La cámara lo registró justo. Los abogados del CELS llevaban dos horas de alegato cuando las pantallas de la sala mostraron a José Pedraza con la cabeza gacha, durmiendo en silencio. La secuencia se repitió durante esas diez horas de alegato, pero no volvió a ser filmada. Tampoco grabaron las cámaras del Poder Judicial al viejo burócrata asesino saludando a su familia, que sigue el juicio -junto a los familiares de otros acusados- desde el primer piso, lugar de oscuro privilegio, alejados y a resguardo del público y la prensa que ocupan la planta baja.

La audiencia comenzó con el descargo del comisario Lompizano, por cuya ausencia el viernes 15 se postergó el comienzo de los alegatos. Pese a sus frágiles excusas y a que la fiscal pidió su detención, finalmente el tribunal resolvió dejarlo libre con la posibilidad (como el resto de los policías juzgados) de que se fugue.

“Una cacería humana”

Así definieron los abogados los hechos de aquel 20 de octubre, fundamentando por qué pedirían prisión perpetua para 14 de los 17 imputados. Comenzaron por los instigadores, José Pedraza y su ladero el “Gallego” Fernández. Siguieron por los coautores, la patota al mando de Pablo Díaz. Luego pidieron cambio de carátula para seis de los siete policías imputados inicialmente por “abandono de persona”, al demostrar que en verdad fueron partícipes necesarios del “plan criminal, la cacería humana”, y reclamaron también perpetua para ellos.

El alegato se apoyó en gran medida en lo aportado por decenas de testigos. Muchos de ellos ferroviarios que luchan contra la Verde, quienes al otro día de declarar volvieron a sus puestos a seguir enfrentando los aprietes del pedracismo, que sigue ostentando su poder al amparo del Estado.

A su vez las defensas de los acusados, sin quererlo, también aportaron elementos de los cuales después renegarían por jugarles en contra.

Móvil del crimen

No perder la hegemonía política en el gremio y mantener sus negocios millonarios. No es una sin la otra. Así, a través de un exhaustivo desarrollo jurídico-técnico, los abogados demostraron cuál fue el móvil del crimen.

La hegemonía política, lograda con la incorporación a dedo de trabajadores a la planta permanente, garantizándose la fidelidad “verde”. Una lógica, alegaron desde el CELS, que los llevó a perseguir, amenazar, atacar y hasta matar a los opositores. Premios y castigos, como declararon varios testigos: “si no vas a las actividades que te convocan te quedás sin el apoyo del gremio, así fuimos a River” (en referencia al acto que una semana antes del crimen organizó Moyano junto a CFK y al que concurrió la Unión Ferroviaria).

Y un negocio millonario sustentado en el fraude laboral de la tercerización, contratando en empresas manejadas por ellos mismos a trabajadores fuera del convenio colectivo. Pablo Villalba, ferroviario tercerizado protagonista de la lucha de 2010, relató en el juicio esa pelea librada no sólo contra la cúpula del gremio sino también contra el Ministerio de Trabajo. Quedó demostrado que Pedraza se hizo millonario, entre otras cosas, por esa gran estafa laboral inaugurada en los ’90 con el modelo de flexibilización menemista y mantenida durante estos diez años de kirchnerismo.

Mientras las defensas intentaron presentar los hechos como un crimen en riña, quedó probado en el juicio que ambos “bandos” peleaban por cosas diferentes. Los tercerizados por mejores condiciones laborales, ejerciendo su legítimo derecho de peticionar y manifestarse. El pedracismo por sus privilegios, atacando y matando. Por eso, como dijeron los abogados, los heridos y el asesinado eran manifestantes, mientras que la policía garantizó el ataque de la patota y su retirada impune.

No están todos los que fueron

Las pruebas, los testigos y hasta las “confesiones” de los acusados y sus cómplices evidencian, como expresaron los abogados del CELS, un “pacto” de poder entre la cúpula sindical, la UGOFE y la Secretaría de Transporte de la Nación. Pero acá no hay empresarios ni funcionarios juzgados. Todo lo visto y oído en el juicio indica que para saber toda la verdad y lograr una justicia abarcativa no alcanza con condenar a los 17 acusados. Correctamente el CELS pidió en su alegato que se investigue y procese a otros integrantes de la Verde por ser parte del plan criminal. Pero no hubo pedidos para que se investigue y procese a Juan Pablo Schiavi y Antonio Luna, funcionarios de estrechos lazos con el pedracismo; ni a Carlos Tomada, quien meses después del crimen siguió amparando y negociando con Pedraza; ni a Aníbal Fernández, entonces ministro del Interior y jefe de los policías partícipes del crimen; ni a los gerentes de UGOFE, socios de la Verde en cada una de sus “empresas”. Esta es una gran limitación en la búsqueda de juicio y castigo a todos los culpables, para que nunca más haya un crimen como el de Mariano.

Este viernes alegarán las abogadas del PO y CORREPI, en representación de la otra querella. Después será el turno de la fiscalía y las defensas.
¿Por qué duerme en silencio Pedraza mientras piden su prisión perpetua? ¿Está muy viejo? ¿Sobremedicado? ¿O descansa tranquilo porque todavía confía en la impunidad con la que siempre contó?

La perpetua para él, su patota y los policías sólo la conseguiremos con la movilización obrera y popular.

En el marco del comienzo de los alegatos, el PTS junto al PO y otras organizaciones sociales y de la izquierda se movilizó a los tribunales de Comodoro Py (Retiro). Allí estuvieron Christian Castillo, Myriam Bregman, Flavio Bustillo y Pablo Villalba junto a otros dirigentes y personalidades como Néstor Pitrola, Rubén “Pollo” Sobrero, Roberto Pianelli y Nora Cortiñas de Madres Línea Fundadora, entre otros.

La juventud del PTS, los ferroviarios de la Agrupación Ferroviaria Naranja, los docentes de La 9 de Abril, los estatales de La Marrón, telefónicos y de otros gremios estuvimos el viernes 15, el martes 19 y estaremos el viernes 22 (días de alegatos de las querellas), como en cada nueva movilización hasta la sentencia. Sólo la movilización obrera y popular garantizará la condena para todos los asesinos de Mariano.