“Los aumentos por decreto son el resultado de la ordenanza 7402 votada por los bloques tradicionales en 2019. En 2022 presentamos un proyecto para derogarla y que se recuperen las audiencias públicas pero lo rechazaron. Así funcionarios que se manejan con chofer terminan definiendo el boleto de colectivo que usan más de 100 mil jujeños por día”, afirmó Remy.
Para el PTS-FIT, un servicio público como el transporte urbano de pasajeros debería estar controlado por choferes y usuarios, que sean ellos los que fiscalicen los ingresos, definan cuánto debe costar el boleto, qué se hace con los subsidios, planifiquen los recorridos y garanticen la inversión en el sector para mejorar la calidad de las unidades.
“Sabemos que los empresarios y el gobierno se van a oponer, por eso, hay que organizar la fuerza social de la clase trabajadora para pelear por este tipo de medidas de control y una salida de fondo que sería conquistar la estatización del servicio”, sostuvo el concejal del PTS-FIT, Gastón Remy.