Los distintos organismos de derechos humanos de Neuquén realizaron esta mañana una conferencia de prensa en las puertas de la sede de AMUC, donde se desarrolla el juicio “La Escuelita” por crímenes de lesa humanidad, para manifestar su repudio al protocolo contra la protesta social del gobierno de Macri y su adhesión al proyecto de resolución presentado en la Legislatura por el diputado Raúl Godoy (PTS-FIT) que propone el rechazo a dicho protocolo. La Asociación Madres de Plaza de Mayo Neuquén y Alto Valle, la APDH, la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos, el Ce.Pro.D.H., la Asociación Zainuco y el Grupo de Apoyo a Madres presentaron además en la Legislatura una nota manifestando su adhesión al proyecto del FIT y adelantaron que solicitarán al conjunto de los diputados su tratamiento y aprobación.

Natalia Hormazabal del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos aseguró que “hoy el conjunto de los organismos de derechos humanos de Neuquén estamos acá para repudiar en conjunto el protocolo de Macri que pretende regimentar y criminalizar la protesta social, lo que significa un salto en la política represiva desde el Estado. Ya existen más de cinco mil procesado por luchar desde el anterior gobierno, y con este protocolo se pretende dar un salto aún mayor con la política punitiva del Estado y dar mayor poder a las fuerzas represivas. Por eso los organismos estamos apoyando el proyecto presentado por Raúl Godoy, para que sea tratado en la Legislatura”.

Por su parte, Inés Ragni y Lolín Rigoni de Madres de Plaza de Mayo coincidieron en señalar que “con este protocolo lo que se pretende es condenar a las personas que salen a movilizarse, pero el problema de fondo son las causas por las que todos nos movilizamos. Nadie corta una calle o hace una marcha porque sí, la gente sale a la calle porque hay demandas pendientes a las que no se les da ninguna respuesta”.

A su turno, Noemí Labrune de la APDH aseguró que “la no adhesión del gobernador Gutierrez al protocolo es sólo una postura, ya que todo lo que dice el MPN sobre el protocolo es aplicable a lo que hacen ellos en la provincia. No nos olvidemos que es el partido de gobierno que en el 2007 asesinó al docente Carlos Fuentealba en un corte de ruta.”

Finalmente Raúl Godoy dijo que “para nosotros es importante este apoyo de los organismos de derechos humanos al proyecto que presentamos, porque más allá de la no adhesión del gobierno provincial al protocolo, la Legislatura debería manifestar su rechazo y exigir que el mismo sea anulado en todo el país”.

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