De esta forma, Gerardo Morales, quien salió electo como Constituyente, cuenta con mayoría propia para implementar la reforma de la Constitución que ordenó el año pasado y que la Legislatura le aprobó gracias al voto de un diputado del PJ.

Su principal objetivo es avanzar, aún más, sobre el derecho a la protesta, como el mismo Gobernador lo hizo público durante la campaña y expresamente en el texto de reforma de la constitución Ley N° 6302 (donde se propone crear un nuevo capítulo sobre, “Seguridad Pública”).

Así busca complacer a los grandes empresarios que imponen bajos salarios y condiciones brutales de explotación, y dejar además vía libre al saqueo del litio y otros recursos de la naturaleza. Y para ello también Morales quiere fortalecer todo el arsenal persecutorio del Código Contravencional y el Ministerio Público de la Acusación, a los cuales les buscan dar rango constitucional, para tener a raya a los sindicatos, organizaciones sociales y fuerzas políticas opositoras.

La colaboración del Frente de Todos con Morales se explica por sus coincidencias estratégicas. El Frente de Todos es, al igual que Morales, promotor activo de la entrega del litio a las multinacionales. La criminalización tampoco es exclusiva de Morales: se desarrolla en todo el país y, en el caso del movimiento de trabajadores desocupados la política de persecución fue promovida por el propio gobierno nacional.

Esta apuesta a reformar la Constitución para ir aún más contra el derecho a la protesta va de la mano de profundizar el ajuste sobre el pueblo trabajador y el saqueo de los recursos naturales que exige el FMI y viene aplicando el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa (un aliado de Morales).

Para frenar a Morales y tirar abajo su reforma hace falta volcar a las calles la fuerza social de la clase trabajadora. Planteamos que los sindicatos deben romper la subordinación con el gobierno y llamar a un paro provincial y plan de lucha, uniendo a los trabajadores ocupados y desocupados para derrotar la reforma de Morales y el ajuste. Si hasta el momento el gobierno sigue avanzando sobre el salario, con tarifazos, ajuste y persecución sobre las organizaciones sociales es porque las direcciones gremiales en manos de dirigentes del peronismo no rompen con su subordinación al gobierno provincial y nacional.

Desde el FITU convocamos a las organizaciones políticas, de derechos humanos, de mujeres, de las disidencias y familias víctimas de femicidios, comunidades originarias, sindicales, sociales, estudiantiles, intelectuales y artistas, a coordinar acciones en rechazo a esta avanzada sobre derechos inalienables del pueblo trabajador, como es el derecho a la protesta y manifestación.

Así como es fundamental organizar en las calles el rechazo y la derrota de la reforma de Morales, las y los diputados del FITU dentro de la Constituyente le diremos no a la reforma del Gobernador.

La pelea es por conquistar un salario igual a la canasta familiar y ajustable por inflación, el aumento de emergencia de la ayuda social a los desocupados. Ante la falta de empleo genuino, peleamos por un plan de obras públicas bajo control de trabajadores que construya las viviendas necesarias para salir del hacinamiento, hospitales, centros de salud, así como la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo, sin afectar el salario. Frente a los tarifazos, peleamos por la estatización de Ejesa bajo administración de trabajadores y usuarios, creando una empresa única de energía junto con el Parque Solar Cauchari que hoy genera el 90% de la energía consumida en la provincia. En el transporte, la estatización de las empresas de colectivos bajo administración de choferes y usuarios. Hay que frenar el saqueo económico y ambiental con el litio. Nuestra perspectiva es la estatización del recurso bajo control de trabajadores y las comunidades para terminar con el saqueo que hacen un par de monopolios que no dejan casi un peso para la Provincia y destruyen el medio ambiente. Solo con la ganancia de Sales de Jujuy cercana a los U$S 500 millones se podrían construir 14.000 viviendas en un año. A la vez, peleamos contra los privilegios de los funcionarios, que todos y todas ganen lo mismo que un trabajador, los jueces sean electos por el voto directo y se los pueda revocar, que los juicios sean por jurados populares.

Estas medidas son parte de un programa de conjunto para que la crisis no la siga pagando el pueblo trabajador y que exige de la más amplia unidad y movilización de la clase trabajadora para imponerlo.