por Carla Lacorte, víctima del gatillo fácil e integrante del CeProDH.

El martes 20 se cumplieron cinco años de la Masacre de la Primera de Quilmes. Aquella noche los policías de esa comisaría le dieron una paliza brutal a los diecisiete pibes detenidos que luego prendieron fuego colchones como protesta. Los que sobrevivieron dicen que entonces los efectivos tardaron a propósito para que el incendio se desarrollara y cuando recién entraron volvieron a golpearlos. Como consecuencia de la asfixia y de las heridas recibidas Diego, de 16 años, Elías, de 15 y Miguel y Manuel, ambos de 17, murieron. A cinco años de los hechos ningún policía está preso y los familiares de los chicos, que nunca bajaron los brazos en su reclamo de justicia, todavía esperan la fecha del juicio. En momentos en que los jóvenes vienen sufriendo una verdadera campaña de criminalización en la que se los culpa por la violencia social originada en una crisis que ellos no provocaron, y a pocos días de que la Cámara de Apelaciones de La Plata autorizara nuevamente la detención de menores en las comisarías (ver aparte) la Masacre de Quilmes es una muestra clara y concluyente de lo que hace la policía con los pibes de los barrios del pueblo trabajador.

Por eso, como todos los años, nos encontramos temprano en la estación de trenes para marchar a los Tribunales. Estaban las Madres de los chicos muertos y otros familiares de víctimas como las madres de Damián Rosende y Víctor Balza, una delegación del Centro de Estudiantes del Normal de Quilmes, el MEDH, el CeProDH y compañeros del PO y el PTS. A la tarde, a pesar de la llovizna, se sumaron también la hermana de Andrea Viera, los hermanos de Nahuel Balsano, muerto este año en Dock Sud en una situación similar a la de los chicos y otros e hicimos un emotivo acto en el que denunciamos la impunidad existente en éste y otros casos de brutalidad policial así como la campaña de criminalización de la juventud y de la pobreza que apunta a fortalecer el control social en los barrios y naturalizar e incrementar la presencia policial en las calles para reprimir a los que luchan, cuando haga falta, como vimos con las obreras y obreros de Terrabusi. En este sentido venimos llevando adelante una fuerte campaña de denuncia a nivel regional y estamos preparando una marcha común de familiares de víctimas de la represión e impunidad, organismos de derechos humanos y organizaciones obreras y estudiantiles de la zona sur para el 10 de noviembre. Seguimos sosteniendo, como decían las obreras de la textil Brukman, “si nos tocan a uno, nos tocan a todos”.