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Cultura

Un contrapunto con Pino Solanas

Ante el colapso de las ideas neoliberales, ha comenzado a instalarse un nuevo sentido común estatista por los “excesos” del mercado capitalista y las políticas desreguladoras. Pino Solanas es una de las figuras que difunde esta ideología, promoviendo una campaña política nacional por la recuperación de “un tren para todos”.

Miguel Raider

16 de octubre 2008

Ante el colapso de las ideas neoliberales, ha comenzado a instalarse un nuevo sentido común estatista por los “excesos” del mercado capitalista y las políticas desreguladoras. Pino Solanas es una de las figuras que difunde esta ideología, promoviendo una campaña política nacional por la recuperación de “un tren para todos”. La próxima estación, la última película de Solanas, es un alegato demoledor contra la entrega nacional de los ferrocarriles argentinos que ilustra la situación catastrófica y la consecuente responsabilidad de los sucesivos gobiernos junto a los concesionarios y los dirigentes sindicales cómplices, demostrando incluso la continuidad del vaciamiento con el gobierno de los Kirchner y su obsceno proyecto de Tren Bala. Sin embargo, la propuesta de Solanas repite las viejas fórmulas estatistas que no tienen nada progresivo para ofrecer.

Estatismo burgués

Ante las observaciones del periodista José Natanson, señalando que el documental “aplaude con cariñosa nostalgia” las viejas empresas del Estado1, Solanas responde que “no se trata de volver a un paraíso perdido” sino de hacer “un balance de lo mejor que supimos tener para superarlo” y tomar partido por “un Estado que garantice el progreso económico” sostenido sobre “empresas públicas controladas por usuarios, trabajadores, universidades, estados nacional, provincial y municipal”2, como parte de una “democracia participativa”3.

A diferencia de Solanas, quien comprende el Estado como “la asociación de 40 millones de ciudadanos que son copropietarios de todo lo que posee la Nación”4, los socialistas revolucionarios sostenemos como Marx y Engels que el “Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”5. Sólo así puede explicarse la reciente estatización de los 9 bancos norteamericanos más importantes a instancias del gobierno de Bush, desembolsando U$700.000 millones que recaerán sobre las espaldas de los asalariados y el pueblo, con el objeto de salvar a los grupos financieros, una política que de forma similar impulsan los diversos gobiernos europeos.

La fundación de las empresas públicas estatales durante el siglo XX no obedeció a ningún objetivo altruista sino que eran funcionales a las necesidades de acumulación de capital de los grandes grupos económicos6. En Argentina, el “desarrollismo keynesiano” reivindicado por Solanas se basaba sobre un Estado que captaba la renta y la ganancia del conjunto de las empresas públicas estatales para transferirlas como subsidios a una burguesía nacional parasitaria, incapaz de competir en la economía internacional por la baja productividad del trabajo. Así el Estado descapitalizaba las empresas públicas, evitando la inversión y la renovación de la infraestructura, deteriorando progresivamente la calidad de los servicios. La dictadura militar no hizo más que profundizar este rumbo, incorporando el endeudamiento de las empresas estatales con la banca internacional (desviando ese dinero hacia la especulación financiera), disparando así la deuda externa. De ese modo la clase dominante ejercía el control estatal mediante sus agentes de los gobiernos de turno, usufructuando las empresas públicas en su provecho.

Esta experiencia de ningún modo puede superarse con la “democracia participativa”. Esta política impulsada por Lula y el PT desde 1989 sólo sirvió para conciliar con los intereses de los grandes capitalistas, a tal punto que ni bien Lula asumió la presidencia estableció una alianza con el capital financiero, en tanto hoy dispone un paquete de U$50.000 millones para rescatar a los grandes bancos en crisis.

Una tarea nacional

El documental de Solanas sostiene que la solución para reconstruir el ferrocarril reside en la rescisión de los contratos con los concesionarios privados y la utilización de los 4.000 millones de dólares destinados al Tren Bala para financiar la recuperación del 70% de las vías férreas perdidas, la reposición de los trenes de larga distancia y la recreación de las economías regionales de los 870 pueblos fantasma, víctimas de la privatización.

La propuesta de Solanas contempla la intervención estatal para recuperar la infraestructura obsoleta dilapidada por la privatización, un aspecto parcial e insuficiente que de ningún modo alcanza para poner en pie de forma integral un “tren para todos”, pues el ferrocarril es un servicio que arroja déficit, así como la salud y la educación. El estatismo de Solanas pasa por alto la necesidad de destinar una gran masa de capitales que subsidie este servicio imprescindible, garantizando no sólo el mantenimiento sino la remodelación progresiva de la infraestructura. Precisamente la privatización menemista utilizó como argumento el histórico déficit que provocaba el ferrocarril para entregarlo por monedas a los grandes grupos económicos, así como el gobierno de Arturo Frondizi lanzó el plan Larkin para desguazar gran parte de los trenes por su “rentabilidad negativa”, como observaba su ministro de Economía, el liberal Alvaro Alsogaray.

Por otro lado, la recuperación del ferrocarril como parte de un servicio integrado de transportes es inconcebible sin la implementación de un plan de obras públicas que tenga como finalidad la articulación de los distintos tipos de transporte colectivo para acabar con el caos vehicular y la proliferación de los accidentes de tránsito.

Para poner en pie de forma integral un ferrocarril para todos es necesario tomar medidas drásticas contra los grandes capitalistas que embolsaron el botín de las privatizaciones, renacionalizando sin pago los recursos estratégicos como el petróleo, el gas, la energía, las telecomunicaciones, capturando así la renta necesaria para financiar un ferrocarril cómodo y eficiente acorde a los necesidades populares. Si bien Solanas se pronuncia por “una estrategia soberana que garantice los derechos básicos de los argentinos”7, jamás propone la expropiación de las grandes multinacionales que detentan la propiedad de los principales recursos económicos, una condición indispensable para hacer efectiva esta tarea nacional elemental.

Sólo una gran movilización en las calles puede plantear una perspectiva superadora de las privatizaciones y el estatismo burgués, luchando por el control y la administración de los principales recursos estratégicos nacionalizados en manos de los trabajadores y los usuarios, como una escuela de planificación orientada a resolver los problemas fundamentales que padecen las grandes masas. Esta tarea sólo puede ser llevada adelante hasta sus últimas consecuencias por un gobierno de los trabajadores y el pueblo basado en las organizaciones de autodeterminación que construyan las grandes masas.

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