Ser joven, ser mujer y haber asistido poco y nada a las aulas. Esas tres condiciones definen el perfil de personas con mayor probabilidad de ser uno de los miles y miles de trabajadores cuya realidad se esconde tras un índice alarmante: en la Argentina, más de cuatro de cada diez asalariados no cuenta con la protección social que disponen las leyes. Es decir: no tienen aportes para prever su jubilación, tampoco acceden a una obra social que cuide su salud, ni cuentan con la cobertura de un seguro ante la eventualidad de un accidente en el trabajo. No cobrarán una compensación económica si son despedidos y lo más probable es que sus ingresos no lleguen al salario básico, al que está obligado el empleador, y que no se les reconozcan vacaciones ni aguinaldo.
 
Se trata de unos 4,88 millones de personas (sobre un total de 10,55 millones de asalariados) que, según datos al cuarto trimestre de 2005, vivían en esa situación en los centros urbanos del país. En ese período, la tasa de trabajo no registrado alcanzó el 46,3%, aunque en los primeros meses de este año bajó al 44,3%, en línea con la tendencia a un leve alivio de la situación que se percibe en los trimestres más recientes.
A ellos se suman los cuentapropistas informales, que muchas veces integran este segmento social por no encontrar otra salida, ya que la falta de desarrollo de sus capacidades define sus nulas oportunidades de ocupar un puesto laboral.
 
Pero lo cierto es que el índice de trabajadores “en negro” encierra situaciones bastante diferentes entre sí. El dato mencionado, que surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), refleja la respuesta negativa de quienes fueron consultados respecto de si en su trabajo tenían aportes para su jubilación.
 
Según un estudio de la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo –basado en datos del Indec al cuarto trimestre de 2005–, si al índice del 46,3% se le restan las personas que trabajan en el servicio doméstico, las que son beneficiarias de planes sociales y las que facturan por sus tareas –aun cuando se consideran dependientes–, el porcentaje de los empleados no registrados en unidades productivas resulta del 28,9. Son 3,05 millones de personas, de las cuales gran parte se desempeña en pequeños establecimientos.
 
A la par de esa realidad, alrededor de 1,03 millones (un 9,8% de los asalariados) se desempeñan en el servicio doméstico, un sector con una informalidad elevada al extremo, que en los últimos meses logró reducirse de manera muy modesta, gracias al incentivo que ofrece el sistema impositivo a quien blanquea a su empleada. Hasta anteayer, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tenía 154.000 trabajadoras inscriptas.
 
Otros 550.000 trabajadores que en las estadísticas engrosan el índice de asalariados sin aportes son en realidad beneficiarios de planes sociales del gobierno nacional o de las administraciones locales, y representan el 5,2% de los dependientes. Estas personas son incluidas en la lista de “ocupados” cuando responden que realizan alguna contraprestación laboral a cambio de la ayuda económica. Y, por supuesto, ese pago no prevé beneficios de la seguridad social, aun cuando en muchos casos –según advertencias de sectores sindicales– se efectúan tareas equivalentes a las de un empleado del sector público.
 
Finalmente, un cuarto grupo de los trabajadores sin descuento jubilatorio está integrado por quienes, en rigor, no cuentan con aportes que deriven de su relación de dependencia, pero sí los pagan por cuenta propia. En muchos casos se trata de relaciones de dependencia encubiertas, ya que la persona, para cobrar, presenta facturas como si fuera un autónomo, cuando en realidad cumple un horario en un lugar específico de trabajo. Esta situación alcanza a unas 250.000 personas.
 
¿Cuál es el perfil de quienes ocupan puestos vulnerables? Entre las mujeres ocupadas, la tasa de trabajo en negro llega al 51,4%, y es muy superior a la registrada entre los varones, del 42,1%, según el análisis de la cartera laboral. El peso del trabajo doméstico (el 21% de las ocupadas está en esa actividad), tiene un vínculo muy estrecho con la magnitud de la desprotección femenina: de 2,46 millones de ocupadas informales, un millón desarrolla tareas domésticas.
 
Entre los 5,75 millones de varones ocupados, en tanto, hay 2,42 millones irregulares. La presencia masculina es mayoritaria entre los empleados dependientes en negro en las empresas (siete de cada diez son varones), y también entre quienes no tienen descuento salarial pero pagan aportes jubilatorios por cuenta propia (aquí son seis de cada diez).
 
Un rasgo del mercado informal es su fuerte arraigo entre los más jóvenes. Sólo registra aportes el 32,1% de los asalariados que tienen entre 15 y 24 años. Ese bajo índice de legalidad deja al margen de los beneficios sociales a 1,2 millones de los 1,77 millones de personas de esa franja etárea que trabajan como dependientes.
 
La tasa de formalidad se eleva al 54,6 y al 61,4% en los grupos de quienes tienen de 25 a 34 años y de 35 a 49 años, respectivamente. A más edad, la frecuencia de empleo con aportes vuelve a caer: es del 61% entre quienes tienen de 50 a 59 años, y del 50,7% en la población de 60 años y más.
 
