El gobernador bonaerense, Felipe Solá, admitió la hipótesis del secuestro de Julio López –el albañil que declaró durante el juicio al represor Miguel Etchecolatz–, y convocó a una campaña nacional para su hallazgo como una necesidad de preservación de las instituciones.

"Este es el primer desaparecido (entre 1976-1983) que desaparece en democracia y estamos investigando lo peor; es un hecho gravísimo para la democracia", sostuvo Solá ayer.

Esta presunción fue respaldada por el ministro de Seguridad, León Arslanian. Ambos coincidieron: "Pasó una semana y, a pesar de la recompensa de 200.000 pesos para el aporte de información, no llegan datos que contribuyan a investigar su paradero." El Gabinete provincial en pleno fue convocado a la tarea.

"Tenemos muchas desapariciones denunciadas en la vida cotidiana de la provincia, pero ésta no es una desaparición más", advirtió el gobernador. López declaró contra Etchecolatz, quien ordenó su detención ilegal en 1976 y participó en las sesiones de torturas.

Por estas evidencias y otras pruebas de cargo el tribunal lo condenó a reclusión perpetua por seis homicidios, apremios ilegales y dos secuestros de personas. Por primer vez, un jurado hizo la tipificación de genocidio para delitos de esta naturaleza. Y el reo, en su alegato final, desafió a los jueces: "No es este tribunal el que me condena, son ustedes quienes se condenan."

Fue el martes 19. Un día antes, a López se lo tragó la tierra. "Si alguien se anima a secuestrar a una persona en un caso así, se puede esperar cualquier cosa", asume el propio Solá. Esa misma impresión transmitió en la charla telefónica del mediodía a Néstor Kirchner.

Hubo otra charla con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. "Se teme lo peor", dijo después a la prensa. "Pudo ser secuestrado para intimidar a futuros testigos o para impedir su testimonio en futuros juicios", agregó el gobernador.

Un rato antes se había reunido con representantes de cámaras empresarias de transportes, hoteleros, sindicatos, de la AMIA, la Universidad de La Plata, intendentes e integrantes de fuerzas sociales. El Gobierno convocó para la campaña de divulgación de un millón de afiches en trenes, colectivos, subtes, taxis, remises, escuelas, agencias de loterías y lugares públicos. Además, las empresas telefónicas dispusieron un servicio especial de mensajes de texto por telefonía fija e imágenes en celulares.

Solá percibe que la desaparición de López puede transformarse en un caso Cabezas (el periodista asesinado en 1997 en Pinamar) por la derivación política e institucional. ¿Qué sustenta este presagio angustiante? "Difícilmente un hombre con mal de Parkinson pueda estar fuera de su casa tanto tiempo si no está protegido por alguien o secuestrado." La familia del anciano informó a Clarín que "no se llevó sus medicamentos para el Parkinson y para la presión".

A medida que transcurren las horas se instalan certezas donde antes existían teorías. "No descartamos que haya sufrido represalias", aseguró el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Edgardo Binstock. Anoche, el Ministerio de Justicia acercaba a la Gobernación el listado de visitas que recibió Etchecolatz en la cárcel de Marcos Paz en los días del juicio. También las de su chofer, Hugo Guallama, y las del médico policial Jorge Bergés. Investigan una posibilidad de conexión entre estos detenidos por crímenes durante la dictadura y los presuntos vestigios operativos de la represión ilegal. Esta comprobación determinaría la voladura del sistema de seguridad provincial, con un arrastre de funcionarios hasta el máximo nivel funcional y político de estas áreas de gobierno.