Guillo Pistonesi: Hace más de dos meses desapareció Luciano Arruga, y el caso recién aparece tibiamente en los medios desde hace dos semanas, muy distinto a los grandes titulares cuando es secuestrado el hijo de un empresario.

El 18 de marzo no más de 7.000 personas marcharon a Plaza de Mayo por la seguridad. Los canales transmitieron el acto en una virtual “cadena nacional”. El 24 de marzo, decenas de miles nos movilizamos en todo el país, para repudiar el golpe del `76 y para exigir que esta crisis la paguen los capitalistas. Pero apenas se dedicó un sector de los noticieros al tema mientras, se hablaba de cualquier otra cosa.

Y podemos hablar de muchos otros ejemplos. Hay un bloqueo de los medios a las luchas de los trabajadores. El conflicto de Iveco no se está difundiendo.

En este marco Cristina Fernández presentó el anteproyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Por qué el Gobierno, cuando ya lleva 6 años y estamos a menos de 3 meses de las elecciones, lanza este proyecto que, según ellos, cambiaría el escenario de los medios de comunicación?

Carlos Mangone: Para entender por qué se habla hoy de una nueva ley sobre medios, pensemos en qué contexto se dio la anterior ley, la “ley de la Dictadura”, y las modificaciones que hizo el menemismo. Videla decreta esa norma pocos meses antes de retirarse, en un momento “politizado” de la dictadura, donde los partidos burgueses apoyan la sucesión de Viola. Y aunque los medios masivos estaban en manos de la dictadura, había una perspectiva de privatización. Menem apenas asumió dispuso sorpresivamente su plan de privatizaciones, y se abría entonces la perspectiva de integrar a los grupos empresarios de medios, para que apoyaran.

Si analizamos el período kirchnerista, vamos a ver que en el momento más fuerte electoralmente, con la “espada” de los derechos humanos, las medidas que se tomaron fueron en la misma línea que el menemismo, ratificando el sistema mediático oligopólico. Hoy, cuando Kirchner está débil, aparentemente propone algunas medidas con características progresivas. Pero parece que cuando uno hace un gran esfuerzo en el momento de mayor debilidad, eso es un manotazo de ahogado.

Daniel Satur: La ley 22285, de Radiodifusión, no es la única que está vigente desde la Dictadura. La Ley de Entidades Financieras y la 22248, que rige el trabajo en el campo, entre muchas otras están vigentes. Pero en 6 años de kirchnerismo no escuchamos nunca el planteo de discutir ninguna de estas leyes.

Como hubo un 2001 en Argentina, podríamos decir que de forma tardía el kirchnerismo “hace causa” una demanda histórica de muchos medios comunitarios que surgieron en estos 20 años. Esa demanda, complementada con el proceso de concentración mediática y con el hiperdesarrollo de las tecnologías, llevó al gobierno a decir “aprovechemos, estamos peleados en este momento con algunos sectores capitalistas concentrados, llevemos adelante la discusión”. Aclaremos que no se discute la constitución de los medios gráficos. O sea, que el gran poderío de los grupos de medios en su totalidad no está amenazado, y al mismo tiempo un montón de sectores ven con expectativas que se “discuta” el mapa de las comunicaciones en Argentina. Una jugada donde el gobierno calcula el tiempo que le queda y cómo será su relación con los medios, que sin dudas son muy influyentes en la construcción de discursos y de la agenda pública.

GP: Además de la disputa entre el Gobierno y grupos como Clarín, ¿no hay algo respecto a negocios de grupos y empresarios amigos del Gobierno?

CM: No podemos descartar que la ley se dé en un momento en que fuerzas empresariales traten de realizar “ajustes” de sus propios medios. Puede darse una reconversión, que se pasen empresas, se queden con las que dan más ganancias y se desprendan de las que dan pérdidas. Habría que pensar entonces la viabilidad de este proyecto. Las intenciones están claras, pero hay que analizar la correlación de fuerzas políticas. Este anteproyecto, en el Parlamento posterior al 28 de Junio (que en realidad es posterior al 10 de Diciembre), ¿tiene viabilidad, si buena parte de los diputados son dueños de medios?

