por Federico Grom, desde Barcelona

El 23 de febrero decenas de miles de personas, entre ellas nutridas columnas de trabajadores, se movilizaron por las calles de Barcelona al igual que en otras diez ciudades del Estado Español.

La convocatoria realizada por los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, secundada por distintos partidos políticos, se pronunció contra la propuesta del gobierno de atrasar la edad de jubilación de los 65 años actuales a 67.

Bajo el lema “En defensa de las pensiones. No al retraso de la jubilación. La solución no es recortar la protección social” se movilizaron más de 50.000 personas en Barcelona en el mismo momento en que otras 70.000 se manifestaron en las calles de Madrid a pesar de la persistente lluvia.

Es que 2010 se presenta para los trabajadores del Estado Español con malas perspectivas. Al drama del paro de masas, que alcanza ya a 4.300.000 trabajadores, el gobierno de Zapatero ha decidido sumarle las “reformas estructurales”. Después de repetir hasta el hartazgo que “no recortará derechos sociales”, el gobierno acomete un “giro” de política que es el comienzo de un severo ajuste sobre los salarios, las condiciones y derechos laborales y algunas importantes conquistas como las pensiones y la sanidad. Estos planes de ajuste son la contracara de las medidas de rescate a la banca y las grandes empresas con dinero público. Parece que ha llegado la hora de hacer cuentas y como siempre Zapatero pretende que los trabajadores paguemos una factura que no es nuestra.

Además de atrasar la edad jubilatoria en dos años, pretenden ampliar la cantidad de años entre los que se calcula el monto a percibir por los trabajadores retirados, lo cual haría que éstos sean menores a los actuales.

Por otro lado, el gobierno pretende facilitar la tarea a los empresarios para mejorar la tasa de explotación, y por esa vía su competitividad y su margen de ganancias. La futura reforma laboral, que vergonzosamente las direcciones sindicales mayoritarias continúan negociando, va en ese sentido, abaratando los despidos y flexibilizando aun más horarios y condiciones laborales. Incluso la patronal española salió a decir que para el gran problema del paro juvenil, que ronda por encima del 45%, se necesita un contrato “especial” como el CPE francés.

El giro del gobierno parece que pone en aprietos la voluntad de Cándido Méndez y Fernández Toxo, los dirigentes de los grandes sindicatos a nivel estatal, CC.OO. y UGT, de mantener la paz social que venían practicando sin grandes sobresaltos hasta ahora a pesar de la gravedad de la situación entre los trabajadores.

Sólo la movilización más amplia entre los trabajadores del Estado español puede evitar que las patronales de la mano del gobierno avancen sobre nuestras más elementales conquistas, para cargar su crisis sobre nuestras espaldas. Es necesario exigirles a las direcciones sindicales que rompan el diálogo social, que los trabajadores estamos pagando con millones de desocupados y pérdidas en nuestros derechos, convocando a una huelga general en todo el Estado español para que no seamos los trabajadores los que paguemos la crisis.