entregan millones de dólares en subsidios a las grandes multinacionales. No en vano, el mismísimo Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza (AGD) fue candidato del kirchnerismo en las elecciones del 2007, en las boletas de Schiaretti. Frente a los reclamos obreros han acudido a la represión de manera inmediata. A Schiaretti no la ha temblado el pulso contra los estatales. El gobierno nacional no ha escatimado recursos contra los trabajadores de Casino y los de Mafissa, entre otros. Y no es casual que en las elecciones de hace un año, Schiaretti haya sido elegido por los Kirchner como “su” candidato, continuador del delasotismo en la provincia. Tampoco es casual que el gobierno nacional descalificara todas las denuncias de fraude después del 2 de septiembre del 2007, mientras hubo movilizaciones multitudinarias contra el fraude . Ellos ungieron gobernador a Schiaretti respaldándolo durante aquella crisis política.

El actual acercamiento, más allá de que no son descartables futuros roces o choques, muestra que, en lo esencial, ambos gerencian para los grandes grupos capitalistas como la VW, IVECO, Fiat, Cargill, Bunge o la misma AGD. Con retóricas y “culturas políticas” por momentos distintas, que tienen que ver también con los diferentes contextos políticos, económicos y sociales; pero esencialmente unidos a grandes intereses económicos: a la oligarquía sojera y las multinacionales unos, a la gran industria y la nueva burguesía “K”, otros. Sin negar por esto que todos hicieron buenos negocios durante estos años.

No son sólo ellos los representantes de los intereses de los grandes monopolios y los productores rurales. Valga el ejemplo de Luís Juez que se presenta como abanderado de la nueva política, pero ha llevado en sus listas a gerentes de las grandes automotrices como es el caso de Eduardo Bischoff. No ha dejado tampoco de levantar claramente el apoyo a la protesta de las grandes patronales del campo como ocurrió en estos meses. Algunos de los firmantes de la Carta Abierta fueron parte del proyecto juecista y hoy se parecen llamarse a silencio ante estos hechos.

El mito del “país más justo”

Quiénes firman la Carta Abierta parten de una afirmación: “En los últimos tiempos, el camino de construcción social hacia un país más justo, ha sido minado de grandes obstáculos. A partir del conflicto llamado "del campo", observamos con preocupación y rechazo el avance sistemático de los sectores más conservadores del país, que de manera histórica se han opuesto a los intereses populares”.

Es claro que las grandes patronales del campo sólo pretendían (y pretenden) obtener la mayor tajada posible de la enorme renta agraria extraordinaria que trae aparejada el alto precio internacional de la soja y otros productos. Renta agraria que tiene su origen en la alta productividad del suelo argentino y en la superexplotación de los peones rurales, garantizada por leyes esclavistas como la Ley 22.248, fijada durante la última dictadura militar y mantenida durante los años de Kirchner. Es claro también que esta protesta rechaza toda injerencia del estado en los mecanismos de acumulación económica. Que la misma estuvo encabezada por sectores como la SRA que impulsaron todos los golpes militares durante el pasado siglo. Que dicha protesta permitió resurgir a fracciones de la oposición política conservadora y reaccionaria, expresada en figuras como Duhalde, De la Sota o Carrió.

Pero estos hechos son precisamente los que confirman que en estos años, no se forjó un camino hacia un “país más justo”. Por el contrario, lo que vimos fue una enorme concentración de riqueza en manos de los grandes grupos capitalistas de la ciudad y el campo, gracias a la política de dólar alto impulsada por el gobierno nacional y a la fenomenal caída de los salarios que trajo aparejada la devaluación. Las patronales del campo gozaron además de los “ventajas” permitidas por el gobierno K: trabajo semi-esclavo y en negro, salarios un 70% menores a lo que cobran los trabajadores urbanos y un largo etcétera.

En estos años los grandes grupos económicos multiplicaron sus ganancias de manera exponencial. Los sectores ligados al campo, las multiplicaron casi 10 veces en relación a los ‘90. Las principales 500 empresas del país duplicaron las suyas entre el 2006 y el 2007. Las automotrices tuvieron en el 2007 el “mejor año de su historia”.

En el mismo lapso de tiempo, los trabajadores apenas alcanzaron el poder adquisitivo que tenían en el 2001, que hoy está siendo nuevamente erosionado por la inflación. La pobreza descendió hasta quedar estancada en índices cercanos al 30%, es decir que casi 1 de cada 3 argentinos es hoy pobre. Los presupuestos para salud y educación se mantuvieron en los mismos niveles, mientras se multiplicaron los subsidios a las grandes empresas y se mantuvo el pago de la deuda externa.

