Hay una marca de origen entre lo que acaba de suceder en Paraná Metal - donde suspenden a 600 trabajadores que serán despedidos dentro de un año - y lo ocurrido en la fábrica Massuh de Quilmes hace pocos meses. Es la política que lleva adelante el gobierno kirchnerista ante las empresas que se declaran en quiebra. Lo que se pone en marcha es una operación destinada a favorecer a los vaciadores, beneficiar a los capitalistas amigos, provocar el desgaste de la lucha obrera, y llevar –en distintos actos– a una oleada de despidos.

En Massuh la patronal se declaró en quiebra echándole la culpa a la situación económica internacional y a la caída del precio de la celulosa. Un minucioso informe del CeProDH demostró que lo que en realidad había en la empresa era un proceso de vaciamiento iniciado al menos dos años antes1. Entonces el gobierno “nacional y popular” llevó adelante su plan.

Primero la intervención del Estado llevó a los obreros a aceptar el fideicomiso al mando de Guillermo Moreno que gestionó la empresa bajándoles el sueldo a los trabajadores, quienes además fueron invitados a “retirarse voluntariamente”. Fue el primer acto para desmontar el conflicto y constituyó un verdadero salvataje para la patronal de Massuh.
En el tiempo que sigue, Moreno –con la colaboración del Sindicato del Papel (alineado con el menemista Luis Barrionuevo) y sin resistencia de la Comisión Interna– se dedicó a desterrar las asambleas, sembrar la división y desmoralizar. Así, tras un año de “gestión”, logró su objetivo, y 470 obreros quedaron en la calle. A cambio del despido, los trabajadores recibían un resarcimiento económico y la promesa de crear una cooperativa transitoria con un sueldo de $1.500 hasta que algún empresario se hiciera cargo de la fábrica. El contrato incluía la paz social que impedía a los trabajadores realizar medidas de fuerza. En ese entonces, denunciábamos en La Verdad Obrera que “el ‘caso Massuh’ muestra la verdadera política K detrás del discurso…lo que proponen es una cooperativa de lo más trucha con sueldos de hambre para convertir la fabrica en un cementerio y poder venderla al mejor postor o directamente colgarle el cartel de remate. Esto es lo que ofrece el gobierno a los trabajadores al mejor estilo del menemato”.

Cualquier coincidencia con lo que acaba de pasar en Paraná Metal no es casualidad: a fines de 2008, ante los primeros efectos de la crisis mundial en nuestro país, se desató la lucha en la fundición villense que reunía entonces a 1.400 trabajadores. Cuando la patronal abandonó la fábrica, suspendiendo sin goce de sueldo a toda la planta, Paraná Metal fue ocupada por sus trabajadores. Pero el acta promovida por la directiva de la UOM Villa y el gobierno, ponía en el centro de la nueva gestión de la fábrica al inversionista estrella de la familia K, Cristóbal López. Los patrones fueron beneficiados con más de 40 millones mientras que a los trabajadores se los chantajeaba para no pagar lo adeudado. Luego fueron suspendidos, despedidos y sufrieron quitas de conquistas. Casi simultáneamente, otra autopartista, Mahle, cerraba sus puertas y dejaba 500 metalúrgicos en la calle. Nuevamente Cristina (y el gobernador Binner de Santa Fe) lloraron lágrimas de cocodrilo, pero permitieron el ataque a los obreros.

A un año y medio de aquel acuerdo en Paraná Metal, los obreros debieron salir a nuevamente a la lucha. El acta que hace pocos días firmaron la UOM de Villa y el Ministerio de Trabajo tras más de un mes de conflicto, nos da la razón. La salida de los Kirchner ante los casos de las fábricas que se declaran en crisis o quiebra implica siempre el salvataje a los empresarios y una bancarrota segura para los trabajadores.

Caso testigo

La industria automotriz también ha sido y es un caso testigo. En Iveco y en General Motors terminaron echando a cientos de contratados con el aval del SMATA. El gobierno fue rápido para subsidiar a los patrones y “desacoplarlos de la crisis”. Ahora en medio del boom automotriz, con superganancias empresarias, los siguen subsidiando con los patrióticos “créditos del Bicentenario”. Con crisis o con crecimiento: ellos siempre se llenan los bolsillos, pagan los trabajadores. Las automotrices anuncian hoy un aumento del 38% en la producción, pero en el medio han quedado en la calle cientos de compañeros, como los de Mahle, Bosch, Paraná Metal, Iveco, General Motors y Peugeot. El resto se ha tenido que bancar los crecientes ritmos de producción y las ‘obligadas’ horas extras.

El Ministro de Trabajo asegura que “Paraná Metal era una empresa que arrastraba historia de problemas productivos, organizacionales y laborales, pero también tiene un potencial que se puede y se debe rescatar frente al agravamiento de la situación de quiebra de la empresa”.
Nada bueno pueden esperar los trabajadores del “rescate” del gobierno kirchnerista.

La salida de los clasistas

No aceptamos ni convalidamos las salidas que proponen los Kirchner y su Ministerio de Trabajo. Para enfrentar los despidos, y también para prepararse ante futuras crisis, ante el abandono traidor de la CGT subordinada al proyecto de los K (que en PM avaló los argumentos de Cristóbal López de la inviabilidad de la fábrica), y ante traiciones como la que acabamos de ver por parte de las dos alas de la dirigencia de la CTA en Paraná Metal, se reafirma la necesidad de organizar y agrupar a los sectores antiburocráticos y clasistas.

Como dice el programa del Plenario de Trabajadores Clasistas, como lucharon y luchan los ceramistas de Zanon y Stefani: “expropiación y estatización bajo gestión obrera, sin indemnización, de toda fábrica o empresa que intente cerrar o despedir en masa”. Y si estas tienen “problemas productivos” –como dice Tomada con respecto a Paraná Metal– que el Estado se haga cargo estatizándola y provea la inversión necesaria para garantizar su viabilidad y la fuente de trabajo de cada uno de los obreros.