Unos días antes pedían “una salida consensuada” entre el gobierno y la Repsol, pero ni bien se anunció la expropiación de parte de YPF los sindicatos petroleros arrancaron la disputa por su lugar en la “nueva” sociedad, que incluye una silla en el directorio de la empresa. Pero, ¿qué rol jugaron los burócratas del petróleo en estos años?

El modelo Cassia-Daer

Cuando Carlos Menem impulsó la privatización de YPF, la burocracia petrolera avaló esa entrega.

Antonio Cassia, dirigente del Sindicato Unido de Petroleros del Estado (SUPE), acompañaría la política menemista como diputado. Diego Ibañez haría lo mismo, como secretario general del gremio.

Fueron miles de despidos y la liquidación del convenio de 1975, con las 35 horas semanales, la estabilidad laboral, la reducción del número y las atribuciones de los delegados dentro de yacimientos y destilerías. A cambio el sindicato recibió el control del 10% de las acciones, pero además pasó a organizar más de 200 cooperativas de servicios, que recibieron contratos de perforación en los yacimientos privatizados, y subsidios para comprar maquinaria. El SUPE había nacido en los años 40, hasta convertirse en paradigma del sindicalismo peronista. En los 90 se transformaría en una burocracia empresaria, socia menor de las multinacionales.
La CGT dejaría pasar el brutal ataque y en 1994 entronaría a Cassia como titular de la central obrera. Durante la gestión de Rodolfo Daer se concretaba la venta total a Repsol, y las reformas laborales que extendían la flexibilización y los contratos basura.

El modelo Pereyra-Moyano

Con la privatización total de YPF, los sindicatos de petroleros privados ganaron peso, pero los trabajadores sufrieron una atomización a través de la multiplicación de gremios regionales y la tercerización bajo otros convenios.
En Santa Cruz, las rebeliones petroleras marcaron la última década. En abril del año pasado, el reclamo por convenio, salario y democracia sindical había generado una impresionante movilización obrera, con asambleas de 6.000 trabajadores. La respuesta del gobierno fue la represión de los piquetes y la militarización de los pozos. La respuesta de la burocracia fue la intervención del gremio por parte de la Federación Nacional.

En Neuquén, Guillermo Pereyra dirige con mano dura los destinos del Sindicato de Petroleros Privados. Como nos cuenta un petrolero de Rincón de los Sauces, “desde los 90 se han perdido puestos de trabajo, las empresas se han llevado millones, no podemos abastecer de combustibles a nuestro pueblo. La burocracia ha sido cómplice de todo eso. Pereyra ha tenido afinidad con la Repsol estos años, y ha sido parte de la firma de un acuerdo de “paz social” con la Presidenta y las empresas. Hace poco, en una asamblea donde invitó a Hugo Moyano, dijo que no iba a avalar que se le revoquen las áreas a Repsol, ni que se vaya de la zona. No se sabe cómo va a actuar, pero hace pocos días falleció un compañero tercerizado de YPF, que cayó de una torre de 70 metros, y no hubo paro para denunciar las condiciones de seguridad. Esta ‘estatización’ es mentirosa, vamos a cambiar de patrones con otras operadoras que los trabajadores ya conocemos”.

Burocracia y petróleo

La Juventud Sindical moyanista sintetiza el modelo:“en un país dependiente, el único actor que puede actuar como “burguesía” estratégica nacional es el propio Estado. Por eso acompañamos esta iniciativa y expresamos el anhelo de protagonismo de los trabajadores en la futura gestión, teniendo en cuenta la tradición de lucha de los trabajadores petroleros, la responsabilidad y el conocimiento de la actividad. Claro ejemplo es el Sindicato de Petroleros Privados, que incluso ha logrado la participación de los trabajadores en las ganancias de empresas privadas” (www.juventudsindical.com).

Mal que le pese al moyanismo, la historia de la Argentina y del peronismo demuestra que no sólo la llamada “burguesía nacional”, sino que tampoco este Estado llevarán adelante la lucha en defensa de los intereses nacionales. Como demuestra incluso la medida anunciada por Cristina Kirchner, seguirán siendo garantes de la entrega al imperialismo. Tampoco la burocracia sindical, justamente por estar asociada al Estado y las multinacionales, podrá cumplir un rol progresivo en la recuperación plena de los recursos naturales.

León Trotsky analizaba, en los años 40, la situación de los sindicatos en medio del constante regateo entre el capital imperialista y los gobiernos de los países semicoloniales. “Los sindicatos permanecen bajo la custodia especial del Estado o son sometidos a una cruel persecución. Ese tutelaje por parte del Estado está dictado por dos tareas que éste tiene que afrontar: atraerse a la clase obrera a su lado, ganando así un apoyo para la resistencia contra las pretensiones excesivas por parte del imperialismo, y al mismo tiempo, disciplinar a los trabajadores poniéndolos bajo el control de una burocracia” (Los sindicatos en la época del imperialismo).

Alianzas estratégicas

La burocracia ya se venía preparando para los cambios. Por eso hace pocas semanas Julio De Vido había participado de la creación de la Confederación de Trabajadores de la Energía, presidida por Cassia y Pereyra. Allí el ministro agradeció a “los sindicatos han sido realmente pilares en el plan energético nacional. La designación de ‘Coco’ Cassia marca la reivindicación de toda una historia gremial. Y esto reafirma lo importante que es para este gobierno contar con Confederaciones que permitan profundizar la alianza estratégica que tiene con los trabajadores, y también con el capital” (http://www.minplan.gob.ar).

Los burócratas sindicales, detrás de los floridos discursos, discuten la silla en el directorio y las futuras migajas en el banquete. A cambio prometen continuar con el matonaje contra los trabajadores de base, y la paz social con las multinacionales.

Por eso Trotsky, además del análisis, planteaba dos tareas fundamentales para los sindicatos en nuestra época. “La primera consigna es: independencia completa e incondicional de los sindicatos frente al Estado capitalista. La segunda: democracia sindical”.

En definitiva, la expulsión de la burocracia sindical es una condición para que la administración obrera sobre los hidrocarburos – que deben ser expropiados en su totalidad y sin pago – sea efectivamente una gestión de los trabajadores. De esa manera los recursos estratégicos podrán ser parte de un plan elaborado en beneficio de las grandes mayorías populares.