Dividen para dominar

Las ventajas que el actual esquema económico kirchnerista le proporciona a los bolsillos de los empresarios, le ha redituado a la clase trabajadora una mayor división de sus filas.
Durante la década del ’90, el menemismo utilizó la alta desocupación y la aplicación de una batería de leyes flexibilizadoras, como factores de disciplinamiento de la clase obrera.

De esta forma, las patronales se servían de la desocupación como el “látigo en la ventana” para bajar el salario, arrebatar viejas conquistas y aplicar las nuevas normas esclavistas como la precarización laboral, la polivalencia funcional y el incremento brutal de los ritmos de trabajo. La división entre ocupados y desocupados se presentaba como un serio problema para el conjunto de la clase trabajadora: en 1999, aun antes de que Menem terminara su segunda presidencia, la desocupación afectaba a 2.000.000 de personas. Simultáneamente, y de forma paralela, se desarrollaba una segunda gran división entre los trabajadores ocupados: los efectivos y los contratados. Incluso entre los contratados la patronal insertó nuevas divisiones a partir de distintas modalidades: monotributistas, de agencia temporaria, becarios, pasantes, tercerizados, etc. El gobierno de De la Rúa profundizó esta situación llegando al record histórico de desocupación con más de 3 millones de desempleados y le dió carácter jurídico a la precarización del trabajo mediante la ley de Reforma Laboral, recordada en la memoria popular como “ley Banelco”.

El modelo económico del gobierno de Kirchner, basado en un tipo de cambio alto y salarios bajos, le permite a los empresarios –fundamentalmente vía la exportación de materias primas en función de la demanda del mercado mundial- hacer altas ganancias, superiores incluso a las del período de la convertibilidad. De la década neoliberal el gobierno de Kirchner conserva aún una alta desocupación, aproximadamente 1.400.000 desempleados, aspecto que le permite a los patrones influir a la baja en el promedio general del salario obrero donde, de conjunto, el poder de compra es aún 9,2% más bajo que el de 2001. Sin embargo, el actual modelo kirchnerista no sólo mantiene esta “herencia neoliberal” sino que ha introducido una mayor diferenciación salarial como un obstáculo adicional entre los trabajadores.
En primer lugar rige una gran división entre los trabajadores en blanco y los que están en negro. Aún después de cuatro años de crecimiento económico con tasas del 8% anual, se crearon más de 3.500.000 de puestos de trabajo, de los cuales se estima que un 70% es en negro. Cerca del 43% de los trabajadores asalariados no está registrado y según datos de la CTA ganan un 60% menos que los trabajadores en blanco, a pesar de efectuar la misma tarea y sin que se les realice el aporte jubilatorio ni tengan obra social. Esta práctica patronal se extiende a todas las ramas de la producción, llegando a niveles altísimos en el campo, la construcción, los gastronómicos y el servicio doméstico.

Evidentemente, esta forma de contratar trabajadores de segunda significa para la patronal una rebaja de los costos salariales. Si en los ’90 presionaban a la baja del salario con la alta desocupación, hoy (aún con gran desocupación) la clave es el trabajo precario.
La situación de los trabajadores en blanco ilustra claramente los objetivos de la política salarial del gobierno como mecanismo de fragmentación de la clase trabajadora. Por un lado, la fijación de un salario mínimo de 980 pesos, y por el otro, las desgravaciones a los salarios altos y medios (como la anulación del impuesto a las ganancias) potencian una capa de asalariados que se despega del conjunto mientras al mismo tiempo un alto porcentaje continúa por debajo de la línea de pobreza y sometido a condiciones precarias de trabajo en negro.

Del mismo modo, la situación de los trabajadores contratados pone al desnudo la política oficial en materia laboral: si bien muchos contratados figuran como personal registrado, a su vez están encuadrados en convenios muy inferiores al que les correspondería por su actividad cotidiana. De este modo, a pesar de realizar las mismas tareas que los efectivos, los contratados tienen peores salarios y condiciones de trabajo, incluyendo jornadas sin horario fijo, falta de condiciones de seguridad, cobertura médica y jubilación. Como si no bastara, los diarios anunciaron el broche de la división: las empresas dedicadas al reclutamiento y colocación de personal temporario viven uno de los momentos más prósperos de su actividad. Durante el primer trimestre de 2007, “colocaron” a unas 100.000 personas temporarias.

Para recuperar las conquistas arrebatadas y luchar por todas nuestras demandas es necesario superar la dispersión de nuestra fuerza social, soldando desde abajo lo que los patrones, el Estado y los burócratas sindicales se encargan de dividir desde arriba. Es necesario dirigir la proa hacia un rumbo distinto con la finalidad de unir a todos los trabajadores para luchar haciendo efectivas demandas como a igual trabajo igual salario, efectivización de todos los trabajadores, acabar con el trabajo en negro junto a todas las leyes flexibilizadoras, aumento general de salarios indexado de acuerdo a la inflación. En esta dirección, resulta ineludible recuperar las comisiones internas y cuerpos de delegados como organizaciones que unifiquen y representen a todos los trabajadores para centralizar nuestra fuerza social en cada fábrica y establecimiento laboral en la perspectiva de expulsar a los burócratas de los sindicatos.

