En su discurso de asunción, Cristina reafirma la épica con la que el kirchnerismo va a atravesar su segundo mandato.

La epopeya, como subgénero épico, es la narración de la devoción y el sacrificio que el héroe realiza en beneficio de su pueblo. Traducido a slogan de campaña, Cristina asume para custodiar que la “fuerza de todos” no se vea alterada por intereses sectoriales o corporativos.

En esta tónica, la presidenta elige una forma interrogativa para sindicar a sus oponentes. Cristina se pregunta, en un pasaje de su discurso, si en la Constitución peronista de 1949 figuraba el derecho a huelga. Entonces en el recinto surge un dialogo atípico. Graciela Camaño le grita que con Perón no había conflictos. Cristina responde irónica: “¡Ah, no había conflicto con Perón! ¡Mirá qué bien! ¡Qué bueno que está esto! O sea que cuando estaba Perón no había derecho a huelga. Lo digo por los que reivindican a Perón y nos critican a nosotros. Con nosotros, derecho de huelga hay; pero derecho de huelga, no de chantaje ni de extorsión”.

La respuesta escarba en la relación de Perón con el movimiento obrero, pero sobre todo deja en claro que los antagonistas de esta nueva epopeya no son ni las corporaciones empresarias, ni el imperialismo, ni los sojeros, sino quienes hagan uso de la huelga. Una posición que la UIA o cualquier gorila aplaudiría sin demora, por más que esta épica aparezca disfrazada con el barniz de las libertades democráticas otorgadas y bajo el lema del bienestar general.

Cristina dispara contra los trabajadores, comisiones internas o sindicatos que pretendan pelear por una paritaria superior al 20%. El “nunca menos” se convierte en el “nunca más” de la lucha reivindicativa. Y encima los que pretendan superar este techo salarial serán acusados de “egoístas” porque ahora resulta que la lucha económica de los trabajadores en blanco atenta para seguir aumentando las modestas jubilaciones o para mantener la asignación universal para los pobres.

La Constitución del 49 y las huelgas obreras bajo Perón

Para justificar la exclusión del derecho de huelga en la Constitución del ’49, Sampay (1) escribe: “El derecho de huelga es un derecho natural del hombre en el campo del trabajo (…) pero si bien existe un derecho natural de huelga no puede haber un derecho positivo de huelga, porque es evidente que la huelga implica un rompimiento con el orden jurídico establecido, que, como tal, tiene la pretensión de ser un orden justo, y no olvidemos que la exclusión del recurso a la fuerza es el fin de toda organización social...”

La frase no es contradictoria con el objetivo peronista, que es mantener la organización social existente, es decir el capitalismo. Ya al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, el Coronel Perón habla de armonizar los intereses entre capital y trabajo. Les dice a los sindicatos –empalmando con una vieja aspiración sindicalista– que el fin del Estado pasa por suprimir la lucha de clases.

¿Qué es la huelga?, un derecho elemental de los trabajadores para defenderse de los ataques del capital, y en algunos casos una escuela de guerra. Por eso, el peronismo se niega a darle rango constitucional, aunque se viera obligado a otorgar las concesiones que en ese momento histórico impone la relación de fuerza entre las clases.

No obstante, si bien el peronismo llegó a estatizar los sindicatos y a cooptar a sus dirigentes, nunca pudo controlar ese “derecho natural”. De este modo, el mito de la armonía de clases no tiene asidero real.

Entre los años 1946 y 1948 se suceden huelgas por demandas insatisfechas en gráficos, azucareros, frigoríficos, marítimos, bancarios y ferroviarios y en algunos casos éstas son dirigidas por sindicatos peronistas. Y aunque el régimen debe mostrar cierta tolerancia, no deja de intervenir sindicatos ni de ilegalizar alguna de estas huelgas.

La historiadora Doyon dice que “esta política alcanzó su expresión plena durante los dos años siguientes. Los movimientos huelguísticos eran identificados por el régimen como formando parte de un complot comunista para sabotear la política económica del gobierno, pero ello (...) sólo fue utilizado como táctica propagandística para marginar a los dirigentes obreros más combativos”.

A fines de 1948 cambian las condiciones económicas favorables y con la crisis, la inflación comienza a devorarse los salarios. En este contexto, en 1949 se reforma la Constitución y junto con la afirmación de muchos de los rasgos del gobierno peronista, incluida la reelección presidencial, se excluye el derecho de huelga. Y la burocratización de la CGT pega un salto. Sin embargo, el gobierno de Perón no logra evitar los conflictos.

El caso de la huelga marítima de 1950 (que dura cuatro meses y es llevada adelante por una dirección sindicalista que busca mantener cierta independencia pero que no es hostil a Perón) sirve como ejemplo: Los trabajadores van a ser duramente reprimidos; se asedia y se encarcela a los huelguistas; los medios oficialistas no registran la lucha; el Ministerio de Trabajo declara ilegal el movimiento y con la ayuda de la CGT se envían rompehuelgas; el Ministerio del Interior manda a infiltrar a la Gendarmería Nacional para que elabore informes secretos sobre los dirigentes y estado de la huelga (cualquier parecido con la Causa Panamericana no es mera coincidencia).

En los años siguientes, el aumento de la productividad del trabajo se vuelve una necesidad imperiosa para la burguesía. El gobierno peronista profundiza en su intento de disciplinar el movimiento obrero y tiene como blanco a las organizaciones de base y las comisiones internas.

Cristina nos remonta a 1949 para darnos una pauta de cómo se dispone a actuar su gobierno si la crisis se dispara. Como se ve, el suyo es un discurso peronista para los tiempos que corren.