La detención de un adolescente de 15 años acusado de asesinar a Fabián Esquivel en la localidad de Tolosa reavivó nuevamente la polémica reaccionaria sobre la baja de la edad de imputabilidad, cuando comienza a despuntar el umbral del año electoral y las internas partidarias.

Acorde a su tradicional inclinación hacia las políticas de mano dura, y con un ojo en las encuestas, el gobernador bonaerense Daniel Scioli exigió la sanción inmediata de la baja de la edad de imputabilidad a 14 años seguida de una reforma del Código Penal.

Ni lerdos ni perezosos, gran parte de los bloques de la oposición como el PRO, el radicalismo y el peronismo federal, solicitaron la convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar un régimen penal juvenil desde los 14 años. Desde la Coalición Cívica, Elisa Carrió reivindicó un proyecto de su autoría para tipificar la sanción penal de los menores hasta 14 años, mientras el diputado Juan Carlos Vega llamó a terminar con el “garantismo liberal” que augura “los derechos de los delincuentes” en oposición al “garantismo social” que asegura “los derechos de la sociedad como víctima”. Con diversos matices, todos ellos se proponen el aislamiento coercitivo de los jóvenes pobres, tal como demostraron cuando presentaron el proyecto de Servicio Cívico Voluntario, una iniciativa aberrante para militarizar a los jóvenes pobres en los cuarteles de las Fuerzas Armadas con la finalidad de brindarles “educación” bajo el rigor de la disciplina marcial.

“Puede parecer lógico bajar la edad de 16 a 14” dijo Cristina, sorprendiendo a propios y ajenos, aunque a renglón seguido afirmó que “el problema no pasa por la edad” sino por la creación de “un instrumento de adecuación a los tiempos que corren”. Cristina adelanta la interna con Scioli que se dará en marzo en la Cámara de Diputados, donde los derechistas pretenderán imponer la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, a partir de la media sanción ya obtenida en la Cámara de Senadores en julio de 2009, que contó incluso con el voto unánime del Frente Para la Victoria. Más claramente distanciándose de las posiciones derechistas, el presidente del bloque de diputados del FPV, Agustín Rossi, declaró que junto a los bloques de Martín Sabbatella, Proyecto Sur, GEN y el socialismo votaron un dictamen en la comisión de Legislación Penal y Familia para crear el régimen penal juvenil, con las mismas características que el obtenido en la media sanción de Senadores, pero manteniendo la edad de imputabilidad en 16 años. Complementariamente, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y la ministra de Seguridad, Nilda Garré, agregaron que “los jueces tienen las herramientas necesarias para detener a los menores en caso de peligrosidad”. “Que no sea imputable no implica que pueda estar en la calle, caminando como si no hubiera pasado nada... hoy existen todas las herramientas legales para que los que son peligrosos para la sociedad, estén entre rejas”, aclaró Randazzo.

En efecto, ahora los progresistas de los diversos pelajes se proponen crear un régimen penal juvenil entre los 16 y los 17 años para encerrar a los jóvenes pobres en “cárceles especiales”. Para los menores de 16 mantendrían la vigencia del decreto ley 22.738, sancionado por la dictadura militar en 1980, el que condena a los menores a la tutela compulsiva del Estado a partir de la arbitrariedad de la policía y la justicia, instituciones que pueden privarlos de la libertad en institutos cerrados hasta los 21 años. Fundada sobre base de la vieja ley de Patronato de Menores de 1919, la ley 22.738 autoriza el encierro de menores “en situación de abandono” o “peligro moral o material”, reforzada por la ley provincial bonaerense 13.634, que garantiza la celeridad del proceso en apenas 12 horas. Según un estudio de UNICEF y la extinta Secretaría de Derechos Humanos, en 2009 había más de 20.000 niños en institutos de menores privados de su libertad, de los cuales el 87,1% fue encerrado por situaciones derivadas de pobreza y marginación. ¡Vaya si el Estado no tiene “herramientas legales” para detener menores! Evidentemente, los progresistas están en las antípodas de las necesidades de los niños y adolescentes pobres, hijos de los sectores más desposeídos de la clase trabajadora.

