Reeditando la agenda de Duhalde, el gobernador Scioli insistió en la necesidad de revisar “el rol que cumplen las FF.AA. en la lucha contra el narcotráfico” “por las características que toma el delito”, a pesar de que “evidentemente es un tema de seguridad interior”. Las declaraciones de alto impacto fueron secundadas por la derecha de todos los pelajes. Macri sostuvo que “las FF.AA. tienen que ayudar a recuperar el territorio en manos de los narcos”, señalando su “preocupación” por el “crecimiento de villas en Bs. As. y en la Capital, donde se produce y se comercializa droga”.

El dirigente del PJ bonaerense y ex ministro de Defensa de Néstor Kirchner José Pampuro defendió estas posiciones pues “otros países de la región, como Brasil, emplean efectivos para participar de temas puntuales de seguridad interior”. En efecto, Dilma y Lula militarizaron las favelas de Río de Janeiro con carros de asalto y retenes permanentes de la Policía Militarizada (dependiente del Ejército y encargada de lidiar con manifestaciones populares), un ejemplo de “progresismo” reivindicado por Massa, De Narváez, De la Sota y la Iglesia.

El ministro de Defensa Agustín Rossi y el jefe de Gabinete Capitanich rechazaron la propuesta de Scioli porque viola las leyes de Seguridad Interior y Defensa, generando “sociedades mucho más violentas” donde “han aumentado las denuncias por violaciones a los derechos humanos y se ha incrementado el número de muertos”. Así en México y Colombia este rumbo dio lugar a miles de asesinatos, la militarización de los distritos rurales y el desplazamiento de miles de campesinos.
Sin embargo, el relato K oculta que las FF.AA. ya comenzaron a efectuar tareas de seguridad interior, aunque bajo formas más veladas. Rossi tuvo que hacer malabares para desmentir que la reciente adquisición de 35 blindados Hummer (provistos por EE.UU.) no estaba destinada a operativos anti drogas del Ejército. En realidad, esos blindados fueron entregados a las mismas unidades del Ejército establecidas en zonas de frontera que desarrollan el Operativo Fortín II (último plan contra el narcotráfico) , el que no casualmente fue prorrogado por un año más con 4.500 efectivos y un presupuesto extra de $1325 millones, según el Decreto 1757/13.
Tampoco resulta casual la extensión del Plan Nacional de Abordaje Integral (AHI), mediante el cual unidades de las FF.AA. fueron instaladas en villas y asentamientos de Capital y GBA para el control social de las franjas más pauperizadas, ante los avatares de la crisis social. Por ese andarivel, los medios se llamaron a silencio cuando en octubre una compañía del Ejército fue movilizada en Santa Cruz para desalojar a 500 familias que reclamaban su derecho a la vivienda.

La creación de la Secretaría de Coordinación Militar de Asistencia a Emergencias, dependiente del Ministerio de Defensa, tiene por finalidad la intervención de las FF.AA. en tareas de asistencia, tal como ocurrió tras las inundaciones en La Plata. Esa es una de las principales políticas que recomienda el Comando Sur del Ejército de EE.UU. para Latinoamérica con el fin de legitimar a las FF.AA. ante los pueblos, un objetivo denunciado hasta el cansancio por el periodista Horacio Verbitsky en sus columnas de Página12.

Mediante el curso enunciado, el gobierno de Cristina se propone avanzar en la reconciliación con las FF.AA. genocidas y así recomponer el poder de fuego del Estado (en crisis después de la caída de la dictadura militar) ante las consecuencias de la crisis económica internacional. La selección del general Milani, el auténtico mentor del Proyecto X, apunta a consagrar una ficha de esa apuesta.

Evidentemente, derechistas y progresistas conspiran bajo distintas formas contra los intereses populares.