GP: Mientras la derecha gorila (Carrió y los radicales) dicen que prefieren defender a los monopolios mediáticos porque eso es una garantía para mantener la libertad de prensa; por otro lado sectores del progresismo, como Aliverti, dicen “bienvenido sea” este proyecto, incluso reconociendo lo hecho por el kirchnerismo a favor de los grandes grupos

DS: El gobierno dice, mediante mucha publicidad paga en muchos medios, que por ejemplo ahora vamos a poder ver los partidos de fútbol por televisión abierta; incluso dicen que va a estar más barato el cable, etc. Es irónico que el gobierno, con toda esta campaña, plantee que vamos a tener “más libertad de expresión”, “más democracia”. ¿Cómo puede ser “más libertad de expresión”? O hay libertad de expresión o no hay. El Estado en última instancia reconoce que no va a transformar la estructura del esquema de medios. Pero además, de aprobarse la ley, hay varios aspectos de su redacción donde lo que hacen es reforzar la predominancia de los capitalistas. La estructura económica y material que garantizó la concentración de estos años no es cuestionada. Y se agrega la posibilidad de que ingresen al mercado empresas como Telefónica y Telecom, aliadas del Gobierno. Quien sinceramente se coloque desde el lugar de los trabajadores y los sectores populares tiene que plantearse de qué libertad de expresión nos están hablando. Como decía Lenin hace unos cuántos años atrás, en una sociedad capitalista la libertad de prensa, en última instancia, es la libertad de los ricos para decir lo que a ellos se les antoja.

CM: Uno de los primeros decretos de la Revolución Rusa, en camino de garantizar la libertad de expresión, fue la “cuota de papel”. Una verdadera estrategia de democratización comunicacional necesita garantizar que los sectores que por sí solos no pueden cubrir los costos, tengan acceso a los materiales. Cualquier disquisición acerca de que todos puedan “publicar sus ideas por la prensa” como decía Mariano Moreno y como planteaba la Revolución Rusa, termina en el momento en que el Estado tiene que importar papel y tiene que distribuir las cuotas. Perón restringió enormemente la libertad de prensa de los medios capitalistas, que a su vez los volvió oficialistas inmediatamente, con la restricción en la importación de papel. Y el funcionamiento que tuvo Papel Prensa en los últimos 25 años, como también la publicidad oficial, influyen mucho más en la libertad de expresión que una ley.

Los progresistas que plantean esta ley como “un paso adelante”, dicen que este es “un gobierno en disputa” (lo dice Carlos Heller, muy cercano a Aliverti). Cuando se plantea esa situación (ya vimos en el `73 qué es un gobierno en disputa), algunas medidas se toman como progresivas. Pero, ¿cómo se garantiza que los sectores sin fines de lucro tengan medios? Porque si tienen que presentarse a pliegos, éstos tienen un costo; la tecnología sabemos que es costosa. Por ejemplo, las universidades pueden tener medios, y entre las formas de financiarlos están la publicidad, donaciones, venta de contenidos, etc. Si en el presupuesto universitario empobrecido no está planteado este tema, es evidente que los fondos se van a ir a buscar a otro lado. Los medios universitarios se convertirán, entonces, en medios mercantiles.

DS: Analizando la letra del anteproyecto de ley, mal que les pese a los sectores progresistas que entusiastamente acompañan al gobierno, hay algunas cosas escritas que son claras. Por ejemplo, si uno quiere tener un canal de televisión o una radio, para llegar a los hogares tiene que pedirle a los operadores que hoy tienen la infraestructura (postes, cables, ductos, etc.) que se la provean bajo las “condiciones de mercado”.

GP: Vale decir que si queremos tener un canal, le tenemos que pagar el alquiler que determine el mercado a Clarín, a Telmex, o Telecom.

El proyecto plantea también que habría un 33% de los medios para el Estado, otro 33% para ONG´s (llámense fundaciones, sindicatos, etc.), y un 33% para los privados.

CM: Sí, y ahí hay que reflexionar sobre el diseño de sistema de medios, por ejemplo respecto del financiamiento. La ley le impone un gravamen a los medios mercantiles para financiar a los medios públicos.

El 27% de esos fondos iría a organismos creados por esta ley, que no tendrían mucha tarea. Es como si la industria tabacalera financiase la lucha contra el cáncer. Como la televisión mercantil “le hace mal” a la sociedad, compensamos con una televisión pública, más educativa, etc. Y ademá se fijan cuotas de contenidos y de pantalla de una forma ten vaga que, en general, no se va a modificar el nivel de los medios.

Entonces, se financia el sistema de medios públicos con un gravamen a lo privado, pero no se relaciona con las organizaciones sin fines de lucro. Se financia lo estatal (gubernamental), con una organización muy burocratizada que supervisaría el sistema, con un altísimo presupuesto, y se desfinancia a las organizaciones sin fines de lucro, que podrían ser la “pata compensadora”, que aumentaría un poco la democratización.

