El escándalo producido tras las escuchas ilegales realizadas por el espía Ciro James desató un verdadero “Macrigate” que puso al desnudo la política represiva del PRO. Las explicaciones de Macri, su ministro de Seguridad y Justicia Guillermo Montenegro y el ministro de Educación Mariano Narodowsky, fueron tan desopilantes que movieron el sarcasmo de las tiras cómicas de los diarios, condujeron a la renuncia de Fernando Moras Mon, jefe de Gabinete y mano derecha incondicional de Montenegro, y motivaron una denuncia por calumnias e injurias contra el jefe de Gobierno porteño.

James fue detenido y procesado por pinchar los teléfonos de Sergio Burstein, dirigente de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado contra la AMIA, y del empresario Carlos Avila. El operativo contó con la complicidad de dos jueces de Misiones, José Luis Rey y Horacio Gallardo, y la ejecución de tres oficiales de policía de alto rango, el comisario Quintana, el jefe de la División Homicidios Raúl Roja y el oficial de Inteligencia Diego Guarda. También se presume la mano negra de la fiscal Amalia Spinnato, familiar de Ramón Puerta, ex gobernador de Misiones y aliado político de Macri, que otrora habría facilitado la instalación de una dependencia de la Unidad Antiterrorista, en ese entonces bajo control del ex titular del Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios (Página/12, 18/10).

La punta del ovillo

James se comunicaba asiduamente con las autoridades de la Metropolitana, así lo prueban más de 150 llamados telefónicos con Fino Palacios, seguido de otros 50 con su actual reemplazante, el comisario Chamorro. Pero James es sólo la punta del ovillo de una estructura de espionaje e inteligencia que había comenzado a montar Palacios, quien recomendó la integración de James a la filas de la Metropolitana, por los eficientes servicios como su agente subordinado en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, el club Boca Jrs. y el Correo Argentino.

Si bien Fino debió renunciar por el masivo rechazo que generó su designación a partir de su implicación en el encubrimiento de pruebas de la causa AMIA, su vinculación con la banda que secuestró a Axel Blumberg y su participación en la represión de diciembre de 2001, la estructura quedó intacta en manos de Chamorro, donde estarían bajo la lupa un centenar de policías que desarrollan tareas similares a James. Chamorro es un digno continuador de la obra del Fino: en 1977 ingresó en la temible Superintendencia de Planificación y Desarrollo, donde se formó como colaborador de la dictadura.

Vinculado a agencias de seguridad como Protect Compañía de Seguridad (donde tendría el 30% de las acciones) y Consultora Lions, James camuflaba sus tareas de espionaje como “asesor” en licencias y ausentismo del Ministerio de Educación porteño, bajo un contrato de $6.500 mensuales. Desde ese disfraz registraba información de los activistas docentes y estudiantiles, infiltrándose en las movilizaciones y confeccionando listas negras en el momento más álgido del conflicto docente, a tono con Narodowsky y sus exigencias de revelar los nombres de los estudiantes que tomaban escuelas.

El espionaje es uno de los eslabones de esta política represiva que se complementa con la formación de la división antipiquetes de la Metropolitana, la que se propone impedir las movilizaciones populares y el legítimo derecho a la protesta social, junto a la actuación de la UCEP (Unidad de Control del Espacio Público). Este grupo parapolicial, integrado por matones y barrabravas de la hinchada de San Lorenzo, irrumpe violentamente en las noches hostigando a indigentes en situación de calle por “usurpación del espacio público”, mientras confisca sus pocas pertenencias en un camión compactador que luego son vertidas en descampados, emulando el ejemplo del brigadier Cacciattore en plena dictadura.

Movilicemos contra el espionaje y la represión

Si bien los Kirchner y Aníbal Fernández no vacilaron en prestar los servicios represivos de la Policía Federal al Gobierno de la Ciudad, ya sea para impedir movilizaciones o ya sea asociados a la UCEP para efectuar desalojos, la creación de la Metropolitana introduce una disputa entre el ejecutivo de la Ciudad y el Gobierno nacional, pues las clases dominantes tienden a centralizar el control del aparato represivo para ejercer un poder de coerción eficaz sobre las clases subalternas. La disputa también se traslada a una pugna entre “federicos” y “metropolitanos” por el control de los negocios sucios como la prostitución, el narcotráfico, el robo de automóviles, hasta el momento monopolizados por la Federal, una contradicción que indudablemente escalará en nuevos chisporroteos de un régimen que revela su putrefacción.

El escándalo de las escuchas ilegales alcanzó tal magnitud que el legislador kirchnerista Diego Kravetz y el titular porteño de la Coalición Cívica propusieron la implementación de una comisión investigadora de la Legislatura. Sería iluso esperar algo progresivo de los mismos bloques que votaron a favor de la creación de la Metropolitana, así como sería un engaño caer en la trampa de separar unas pocas “manzanas podridas” como James para mantener a salvo el resto del cajón de un cuerpo tan represivo y corrompido como la Federal, la SIDE y la Bonaerense. Al cierre de esta edición, los trascendidos periodísticos señalaron la próxima asunción de Eugenio Burzaco al frente de la Metropolitana, quien había recomendado previamente a Fino Palacios, y se desempeñó como asesor de seguridad del ex gobernador Jorge Sobisch cuando asesinaron al docente Carlos Fuentealba.

Es necesario lanzar una gran campaña democrática, llamando a los sindicatos, los centros de estudiantes, los organismos de DD.HH., los movimientos sociales y los partidos de izquierda, para no dejar piedra sobre piedra de esta política de espionaje y represión. Pino Solanas debería convocar a su electorado a movilizarse. Hay que apelar a la movilización para exigir la renuncia de Montenegro, Narodowsky y Chamorro, así como la disolución de la Policía Metropolitana, la UCEP y los servicios de inteligencia y espionaje, condiciones indispensables para defender íntegramente las libertades democráticas.