El PTS fue parte de la nueva movilización, desde Congreso a Plaza de Mayo, convocada por las decenas de organizaciones que integran el Encuentro Memoria Verdad y Justicia.
La marcha estuvo encabezada por los organismos de derechos humanos convocantes, seguidos por centros de estudiantes secundarios, la FUBA, diversas organizaciones sociales, y los partidos de izquierda.

La columna del PTS fue una de las más numerosas, con una bandera que reclamaba la realización de una Asamblea Nacional de Lucha contra la impunidad, como forma de dar impulso a la lucha por la aparición con vida de Jorge Julio López y el castigo a todos los genocidas. La cabecera de la columna estuvo formada por decenas de dirigentes obreros de la alimentación, ferroviarios, del ARS, telefónicos, jaboneros, siderúrgicos, de aguas gaseosas, estatales y docentes, junto a hijos de desaparecidos y ex presos políticos, luego de los cuales se encolumnaron trabajadores y estudiantes de Capital, de diversos municipios del Gran Buenos Aires y de La Plata.

En Plaza de Mayo, luego de varios números artísticos, se dio lectura al documento común, que transcribimos a continuación:

“Se cumplen hoy dos meses del secuestro y desaparición de Jorge Julio López.
Durante todo este tiempo, a lo largo y ancho del país nos hemos convocado en los lugares de estudio y trabajo, en las plazas, en las calles, coreando la misma consigna de hace treinta años y exigiendo la aparición con vida de nuestro compañero.
Ante la campaña de silenciamiento que pretende sacar el tema de la escena pública, reafirmamos que nuestro pueblo tiene memoria. Estamos hoy aquí firmes en el espíritu de lucha por la aparición con vida de Julio y por el castigo a los culpables, con el mismo compromiso que él y nosotros asumimos con nuestros 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos.
Las amenazas contra los querellantes, testigos, abogados, jueces, fiscales durante el juicio a Etchecolatz, se ampliaron en todo el país, desatando una feroz campaña intimidatoria contra militantes populares.
El gobierno nacional y el provincial han impuesto un manto de silencio ante nuestra exigencia al Estado de aparición con vida de López y a nuestra demanda de información pública sobre la investigación de los hechos, investigación que es su responsabilidad ante el pueblo.
Como decimos desde el primer día debieron y deben buscar en la Policía Bonaerense, en todos los organismos represivos y en la derecha fascista que se reúne en la Plaza San Martín a reivindicar la tortura y la muerte.
Es de allí de donde provienen las amenazas a periodistas; las golpizas y detenciones de militantes populares como Pablo Giachello en La Plata; las torturas sufridas por María y Ariel Montes en la comisaría de Mármol; el secuestro durante varias horas de Ramiro Gonzalez; los ataques y pintadas fascistas a locales de organizaciones sociales y políticas. Es allí donde deben buscar a los responsables del cadáver baleado y calcinado que apareció en el camino negro de Punta Lara y que, en un acto exhibicionista de impunidad, se dio como una información natural. El domicilio de uno de los testigos supuestamente protegidos fue violentado estando la policía custodiando la puerta.
Todos estos hechos son diferentes expresiones de un aparato represivo que sigue impune.
Denunciamos también que, al amparo de este clima enrarecido, sucedieron en este tiempo hechos gravísimos que involucran al gobierno nacional, como la protección de la policía federal a la patota de Alberto Fernández que golpeo brutalmente a los trabajadores del Hospital Francés, trabajadores que hoy están procesados.
Tenemos que reiterar nuestra afirmación de hace un mes: hasta hoy no tenemos respuestas concretas a nuestras exigencias. Este silencio del gobierno, a esta altura hace presuponer un alto grado de complicidad.
Es responsabilidad de la derecha fascista y procesista y de sus aliados, la desaparición de López. Y el gobierno tiene responsabilidad por la falta de acción para terminar con la impunidad del aparato represivo de la dictadura que permanece enquistado en las diversas esferas del estado.