Este es el país que se forjó durante el kirchnerismo, donde la brecha entre los sectores más ricos y los más pobres tendió a ampliarse. Los secretos del crecimiento económico son la devaluación y la precarización laboral, en el marco de una coyuntura internacional favorable, que comienza a cambiar. Incluso hoy la misma UIA, hasta el momento aliada del gobierno, empieza a propugnar modificaciones al modelo tales como una nueva devaluación que les permita recuperar competitividad, demostrando que los empresarios son “nacionales y populares” mientras no se afecte su bolsillo.

Esta es la verdadera "igualdad de oportunidades" garantizada por el gobierno de los Kirchner. Oportunidades para todos los capitalistas. Igualdad para explotar ampliamente a los trabajadores del campo y la ciudad.

Quienes firman la Carta Abierta deberían señalar datos concretos que permitan hablar de "un país más justo". Pero hasta el momento no han invocado ninguno. De este modo se convierte en una abstracción su "apoyo a todas las medidas gubernamentales que contemplen, de manera efectiva, una mejor redistribución de la riqueza que tienda a eliminar la exclusión social y habilite la igualdad de oportunidades para todos". ¿Se refieren a los tímidos aumentos salariales otorgados mediante el Consejo del Salario? Creeríamos que no, ya que estos afectan a menos del 30% de los trabajadores en la Argentina y no alcanzan, todavía, al 50% de la Canasta Familiar. ¿Se refieren al proyecto de jubilación móvil que estaría vigente recién en marzo del 2009 y que partiría del piso que hoy cobran los jubilados, dejando atrás la pérdida de poder adquisitivo de estos años?

En estos 5 años de gobierno kirchnerista no es posible encontrar ninguna medida mínimamente seria que afecte los intereses y la propiedad de las grandes multinacionales, a pesar de los discursos contra la oligarquía. Se han mantenido y renovado los contratos mineros en diversas provincias, hipotecando por décadas este recurso. La creación de ENARSA equivale a crear una empresa casi fantasma que no cuenta con recursos propios importantes y que no cuestiona en nada el control de las multinacionales sobre los recursos energéticos.

La “nacionalización” de parte de las acciones de YPF fue un importante negocio para uno de los empresarios amigos de los Kirchner. El actual proceso de Aerolíneas Argentinas muestra el verdadero rostro “nacional” de un gobierno que no dudó en firmar un acta con el grupo Marsans para hacerse cargo de la deuda de casi 900 millones de dólares que esta empresa deja.

Lejos del país “más justo”, el gobierno de los Kirchner le allanó el camino a lo que hoy llaman “la nueva derecha” de los grandes empresarios y las patronales del campo, que hoy, además quieren terminar de imponer un gobierno culturalmente propio.

Las mismas clases dominantes que utilizaron al kirchnerismo para garantizarse ganancias extraordinarias en un país estabilizado luego de la crisis del 2001, hoy buscan un nuevo personal político, más acorde a sus necesidades, que deje de lado las referencias a los Derechos Humanos, que restablezca claramente las relaciones con el capital internacional, negociando la deuda con el Club de París, que permita el libre juego del mercado liberando las tarifas de los servicios. De ahí el resurgimiento en la escena nacional de Duhalde y otras figuras del viejo peronismo.

Esta es una tendencia que recorre América Latina. Lo vemos también en Bolivia y en Venezuela. Allí la derecha política y la oligarquía cuestionan directamente a estos gobiernos. Pero la respuesta de Evo Morales y Chávez ha sido negociar con estos sectores estableciéndoles límites, pero negándose a liquidar su poder, mediante una expropiación definitiva de los bastiones centrales de la economía, entre otras medidas. La resultante ha sido un fortalecimiento de estos sectores.

En Argentina así como en América Latina es imposible terminar verdaderamente con el hambre, con la pobreza (que afecta a más de 50 millones de personas en la región) o con la desocupación, sin afectar claramente los intereses de esos grandes grupos económicos nacionales e internacionales. Sólo así será posible garantizar aumentos generalizados de salarios, acordes a la Canasta Familiar; aumentos significativos de los presupuestos para salud y educación que garanticen liquidar las pésimas condiciones de salubridad de millones; un desarrollo de la infraestructura urbana que garantice vivienda y servicios esenciales a toda la población, entre otras medidas básicas.

Pero estas medidas implicarían un enfrentamiento abierto a estos sectores. Implicarían además la movilización activa en defensa de dichas medidas por parte de los trabajadores y el pueblo. No es esta la perspectiva del kirchnerismo en la Argentina ni lo ha sido desde sus inicios. Tampoco es la de los gobiernos de Venezuela y Bolivia.

Una perspectiva así sólo puede venir de manos de la clase trabajadora, el campesinado pobre, los estudiantes combativos y el conjunto de los sectores oprimidos de la sociedad. Quiénes reclaman un papel como intelectuales, deben unir sus objetivos a ellos y trabajar por una salida de ese tipo.

Un país ¿con “más democracia”?

Los integrante de Carta Abierta Córdoba también llaman a exigir una “defensa de un país con mayor democracia, mayor participación”.

