Como medida central del engendro de “democratización” del irreformable Consejo de la Magistratura este año se harían las primeras elecciones populares para elegir cuatro académicos, dos abogados y dos jueces, quienes irían en un cuerpo de las boletas de los partidos o alianzas con las que se elegirán legisladores, primero en las PASO (primarias, en agosto) y luego en las generales de octubre.
Se crea una enorme estructura con decenas de nuevos cargos, que actuará como una tercera instancia (cuarta si se considera la de conciliación previa), por sobre los juzgados de primera instancia y las Cámaras de Apelaciones, que le permitirá al Gobierno unificar jurisprudencia según sus intereses, manejar los tiempos del conjunto de las causas y garantizarse una instancia de jueces íntegramente nombrados por ellos, que quedarán en sus puestos más allá del gobierno kirchnerista.
Lejos está la reforma de ser democrática cuando mantiene en pie y amplía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura del que públicamente se conocen sus componendas de los últimos años.