Repudiemos la Masacre de Bariloche. Cárcel a los responsables.

“Un día feliz”, tituló el oficialista Página12 con letras de molde. La tapa de la “buena onda” apareció el día después de que fuera asesinado por el gatillo fácil de la “maldita policía” Diego Bonefoi, un joven pobre de la zona del Alto de Bariloche. Pero al día siguiente, la misma fuerza asesinó a dos pibes más, dejando decenas de heridos como saldo de la pueblada con la que respondieron los jóvenes del barrio de Diego.

Página 12 recuerda a Clarín cuando éste titulara “la crisis causó dos nuevas muertes”, aquel 27 de junio de 2002. Los “muertos” de ese entonces eran Maximiliano Kostequi y Darío Santillán del movimiento piquetero Aníbal Verón, asesinados por la Bonaerense en la manifestación del 26 en Puente Pueyrredón. A diferencia de ellos, Diego Bonefoi, Matías Carrasco y Sergio Cárdenas no eran militantes. Su único “delito” era pertenecer a la Bariloche oculta que se encuentra del otro lado de la cadena de los cerros. Allí donde lo único abundante es la miseria.

Los tres eran jóvenes y pobres, atributos “extremadamente peligrosos” para los habitantes del Bajo, la Bariloche del Llao Llao y del centro comercial, tan civilizada que hasta se movilizó en apoyo a la barbarie policial.

El ocultamiento de Página 12 no es fruto de la casualidad sino el complemento de la línea directriz utilizada por el gobierno de los Kirchner para mantener el silencio en la provincia gobernada por su aliado, el radical K, Miguel Saiz. Río Negro es todo un ejemplo de cómo un gobernador radical, amigo del kichnerismo, sostiene la fuerza represiva que le ha tocado en suerte “gestionar”. Como denuncia la Correpi “Es Saiz quien sostiene un ministro de seguridad y justicia, el comisario Víctor Cufre, denunciado por pertenecer a una red de trata de personas en Choele Choel. Es también Sainz, con sus seguidores, quien brinda a la derecha la posibilidad de aplaudir en las puertas del Centro Cívico los fusilamientos bajo el discurso de “mejor calidad de vida y seguridad ciudadana”. La oposición al gobierno nacional, los Alfonsín, los Cobos, los Carrió, los Macri, los De Narváez, esta vez coincidieron con el gobierno y también optaron por callarse la boca.

Gatillo fácil

El “gatillo fácil” ha sido patrimonio de todos los gobiernos constitucionales de esta democracia para ricos. Desde 1983 a la fecha se registran 2.950 entre asesinatos por gatillo fácil (incluidos los tres de Bariloche) y muertes por tortura en Comisarías, de los cuales 1.347 corresponden a la gestión de Néstor y Cristina Kirchner, un promedio de “un caso cada 28 horas”.
Predominantemente, los afectados son jóvenes y pobres estigmatizados como “delincuentes peligrosos”, una clasificación que viene como anillo al dedo en Bariloche (ver nota en página 3).

Hay que impulsar la más amplia movilización de la juventud, de las organizaciones de trabajadores y de Derechos Humanos, en solidaridad con los familiares de las víctimas de Bariloche. Exigimos cárcel para todos los responsables, materiales y políticos, del asesinato de Bonefoi, Carrasco y Cárdenas y de la represión contra el pueblo pobre.

Giro a la derecha

El asesinato de los tres pibes en Bariloche ha tenido lugar en un clima político nacional donde el gobierno acaba de penalizar los cortes de ruta logrando el levantamiento del piquete de Gualeguaychú tras ponerse al frente de la querella contra los ambientalistas.

Se completaba, de esta manera, el giro a la derecha iniciado luego de los festejos del Bicentenario donde la Ministra Nilda Garré declaró que estaban dadas las condiciones para que “la sociedad” se “reconcilie” con las Fuerzas Armadas genocidas. En este clima político, si un gobierno que solía reivindicarse como “hijo de las madres de Plaza Mayo” asume semejante actitud, está creando el terreno para que la derecha se envalentone y actúe. Una derecha que se desnuda como elitista y enemiga de los pobres en cada oportunidad que se le presenta. En ese sentido, no hay que mirar lo ocurrido en Bariloche solamente desde una particular situación local. Las causas de lo que pasó también se encuentran en este clima nacional, donde al discurso de una derecha reaccionaria, el gobierno le opuso como ideas motoras la reconciliación con los militares o la judicialización de la protesta social.

Pero si en el caso de las FF.AA. los Kirchner avanzaron en una política de reforma gradual para intentar legitimarlas y “reconciliarlas” con la sociedad; en el caso de las fuerzas policiales todo intento de reforma fracasó estrepitosamente frente a la corrupción endémica, la impunidad de los cuadros educados en la dictadura, y la importancia creciente que asumió como fuerza represiva frente a la debacle del Ejército para cumplir esta función.

Para el kirchnerismo la cuestión policial es un tema candente porque debe lidiar recurrentemente con las continuas crisis de la Bonaerense y el conjunto de las policías provinciales. En este tema el kirchnerismo también juega a dos bandas. Con Horacio Verbitsky , el CELS y diputados del FPV impulsa el Acuerdo para la Seguridad Democrática, que no es otra cosa que la continuidad de la reforma de Arslanian. Pero donde gobierna, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, Scioli es impulsor, de una política de gatillo fácil contra la juventud pobre, como demuestra el caso de Luciano Arruga, lo que se multiplica en todo el interior del país, gobierne quien gobierne.

Disolución de la policía

Los socialistas revolucionarios del PTS no postulamos ninguna “reforma” de la policía y el sistema penitenciario para hacer más eficiente la disciplina del Estado burgués. Lo que queda claro desde 1983 hasta ahora, los casos de gatillo fácil, la tortura, no es originada en alguna “manzana podrida”, o un “exceso” de algún “loco suelto”, sino que es una práctica de toda la institución policial, que además es líder en todo tipo de delito. Por otra parte, denunciamos que toda política de reforma siempre ha tendido a pactar la impunidad de estas fuerzas represivas. En el caso emblemático de la “maldita” Bonaerense ya durante el gobierno de Duhalde, y posteriormente con Felipe Solá, el intento de reforma de León Arslanian fue sobre todo una “limpieza” de cúpulas para negociar con la oficialidad media pero sin tocar lo fundamental de la caja negra de sus negocios ligados al crimen, la prostitución, el narcotráfico, los desarmaderos y los secuestros. Recordemos además que los organismos de DD.HH. como Justicia Ya han señalado a la Bonaerense como parte de los responsables de la desaparición de Jorge Julio López.

Nuestra posición parte de plantear que para preservar la vida de la juventud y la seguridad del pueblo pobre es necesario disolver la policía para terminar con el aspecto más reaccionario de este régimen político y social, el monopolio de la violencia en manos del Estado de los explotadores sustituirla por milicias basadas en las organizaciones de los trabajadores, con participación en su dirección de organismos de DD.HH. y de víctimas de la represión policial e institucional, una medida de autodefensa imprescindible para enfrentar la violencia de los capitalistas.