El martes 17 la presidenta promulgó la ley que, mientras introduce algunas regulaciones a las empresas de medicina privada, mantiene en lo esencial las reformas neoliberales de los ’90 que derivaron en la privatización de la salud. Es más, las llamadas regulaciones, como la afiliación de prepagas de personas con enfermedades preexistentes y la imposición de límites en las cuotas a las personas mayores de 65 años ya se venían imponiendo con numerosos fallos judiciales que los pacientes debían tramitar. A su vez el Estado ya venía autorizando aumentos a través de la Secretaría de Comercio.

El negocio involucra a 4,5 millones de usuarios y factura nada menos que $15.000 millones. Que no se va a tocar el lucro capitalista de la salud lo dejó en claro Cristina Kirchner cuando afirmó que “regulación no significa afectar rentabilidad”. Sin embargo eso no ha evitado que los empresarios de la salud pongan el grito en el cielo y anuncien la crisis de sus negocios.
En el mismo acto la presidenta anunció el Programa de Trazabilidad de Medicamentos, que permitiría seguir los pasos a los remedios desde que se producen o importan hasta que llegan al paciente. Éste podría verificar si el mismo es legítimo enviando un mensaje de texto o entrando a la página de la ANMAT. Esto evitaría la adulteración o falsificación de medicamentos y los negociados que hacen con ellos los laboratorios, intermediarios y la burocracia sindical que maneja las obras sociales. Pero lo que seguro no evita es la corrupción de la propia ANMAT, quien debería auditar los medicamentos.

A su vez Cristina Kirchner afirmó que el Estado podría “orientar el formidable poder de compra” que tienen las obras sociales para “transparentar y emprolijar su funcionamiento”.

En la puja que mantiene el gobierno con la burocracia sindical, estas medidas en cierto sentido eximen a la burocracia de las estafas anteriores. Como afirma Daniel Llermanos, abogado de los camioneros, en declaraciones a radio El Mundo “la posibilidad que tiene un director médico de conocer la posible falsedad de un troquel no habiendo mecanismos que permitan verificar si un troquel pudo haber sido materia de manipulación, es prácticamente imposible”. O sea que el director médico, actualmente, no puede controlar si un remedio es o no falso.
Por otra parte estas políticas están orientadas al electorado medio y alto, los principales usuarios de las prepagas y ante quienes la burocracia sindical tiene peor imagen.

La crisis en la salud

Los que siguen siendo ignorados por las políticas oficiales son los más necesitados, el 40% de los trabajadores que están en negro y no tienen obra social ni posibilidad de contratar una prepaga, a los que se suma el 7,3% de la población que está desocupada (según datos del INDEC). Estos millones de trabajadoras y trabajadores deben asistir a los hospitales públicos en ruinas, sin los aparatos necesarios para diagnósticos, sin insumos ni medicamentos, donde los médicos y trabajadores cobran sueldos miserables. Esto es consecuencia de la descentralización menemista de la salud, que implicó el pase a la orbita municipal y provincial de la mayoría de los centros de salud, provocando la actual crisis por falta de inversión, sobre todo en las provincias más pobres. El kirchnerismo en sus ocho años de gobierno no hizo nada por revertir esta situación.

Las obras sociales también dejan mucho que desear. El desempleo, el trabajo en negro y los bajos salarios disminuyen sus ingresos, desfinanciándolas y deteriorando sus prestaciones. Otra herencia menemista y de la Alianza fue la desregulación de las Obras Sociales, por la que los asalariados de medios y altos ingresos se pasaran de prestadores y se abrió la puerta a la competencia con la prepagas, rompiendo el esquema solidario en el que todos los trabajadores del sector aportaran a una misma obra y los que tenían más altos ingresos compensaban los aportes de los de menores ingresos. La corrupción de la burocracia que maneja las Obras Sociales para su enriquecimiento y negociados fue otro “aporte” a la crisis. Aún así algunas obras sociales se mantienen y hasta son mejores que las prepagas capitalistas ya que, aún deficientes, no dejan de asistir a ningún afiliado.

Ante esta crisis del sistema de salud, desde el PTS en el Frente de Izquierda planteamos que debemos luchar por imponer un plan de salud único para toda la población, que garantice el acceso en las mejores condiciones para todos los trabajadores. Tenemos que imponer la expropiación sin pago de todos los hospitales y clínicas privadas, al igual que los laboratorios y droguerías, para que los mismos estén al servicio de toda la población.

Está demostrado que el Estado capitalista no es ninguna garantía de buen funcionamiento. Por eso las empresas expropiadas, y también los hospitales públicos, deben ser administradas por los trabajadores, los médicos y con control de los pacientes.

Y hay que dotarlos de todos los recursos para garantizar instalaciones adecuadas, mantenimiento y provisión de aparatología, medicamentos y demás insumos, con fondos provenientes del no pago de la deuda externa y de impuestos progresivos a las grandes fortunas.

Con respecto a las obras sociales hay que expulsar de las mismas a la burocracia sindical. Tenemos que luchar por imponer el control de los trabajadores de las obras sociales mediante la publicidad de todos sus actos, sus balances y sus gastos. Y para administrarlas hay que elegir libremente en los gremios a sus directivos con un sueldo igual al promedio del sector y con la revocabilidad mediante asamblea de los trabajadores.