Las amenazas telefónicas y escritas, y las agresiones recibidas, no solo no se han investigado y la respuesta de las autoridades es el silencio.
Kirchner tiene responsabilidad política por la aparición con vida de López y tiene responsabilidad política por que no anulo los indultos y por que siguen miles de represores en actividad dentro del aparato del Estado.
El gobierno nacional, desde que asumió, dice defender los Derechos Humanos. El propio presidente Kirchner, en un acto en Ezeiza el 20 de octubre, dijo que "Julio López es victima de los que quieren la amnistía y la impunidad" pero no dice quienes son.
Tampoco busca a Julio como victima de un posible secuestro, sino como un extraviado más.
Tampoco informa que hacen para encontrarlo.
Tampoco publica las listas de genocidas que aún revistan en las fuerzas armadas, de seguridad y policiales.
Tampoco disuelve la Side y los órganos de espionaje.
Todo eso, que el gobierno de Kirchner no hace, facilita la impunidad.
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires reconoció explícitamente ante nuestras denuncias, que un centenar de represores seguían en actividad en la policía provincial y se comprometió a exonerarlos. Sin embargo, solo "jubiló" a una parte, cuando dicha afirmación tenia que corresponderse inmediatamente con la expulsión de la totalidad y la realización de una urgente investigación acerca de su eventual complicidad en el secuestro de Julio.
Al llamado público del dictador Bignone dirigido a los jóvenes para que concluyan la masacre de la dictadura, solo se respondió con la denuncia de un fiscal dirigida a quitarle la jubilación de 15.000 pesos mensuales. El Poder Ejecutivo debió anular inmediatamente el indulto que lo protege y el Poder Judicial encarcelarlo por su pasado y presente genocida.
En este contexto un grupo de Diputados Nacionales, a solicitud del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia presento un proyecto de nulidad de los indultos y pidió una sesión especial para el miércoles 15 de noviembre. Denunciamos que el oficialismo no dio quórum para su tratamiento.
Esta es la repuesta que el gobierno y los legisladores que le responden han dado a la impunidad de los genocidas.
Denunciamos que la actitud del gobierno, facilito y facilita a los resabios de la dictadura y a sus actuales seguidores ganar confianza y tomar fuerzas para desarrollar acciones como la que hoy sufrimos el conjunto de los argentinos con el secuestro, una vez más, de Julio López.
Los genocidas gozaron durante 20 años de la total impunidad que les brindaron los gobiernos constitucionales de Alfonsín, Menem, De la Rúa y Duhalde. Con la inclaudicable lucha popular conseguimos la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la reapertura de los juicios y la primera sentencia en la que se condena a un verdugo por su accionar genocida.
Sólo el pueblo movilizado y manifestando en todo el país logrará que la desaparición de López no sea la respuesta. A las patotas asesinas responderemos con más movilización y más lucha hasta que el último de ellos termine donde le corresponde: tras las rejas.
Exigimos al Gobierno Nacional y a los gobiernos provinciales que ordenen la inmediata remoción de todos aquellos, militares, policías y civiles, que cumplieron funciones en los campos de concentración y centrales de inteligencia de la dictadura.
Exigimos al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal que remueva de sus cargos a los jueces y fiscales cómplices de la dictadura.
Exigimos al Gobierno Nacional y al Poder Legislativo la inmediata nulidad de los indultos a los genocidas
Exigimos al Poder Judicial el juicio y castigo en cárcel común a todos los represores por todos los compañeros.
Exigimos al gobierno nacional la Aparición con Vida YA de Julio López y el castigo a los culpables.
 
AHORA, AHORA, RESULTA INDISPENSABLE, APARICION CON VIDA Y CASTIGO A LOS CULPABLES!
 
EXIGIMOS AL GOBIERNO LA APARICIÓN CON VIDA YA DE JULIO LÓPEZ!

NULIDAD INMEDIATA DE LOS INDULTOS A LOS GENOCIDAS!
 
EL APARATO REPRESIVO SIGUE IMPUNE. JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES!”