Derecho a la educación y al trabajo para todos

El experto en temas de minoridad Nils Kasberg, director regional de UNICEF para América Latina, declaró que “es una medida demagógica bajar la edad porque se discute una ley por 15 homicidios dolosos por año cometidos por menores de 15” (Página12, 21/01), aspecto que también destacó el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, quien señaló que “hay muy pocos homicidios o delitos graves cometidos por chicos en las edades que van de los 14 a los 16 años (Página12, 23/01). Efectivamente, de 5.798 causas presentadas en el Fuero Penal Juvenil de La Plata durante los dos últimos años, sólo 150 fueron consideradas graves, de las cuales apenas 6 fueron sancionadas por tratarse de homicidios dolosos. Claro que las 6 causas se multiplicaron por miles a partir de la repetición sistemática que efectúan los medios de comunicación diariamente.

Indudablemente, siempre el hilo se corta por la hebra más delgada. Estas políticas represivas condenan a los menores como un reaseguro para mantener la impunidad del circuito delictivo de reclutamiento de jóvenes pobres, a instancias de la policía, la justicia, los punteros barriales y los empresarios.
Desaparecido en diciembre de 2009 tras ser amenazado por la policía para robar en su provecho, el joven Luciano Arruga constituye todo un testimonio de la trama delictiva donde los niños y los adolescentes forman el eslabón más débil de la cadena. En ese sentido, el juez Luis Arias denunció que “existe una situación de delincuencia política” porque “los punteros y la policía reclutan menores para delinquir” mientras “todas las denuncias fueron archivadas o demoradas hasta quedar en el olvido” (La Nación, 21/01).

Tanto la baja de la edad de imputabilidad como la creación de un régimen penal juvenil son parte del engranaje de las políticas de “seguridad” que suponen la naturalización de la pobreza que afecta al 30% de la población, mientras más 600.000 jóvenes del conurbano bonaerense entre 15 y 21 años no estudian ni trabajan, carentes de toda perspectiva de vida. Después de ocho años de crecimiento económico a tasas chinas, los empresarios embolsan ganancias extraordinarias en tanto el 75% de los trabajadores percibe salarios inferiores a $2000. La descomposición social provocada por el sistema capitalista al mismo tiempo que arroja a la marginalidad y el delito a las franjas más desposeídas genera una legislación represiva para condenar sus consecuencias inherentes con el puño blindado del Estado.

Si los progresistas se precian de ser tales por lo menos deberían impulsar el derecho a la educación de todos los niños y adolescentes con un sistema de becas financiadas íntegramente por el Estado, así como promover centros recreacionales y deportivos en los barrios más humildes, prácticamente inexistentes, pues de acuerdo a un estudio del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina de la CTA de Hugo Yasky, “la asignación por hijo no tuvo el impacto esperado en la reducción de la pobreza” (La Nación, 22/01).

Los socialistas revolucionarios pensamos que la erradicación de la pobreza y sus consecuencias exige medidas drásticas contra los grandes capitalistas.

Para garantizar trabajo para todos es necesario imponer un plan de obras públicas que construya vivienda digna, cloacas, acueductos, caminos, escuelas, hospitales y toda la infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades populares, financiado con impuestos progresivos a los terratenientes y los grandes empresarios y el no pago de la deuda externa. Un plan de obras públicas que ponga en movimiento todas las manos disponibles con un salario equivalente al costo de la canasta familiar, generando las condiciones básicas e imprescindibles para que las familias de los trabajadores proporcionen a los niños y adolescentes una genuina perspectiva de vida.

El posibilismo de los progresistas termina en políticas represivas contra los sectores más vulnerables.