DS: Además de que con la ley podríamos ver un partido gratis de los diez de la fecha del fútbol de primera, y de que pueda llegar a haber una “tarifa social” para el cable (que no se sabe bien qué sería); el Gobierno y sus propagandistas (en algunos casos a sueldo) prometen que partiendo en tres el dial, que es limitado, se incorporarían los sectores que con la Ley de Videla quedaban excluidos, los “sin fines de lucro”. Pero vemos todo el tiempo eventos organizados y financiados por fundaciones como Noble (Clarín), Telefónica, Repsol, y hay centenares de fundaciones que seguramente son de algún grupo económico o algún testaferro. También son “sin fines de lucro” los arzobispados, con lo cual es obvio que la Iglesia va a ir por medios propios si se aprueba esta ley. Y los sindicatos también. Sabemos bien que enormes conquistas históricas de la clase trabajadora como los sindicatos hoy están en manos de burocracias, que las sufrimos permanentemente. Si a todo eso sumamos que el Estado, el propio Gobierno es quien va a decidir qué organizaciones serán las que tengan tal o cual licencia, las lindas palabras y la bandera que hoy levantan muchos, mañana serán grandes frustraciones. Vemos entonces, que el espacio “disponible” será muy marginal, y eso está expresado en el proyecto oficial.

GP: Es muy interesante esto. Por ejemplo, la izquierda está totalmente bloqueada en los medios. Altamira no sale por Canal 13, a Christian Castillo no lo vemos en Telefe, a Vilma Ripoll no la vemos en Canal 7. Y si es el mismo Estado el que va a regular quién es persona jurídica o sindical para poder acceder a los medios… Por ejemplo, si el sindicato que están queriendo fundar desde el Cuerpo de Delegados del Subte no es avalado por el Ministerio de Trabajo…

CM: Un ejemplo claro: está por salir la AM 750, que estaría vinculada al sindicato que dirige Víctor Santa María, el SUTERH. Si el sindicato de los compañeros del Subte incluso lograra su personería gremial, es muy difícil que le den una frecuencia como la 750, le van a dar el 1100 o el 1400 en el dial de AM. Hoy el Gobierno plantea un nuevo espejito de colores, la digitalización, con la que podría haber más medios. Pero sabemos que las posiciones dominantes en el mercado condicionan el futuro. Esta ley está condicionada políticamente, pero también por la estructura del sistema de medios. Esos sectores progresistas que apoyan el proyecto pecan de “idealismo”. Piensan que la ley, que tendría que expresar un movimiento real que la sociedad todavía no tiene en cuanto a la comunicación social, le va a imponer a la sociedad una democracia comunicacional. Y en realidad, ni la Ley de Radiodifusión logró el autoritarismo que buscaba, ni esta ley con algún sesgo democrático puede democratizar.

El sistema burgués planteó siempre que cuantos más medios hay, más ideas se expresarán. En realidad lo que históricamente amplió el pluralismo fue la presión de las nuevas ideas, las que subvertían el orden establecido, promoviendo la necesidad de más medios. La ley por sí misma no va a garantizar el pluralismo. Van a ser las ideas, en este caso las de la izquierda, las que empiecen a forzar la necesidad de nuevos medios. El anteproyecto donde menos se va a discutir es en los medios, con lo cual, el lugar que podemos ganar como izquierda en los medios lo tenemos que ganar antes en la sociedad. La expectativa del progresismo en esta ley es la expectativa que históricamente tuvo el progresismo y la pequeñoburguesía en las buenas intenciones del capitalismo.

DS: Una ley no lo va a garantizar, y tampoco el Estado. De chicos nos acostumbraron a creer que “el Estado somos todos”, y queda demostrado en la vida cotidiana de los trabajadores y el pueblo que el Estado tiene un carácter de clase. Por eso no aparecen las luchas de los trabajadores en los medios, ni la denuncia por la desaparición de Luciano Arruga, de Julio López, y tantos otros temas de la lucha de clases. Se plantea entonces la necesidad de conquistar nuestros propios medios, de forma independiente. En este contexto de crisis profunda seguramente se va a imponer la necesidad de que nuestras luchas cuenten con sus propios medios, para que no paguemos nosotros la crisis y sí la paguen los capitalistas. En lugar de la chatura que nos plantea el Estado burgués y sus instituciones, tenemos que imaginar que en algún momento los medios estén en manos del conjunto de los trabajadores, y todos podamos decidir qué discutir y qué es lo mejor para nuestras necesidades. En ese camino, este es un debate necesario, a través de los medios que tenemos, pero tratando de pensar audazmente en todo lo que tenemos que transitar para que realmente algún día logremos la libertad, y con ella la libertad de expresión.