El nivel educativo
 
Existe un dato que no es difícil de imaginar: el trabajo en negro encuentra un terreno fértil en la población de bajo nivel educativo. Está desprotegido, de hecho, el 64,8% de los trabajadores que no terminaron el ciclo secundario -son 3,09 millones-, en tanto que esa proporción se reduce al 38,2 entre quienes tienen secundaria completa, y al 17,5% para el grupos de quienes accedieron a estudios terciarios o universitarios. Del total de asalariados en negro, sólo el 6% finalizó estudios superiores.
 
Según el economista Bernardo Kosacoff, director en la Argentina de la Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal), la realidad del trabajo en negro arrastra un proceso de largo plazo "asociado con la pérdida del aparato productivo en las últimas décadas", en el que la cuestión educativa es esencial.
 
"La pérdida de trabajos formales generó que mucha gente que tenía la posibilidad de ´aprender haciendo se fue quedando sin la oportunidad de saber oficios, y eso, asociado a la erosión del sistema de educación, es un problema complejo", apuntó.
 
Un problema complejo, según advierten los economistas del Equipo de Gestión Económica y Social (Eges), que se reproduce entre generaciones, ya que los niños de las familias que viven de los bajos ingresos que por lo general ofrecen los trabajos ilegales, "son más proclives a abandonar el sistema educativo y por lo tanto, quedan excluidos del mercado de trabajo formal a futuro", sobre todo si se tiene en cuenta que las oportunidades de empleo exigen una base de conocimientos cada vez mayor.
 
Alrededor de ocho de cada diez asalariados con formación profesional o técnica están en blanco, en tanto que esa realidad sólo abarca a uno de cada cuatro de los trabajadores que no tienen calificación alguna.
 
Relacionado con esos datos está el hecho de que el servicio doméstico y la construcción sean las actividades con mayores índices de trabajo en negro, con el 97,7% y el 69,5%, respectivamente. Le siguen los hoteles y restaurantes, con el 56,5% de empleados sin aportes, y las actividades primarias, donde el 54,2% de los ocupados es informal, según el Indec.
 
En el otro extremo, las instituciones de la enseñanza privada tienen un índice de empleo en negro del 13,1%, en tanto que en la gestión pública la tasa es del 17,5%, y en las firmas de servicios financieros y empresariales, del 32,5 por ciento.
 
La industria, por su parte, tiene a cuatro de cada diez de sus ocupados en situación ilegal. Y en el comercio, casi la mitad de los ocupados está privado de los beneficios sociales.
 
Según analizó Artemio López, director de la consultora Equis, una de las causas "estructurales" de la elevada informalidad es el proceso de desindustrialización iniciado a mediados de los setenta "y profundizado en los años 90, que supuso una fuerte reprimarización de la estructura productiva nacional", con una tendencia a fortalecer actividades más asociadas a la informalidad laboral.
 
Como razones coyunturales, López apuntó al "desmoronamiento de la legislación protectiva" y a la ausencia del Estado ejerciendo controles.
 
El martes último, el Ministerio de Trabajo anunció que entre 2005 y el primer semestre de 2006 se fiscalizaron 134.021 establecimientos en los que trabajan 462.502 trabajadores, de los cuales el 23,85% no estaba registrado. Y lanzó un operativo especial por las vacaciones de invierno, ya que las inspecciones del último verano mostraron que en actividades estacionales hay más incumplimiento.
 
Según el ministro Carlos Tomada, el número de personas afectadas a las inspecciones creció un 147% entre 2004 y este año: se pasó de 331 a 818, al tiempo que se amplió en un 200% el equipamiento informático.
 
Pero la intensificación de los controles es, según los analistas, sólo una de las patas en busca de estrategias para aliviar el problema. Según Ernesto Kritz, director de la Sociedad de Estudios Laborales (SEL), es necesario mejorar la productividad de los establecimientos más pequeños con políticas de largo plazo. Según puntualizó, 55 de cada 100 informales están en unidades productivas de hasta 5 empleados, en tanto que 35 están en empresas de entre 6 y 40 personas. Y allí, el problema central no es que existan o no controles del Estado, sino la real capacidad de pago en blanco. "Se debe adecuar la carga impositiva a cada estrato y lograr que el financiamiento de la seguridad social no sea sobre la nómina salarial", agregó Kritz.
 
Políticas para pymes
 
Desde el sector empresarial, además, insisten en la urgencia de medidas que faciliten las contrataciones en blanco para las pymes.
 
El informe de Eges pone también el acento en la necesidad de insistir con políticas de capacitación para dar mayores oportunidades a quienes hoy parecen no tener más salida que aceptar la informalidad.
 
Según Kosacoff, existen esfuerzos, desde los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social y Educación, por promover esas políticas, acercando a empresas privadas a colaborar.
 
Con un desempleo que es ya muy bajo si se considera sólo la economía formal, y con un 15% de empresas que no logran cubrir puestos por falta de mano de obra calificada para ciertas tareas, parece evidente que el factor educativo es central.
 
Por eso, advierten los analistas, con el margen de acción que permite el crecimiento económico, y una reforma del sistema educativo en debate, la oportunidad de detener la rueda de la informalidad llama a la puerta.