Las autoridades de la empresa Pastora Neuquén SA imposibilitaron el ingreso de una trabajadora que había sido despedida, cuya restitución en funciones fue ordenada por la Justicia neuquina, por entender que fue objeto de una práctica discriminatoria.

Ayer, María Inés Cabrera concurrió al predio de la firma textil ubicada en el Parque Industrial para volver a su puesto de maquinista de hilado, tras un fallo judicial que obliga a la empresa a reincorporala en un plazo no mayor a cinco días. El plazo vencería el próximo martes. Y el de ayer, en rigor, podría ser el primero de los intentos de la operaria.

Un grupo de unas 40 personas, entre ellas obreros de la Cerámica Zanon y del colectivo feminista Pan y Rosas, fueron a darle su apoyo y a presionar para que sea reincorporada.

Según informó ayer el abogado de Cabrera, Leopoldo Denaday, el fallo no había sido apelado. Y en consecuencia, para la firma se abriría un plazo que caducaría el próximo martes para permitir el ingreso.

Cerca de las 14, la operaria logró sortear el primero de los portones de la fábrica. Un guardia de seguridad que dijo obedecer órdenes de sus superiores, no le permitió el ingreso. Ante la presión ejercida por quienes la acompañaron, el hombre cedió. Pero fue detenida por la guardia luego de pasar el segundo de los portones, junto al tráiler de la guardia.

Su abogado, que ingresó detrás de ella, exigió que se respetara el fallo que tenía en sus manos. Y solicitó hablar con los responsables de la firma, pero no tuvo respuestas. También junto al segundo portón, una veintena de personas exigieron la inmediata reincorporación.

Cabrera recibió muestras de apoyo desde el interior de la fábrica, de otros compañeros. Incluso un grupo de los que terminaba su turno quedó a la espera del desenlace.

Más de una hora después, Cabrera quiso entrar por la puerta de entrada de la fábrica. Denaday informó que el acceso "estaba cerrado" y que por eso no pudo entrar a cumplir con sus funciones. Hoy, dijo el letrado, concurrirán y dejarán constancia de lo sucedido en la Justicia.

El caso se originó en el 2003. La mujer se enteró de que producto de un acuerdo entre la empresa y el gremio, una suba de 200 pesos dispuesta por el gobierno nacional había sido absorbida por otros rubros salariales. Tras protestar varios meses, la despidieron y quisieron indemnizarla. Ella se negó a cobrar, e hizo la denuncia.

En su fallo, la Justicia considera que su despido fue un acto discriminatorio y por eso ordenó su restitución.