Derechos sindicales para todos los trabajadores

Una de las grandes ventajas con que cuenta la patronal consiste en la ausencia de derechos sindicales para la gran mayoría de la clase trabajadora.

Una investigación realizada por la FETIA (Federación de Trabajadores de la Industria y Afines-CTA) y FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) revela que “sólo en el 56% de las grandes empresas (aquellas con más de 200 trabajadores) hay comisiones internas o delegados. Este porcentaje se reduce con el tamaño del establecimiento: el 22,7% por ciento en las empresas que tienen de 50 a 200 trabajadores y apenas 7,5 por ciento en las de menos de cincuenta. Sólo un tercio de los trabajadores está afiliado a un sindicato y apenas en algo más de la mitad de las empresas hay algún trabajador afiliado”. Si tomamos nota de que la mayoría de los trabajadores en negro y los más precarizados se encuentran en pequeñas empresas, es evidente que los dirigentes sindicales de la CGT y la CTA han aceptado este orden de cosas dejando a gran parte de la clase obrera en la indefensión total.

Pero por otra parte, el cuadro de situación da cuenta de un gran cambio en lo que fue –históricamente- la organización de la clase obrera argentina. Las comisiones internas y los cuerpos de delegados eran poderosos organismos de base al interior de las fábricas y establecimientos. Paradójicamente, su origen se remite al proceso de estatización de los sindicatos de la mano del peronismo en la segunda mitad de la década del ‘40. La organización obrera tuvo desde entonces un desarrollo altamente contradictorio. Por un lado, fuertes sindicatos nacionales por rama, centralizados en una CGT, no menos poderosa, pero subordinada al Estado y a distintas variantes de la política patronal (mayormente vinculadas al peronismo). Por el otro, las comisiones internas que hundían sus raíces en la base obrera, y en los momentos más álgidos de la lucha de clases, liberadas del control de la burocracia sindical, desplegaron una alta combatividad, como se manifestó durante la Resistencia Peronista contra el golpe gorila desde 1955, las luchas contra el Pacto Social de Perón en 1974, o en 1975 cuando las comisiones internas fueron las organizaciones de base de las coordinadoras interfabriles de Capital y Gran Buenos Aires, que enfrentaron con la huelga general al plan Rodrigo y a Isabel Perón.
Desde la década del ‘40 hasta el golpe militar de 1976 nuestro país tenía una altísima tasa de sindicalización: la mayoría de los trabajadores estaba afiliado a algún sindicato. El “boom” de la posguerra había permitido un crecimiento relativo de la economía expresado en una situación de muy baja desocupación. Estas condiciones hacían de las comisiones internas y los cuerpos de delegados, organizaciones que nucleaban al conjunto de los trabajadores, uniendo a todos los trabajadores de la fábrica, para pelear por las reivindicaciones. Por este motivo estas organizaciones y el activismo obrero de base fueron uno de los objetivos que todos los gobiernos capitalistas, civiles o militares, se propusieron liquidar.

Recuperar la unidad

Desde la dictadura militar hasta nuestros días, por el contrario, la tasa de sindicalización decreció abruptamente. Tras el genocidio de lo más conciente y experimentado de la vanguardia obrera, la ofensiva patronal golpeó sobre la clase trabajadora y sus organizaciones. En la década del ‘90 un gran sector de la burocracia sindical se transformó en una burocracia empresaria haciendo de los sindicatos herramientas dóciles acorde a las necesidades de los capitalistas y sus políticas neoliberales, instrumentadas mediante despidos, reducción de salario y flexibilidad laboral. Las comisiones internas y los cuerpos de delegados se vaciaron de todo contenido de lucha y en muchos establecimientos dejaron de existir.

La recomposición económica desarrollada durante los últimos años trajo como correlato nuevos procesos de reorganización sindical y la elección de nuevos delegados de base apoyados sobre el método asambleario. También han comenzado a dar pelea los sectores más precarizados como es el caso de los trabajadores de las contratistas del subte o de las telefónicas, de los call centers o del correo donde hay gran cantidad de contratados.

La unidad de las filas obreras es una prioridad impostergable para cualquier objetivo de lucha que se proponga la clase obrera. La división es un problema de todos los días. La patronal y la burocracia difunden premeditadamente la ideología del “sentido común” naturalizando la división y la precarización laboral .
Para luchar seriamente por el conjunto de nuestras demandas se torna imperativo superar la división existente y construir allí donde no haya las comisiones internas y los cuerpos de delegados, así como recuperar las existentes de manos de la burocracia sindical para que sean organismos que unifiquen y representen a todos los trabajadores, independientemente de su filiación y modalidad contractual, sean efectivos o contratados, en blanco o en negro, pertenezcan a un convenio u otro. Toda lucha genuina por la recuperación de este tipo de organismos implica un enfrentamiento directo con la burocracia sindical a partir de su remoción de todos los puestos sindicales que ocupa para reemplazarlos por compañeros honestos y combativos elegidos democráticamente por los trabajadores.