La polémica entre el gobierno nacional y el de Neuquén por la nueva ley de hidrocarburos ha generado mucho debate en las provincias petroleras y en particular en Neuquén.

El MPN agita el “provincialismo” y la “neuquinidad”, mientras que el kirchnerismo sostiene un discurso de que los recursos estratégicos deben estar en manos del Estado Nacional y a su vez que ninguna empresa provincial puede tener privilegios ni competir con YPF. Pero es una disputa por las migajas que se van a caer de la mesa de la Chevron.

Tanto el gobierno nacional como el provincial son partidarios de la entrega de nuestros recursos, como se vio en la votación, el 28 de agosto del año pasado, del acuerdo con Chevron, con la Legislatura militarizada y una represión que duró todo el día, con el MPN y los K votando juntos el acuerdo secreto con esta empresa imperialista, protegidos por el grupo especial de la policía.

La salida no pasa porque alguno de los dos gobiernos tenga prioridad para entregar los recursos de la provincia y el país a las petroleras, sino por nacionalizar el conjunto de la actividad hidrocarburífera bajo control de los trabajadores. No sólo hablamos de los recursos del subsuelo sino de toda su actividad industrial, desde la exploración, la explotación, la refinación hasta su comercialización. De esta forma podría debatirse democráticamente con los trabajadores y el pueblo qué hacer con los recursos para responder a las necesidades de salud, vivienda, educación y trabajo.

Por ejemplo, tenemos en cuenta que la renta petrolera total nacional apropiadas por las empresas es de aproximadamente unos 50.000 millones de pesos anuales, podríamos con menos de la mitad de ella (20.000 millones) realizar dos obras muy importantes.

Solamente con 4.000 millones se podría lanzar un plan exploratorio que garantice aumentar las reservas que desde las privatizaciones vienen cayendo, justamente por no invertir. De esta forma se podría revertir la caída de producción de gas y petróleo.

Con 16.000 millones se podría poner en pie un plan de desarrollo de energías renovables que permitiría en 6 años dejar de importar gas (que es quemado en centrales térmicas para producir electricidad) y que le cuesta al Estado 3.000 millones de dólares anuales.

Esto sin contar con cuestiones específicas de Neuquén, como por ejemplo que por apenas un “vuelto” de 20 millones de pesos se podrían poner en pie 10 centros de salud totalmente equipados para los barrios y pueblos más humildes. Los que se la pasan hablando de que “el recurso es de la provincia” no se han tomado la molestia de hacerlo, aunque cada tanto hacen anuncios cuando están en campaña.

Por eso junto con el diputado nacional Nicolás Del Caño estamos trabajando en un proyecto de ley por la nacionalización del petróleo y el gas bajo control de los trabajadores.

Nos proponemos realizar una campaña masiva en la provincia y en todo el país para impulsar esta política junto a las organizaciones obreras, sociales, políticas y del pueblo mapuche, con quienes compartimos la lucha contra la criminalización de la protesta, el saqueo de los recursos y la defensa del medioambiente.