Pero, a pesar de sus pedidos, el kirchnerismo ha vuelto al seno del “viejo” PJ. Para ello recurrió al arsenal de la “vieja política” sin ruborizarse. Ex cavalistas, menemistas y duhaldistas son hoy parte de su tropa. Los intendentes del conurbano bonaerense, famosos por sus posturas “progre” fueron parte de quienes movilizaron durante la reciente crisis con el campo. El gobierno ha establecido una alianza con la vieja burocracia sindical peronista de Moyano y los llamados “gordos” que hoy integran una misma CGT oficialista.

Resulta por lo menos paradójico (por no decir un tanto cómico) exigir “ampliar la democracia” a quiénes han sido parte de los cercenamientos de los derechos democráticos de las mayorías trabajadores y populares.

El kirchnerismo impulsó la Ley Antiterrorista, que permite atacar a las organizaciones sociales y políticas de cualquier índole. En estos años, se procesó a más de 5000 luchadores obreros y populares. Los avances en la política de Derechos Humanos de este gobierno (que los firmantes de la Carta reivindican) no pasan de ser acciones simbólicas.

Compartimos la enorme alegría de ver en una cárcel común al asesino Menéndez, pero esto no nos impide señalar que, a pesar de esta condena, aún miles de genocidas se hallan impunes. Hoy se juzga en Argentina a unos pocos represores, ya viejos e inútiles, mientras más de 9000 policías están en actividad desde la dictadura en las filas de la Bonaerense. Además, cientos de jueces ejercen sus funciones desde aquel negro período.

Para “desterrar la impunidad” es preciso encarcelar a todos los responsables militares y civiles, responsables del verdadero genocidio que ocurrió en nuestro país. Tampoco esta es la perspectiva del gobierno K, que tiene como aliados a sectores del empresariado nacional como la UIA o la COPAL, que fueron abiertos defensores del golpe de marzo del ‘76. Los nombres de los asesinos de miles de compañeros y compañeras están en los archivos de las fuerzas de seguridad, bastaría abrirlos para develar a los responsables. Lo mismo debería realizarse en la Universidad, abriendo los archivos de la época de la dictadura y clarificando quienes colaboraron con ese régimen asesino dentro de las aulas.

Una vez más, el (no) lugar de los intelectuales

En el blog de Carta Abierta Córdoba se señala que este espacio “también ambiciona a corto plazo tener algún tipo de ingerencia en el diseño de las políticas públicas del país”.
Pero el gobierno de los Kirchner (así como el de Morales o el de Chávez) están lejos de ser la punta de lanza de un proyecto de transformación que apunte a la solución de los problemas profundos de los trabajadores y el pueblo.

Además, a pesar de algunos guiños, este gobierno tiene en un “no lugar” a los intelectuales (con algunas deshonrosas excepciones); son más efectivos los Schiaretti, los Reuteman y por supuesto los “ilustrados” intendentes del conurbano bonaerense que los impotentes intelectuales que pretenden inclinar al gobierno evolutivamente hacia la izquierda.

La defensa de los intereses populares no ha venido de estos gobiernos, sino del mismo pueblo. En estos años hemos presenciado el surgimiento de múltiples fenómenos de lucha social, como las empresas recuperadas por sus trabajadores, el movimiento piquetero o los movimientos campesinos, por citar sólo algunos ejemplos. Asistimos a la recuperación social y subjetiva de la clase trabajadora, expresada en luchas sindicales de casi todos los sectores del movimiento obrero. Además se han recuperado comisiones internas, cuerpos de delegados e incluso, seccionales de sindicatos.

Allí anida la posibilidad de desarrollar una nueva subjetividad que se proponga transformar radicalmente la estructura social en función de terminar con el dominio de los grandes monopolios, sentando las bases para una verdadera solución a problemas como la pobreza o el hambre. Allí y no en las lujosas oficinas de Puerto Madero que ocupan gerentes y dueños de las multinacionales, actuales responsables del diseño de políticas públicas en el país.

El papel de los intelectuales es junto a los sectores explotados y oprimidos de la sociedad. Allí son precisos los conocimientos adquiridos con el fin de develar las mentiras que la ideología dominante impone y aportar a preparar una perspectiva de transformación revolucionaria de la sociedad desde los trabajadores, los estudiantes e intelectuales, junto a los desocupados, los campesinos pobres y el conjunto de los oprimidos.

La crisis económica internacional preanuncia convulsiones sociales en el futuro próximo. Se hace urgente la profundización de este debate si queremos intervenir junto a aquellos en la perspectiva de transformar esta realidad.

Agrupación Tesis XI-Filosofía y Humanidades

Agrupación En Clave ROJA-PTS. Comunicación Social-Exactas-UTN

Contraimagen Córdoba

Colaboradores Revista Lucha de Clases

Abogados y estudiantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.

Integrantes agrupación Docentes D-Base.