Las empleadas domésticas somos las más discriminadas del mundo laboral.
La mayoría mujeres, jefas de hogar, con extensas jornadas de trabajo y salarios muy inferiores al resto de los trabajadores, no tenemos acceso al cuidado de la salud, ni licencia por maternidad, ni protección contra riesgos de trabajo ni contra el despido arbitrario y casi ninguna de nosotras se podrá jubilar.

Somos las primeras y principales afectadas por las crisis económicas y el desempleo. Somos variable de ajuste: las primeras a quienes se despide o se recorta la jornada laboral.

La ausencia de normas protectoras es escandalosa.

La subvaloración social que acompaña a las labores domésticas de las mujeres en el hogar, se extiende al trabajo doméstico asalariado, sometiéndonos a una situación subordinada en la sociedad, y en muchos casos a relaciones auténticamente serviles en pleno siglo XXI.

Después de siglos de progreso tecnológico, la esencia del trabajo doméstico no ha variado su carácter de servidumbre: discriminadas por ser mujeres, pobres, campesinas, indígenas, extranjeras, por estar solas, por no haber podido estudiar, somos consideradas “inferiores”, para justificar la explotación, el aislamiento, el abuso y la esclavitud. Si hasta nos niegan la condición de trabajadoras: somos “la señora de la limpieza”, “la chica que me ayuda”, “la boliviana”, “la peruana”, “la paraguaya”.

Las mujeres representamos el 99% de los trabajadores domésticos. El 95% de nosotras trabaja en negro, sin ningún derecho laboral, en la más absoluta precariedad. Para el escaso 5% que se halla registrado, las condiciones no son mucho mejores.

El marco regulatorio de la actividad sigue siendo el Decreto- Ley 326/56 impuesto Aramburu durante el régimen militar de la Libertadora , que establece una normativa inequitativa y discriminatoria de derechos restringidos.
Además un gran porcentaje -que tiende a incrementarse- se halla excluido de toda protección legal: son las que trabajan menos de 16 horas por semana para un mismo empleador. Para ellas no hay derechos, no existen como trabajadoras.

Con las inmigrantes se multiplica la sobreexplotación y precarización: su situación clandestina y su imperiosa necesidad de trabajar y de tener un lugar donde vivir es aprovechada por los empleadores que sin tapujos publican en los diarios “se solicita boliviana o peruana”, para esclavizarlas en jornadas extenuantes con salarios de miseria, condiciones indignas de vida, y muchísimas veces para someterlas a abusos sexuales y violencias de todo tipo.

Es emblemático el caso de Elizabet Díaz, que acaba de ser absuelta definitivamente por la justicia cordobesa al demostrar que su patrón abusó durante nueve años y la violó sistemáticamente –aprovechando su condición de extrema pobreza y necesidad de la familia se adueñó hasta de su cuerpo cuando ésta comenzó a trabajar como empleada doméstica en su casa teniendo entre 9 y 18 años de edad- es una muestra de la situación que viven miles de mujeres, niñas y adolescentes en la Argentina, donde el 90% de los casos de abuso denunciados quedan en la más absoluta impunidad, e incluso un gran porcentaje no llega a denunciarse porque “quién va a poder contra el patrón”.

La naturalización del servicio doméstico realizado por niñas y adolescentes en el ámbito privado de un hogar ajeno las convierte en invisibles blancos de la explotación, el acoso y la violencia física y sexual. Estudios recientes indican que hay más niñas menores de 16 años empleadas en el servicio doméstico que en cualquier otra forma de trabajo y que existe un claro vínculo entre este trabajo y las redes de trata de menores.

Las trabajadoras domésticas hemos sido privadas de los más elementales derechos mediante una norma especial arbitraria, discriminatoria e inconstitucional: el art. 2 de la Ley de Contrato de Trabajo que excluye expresamente a nuestro sector de los derechos reconocidos al resto de los trabajadores.

Numerosos juristas sostienen que no existe argumento válido que justifique tal exclusión, que es violatoria de los derechos y garantías constitucionales. Y que mantenerla vulnera el principio de no discriminación reconocido como derecho humano básico.

Hace cuatro años Néstor Kirchner lanzaba la promocionada jubilación anticipada. El 73% de los nuevos jubilados eran mujeres. Muchas, muchísimas, eran trabajadoras domésticas que trabajaron toda su vida en negro, y a las que el discurso K de la “inclusión social” incorporaba al sistema jubilatorio, pero no como trabajadoras, sino como “amas de casa”.

Y no sería gratis, claro está, sino pagando peso por peso los aportes adeudados. Así las cosas una trabajadora con treinta años o más de servicio, con moratoria AFIP está cobrando apenas $ 500.

Hoy Cristina Fernández, con el mismo doble discurso, promueve la sanción de un régimen para el personal de casas particulares -un nuevo nombre para la misma explotación de siempre- que según la propaganda oficial equipara la situación de las empleadas domésticas a la del resto de los trabajadores.
Pero el nuevo proyecto no sólo mantiene sino que incrementa la jornada laboral, llevándola a catorce horas diarias para el personal sin retiro; paga menor salario por igual trabajo, obliga pero no regula la contratación por parte del empleador de una cobertura por accidentes de trabajo (o sea, es lo mismo que no tenerla). Y aún tratándose de un trabajo ejercido casi exclusivamente por mujeres, la mayoría jefas de hogar, no contempla prestación por desempleo, no protege contra el despido arbitrario, no contempla descanso por lactancia ni estado de excedencia.

Para ganar $1500. una empleada doméstica en blanco sin retiro debe trabajar 77 horas semanales, es decir, seis horas más por día, 33 horas más por semana que cualquier trabajador. Si trabaja con retiro cobrará $ 1.347,56.
El proyecto K beneficia al empleador con un período de gracia de seis meses para registrar la relación laboral y no tener que pagar doble indemnización, pero nada dice de reconocer a la trabajadora la antigüedad previa al blanqueo.

El servicio doméstico es la actividad económica que presenta el mayor porcentaje y la mayor cantidad de relaciones laborales en negro: el 94,5% de las trabajadoras no está registrado.

Sobre un total de 4.075.000 trabajadores no registrados que hay en el país –varones y mujeres- 991.000 trabajan en el servicio doméstico. Más o menos uno de cada cuatro.

Sobre un total de 1.980.000 mujeres que trabajan en negro, 991.000 son empleadas domésticas, prácticamente la mitad.

Según Carlos Brassesco, asesor legal del Sindicato de Empleados Domésticos: “Gran parte del personal doméstico que trabaja en negro lo hace a cambio de sueldos muy bajos, donde suele pagarse no más de $ 600 por mes a cambio de 40 horas de trabajo a la semana”[1].

Pese a los seductores intentos del gobierno de estimular el blanqueo mediante incentivos fiscales, los resultados han sido escasos. Al empleador no le interesa reconocer a su empleada doméstica como una trabajadora con derechos, porque la misma ley que en teoría la ampara se ha asegurado de impedir todo control al considerar el domicilio de trabajo como un ámbito privado y no laboral, dificultando el acceso para verificar las condiciones en que aquél se realiza.

Una legislación que amplíe los derechos laborales pero que no establezca normas de control y fiscalización de la actividad es ya letra muerta antes de entrar en vigencia.

Y la patronal podrá seguir sin mayores consecuencias, manteniéndonos en negro, precarizadas, superexplotadas; y en condiciones de servidumbre.