Pulacayo y sus prolegómenos

Durante la mayor parte del siglo XX, la principal actividad económica de Bolivia fue la minería. En los primeros años del siglo pasado se produjo en este rubro un cambio significativo: emergió en primer plano la producción de estaño, cuya explotación desplazó a la de la plata. Esto implicó mutaciones en la elite dominante, ya que los “mineros de la plata” fueron reemplazados por los “barones del estaño”. Hasta la nacionalización de la minería ejecutada por la revolución de 1952, la explotación de este mineral estuvo en manos de tres familias, las de Simón Patiño, Guillermo Aramayo y Mauricio Hoschild, que controlaban la mayor parte de la minería boliviana. Hacia 1920 Patiño logró el control de los ricos yacimientos de Uncía y Llallagua, y en 1924 constituyó la “Patiño Mines & Co”, una compañía formada por el poderoso millonario junto con accionistas yankis, que fijó su residencia en el estado de Delaware, en Estados Unidos. Desplegando modernos criterios empresariales, Patiño constituyó un holding internacional, con yacimientos, empresas y fundidoras del metal en distintos países del mundo. En esa época se calculaba que sus ingresos anuales eran similares o mayores a los del Estado boliviano.

Ahora bien, en los primeros veinte años del siglo XX se realizaron importantes inversiones en la minería boliviana, incorporando la maquinaria tecnológicamente más adelantada para la época. Pero para fines de la década del 20 la minería del estaño entró en una profunda crisis. En 1929 el país exportó 47.000 toneladas del metal, registro que ya no sería superado. Las causas eran estructurales, las vetas más ricas ya estaban agotadas, se requerían importantes inversiones para hacer competitivo a nivel mundial el estaño boliviano y los “barones del estaño”, acostumbrados a invertir y gastar sus fabulosos ingresos en Europa, no estaban dispuestos a hacerlas. En suma, hacia 1950 la baja calidad del metal y la escasa productividad de las minas amenazaban con dejar afuera del mercado la producción boliviana.

En 1950, la población total de Bolivia ascendía a unos 3.100.000 hab., de los cuales 1.700.000 eran indígenas, es decir el 55 % de la población. La población urbana era el 23 % de la población total, y sólo el 31 % de esta última estaba alfabetizada. El censo nacional realizado en ese año reveló que de la población económicamente activa el 72 % se dedicaba a las actividades agrícolas y sus derivados - pero sólo contribuían con el 33 % del Producto Bruto nacional. La propiedad rural estaba muy concentrada: el 6 % de los propietarios, que poseían 1.000 o más ha, controlaban el 92 % de la tierra, mientras que el 60 %, poseedores de 5 o menos ha, tenían menos del 2 %. En el altiplano predominaba la propiedad latifundista, explotada bajo el antiguo régimen del colonato. Las familias campesinas obtenían pequeñísimas parcelas de terreno al interior de las haciendas, donde se les permitía practicar cultivos de subsistencia, a cambio de las cuales prestaban servicios personales en la forma de jornadas de trabajo, sin salario alguno. Bajo este sistema, una parte de la hacienda quedaba fraccionada en pequeñas parcelas trabajadas por las familias campesinas, mientras las tierras más ricas eran explotadas por el propietario utilizando mano de obra gratuita de los colonos. Además, los campesinos estaban sometidos al llamado “pongaje” o servicio de pongos, consistente en la obligación de hombres o mujeres de concurrir periódicamente a la finca del hacendado para desempeñar servicios domésticos o de otro tipo en forma gratuita. Fuera de las haciendas, en las tierras más agrestes, sobrevivían penosamente las comunidades indígenas, que provenían del antiguo ayllu pre-hispánico, grupo integrado por hombres y mujeres vinculado por relaciones de parentesco, en el marco de una unidad económica y religiosa ubicada en un territorio común. En los valles cochabambinos la pequeña y mediana propiedad se alternaba con grandes haciendas, proliferando los pequeños propietarios, arrendatarios, aparceros y precaristas. En los llanos del Oriente sobresalía el latifundio ganadero, con relaciones asalariadas muy paternalistas. Los “barones del estaño” y los hacendados del altiplano, representantes de una minería en crisis y una agricultura basada en un sistema injusto, opresivo, ineficaz e improductivo, componían la base económica-social de la “rosca”, término boliviano que designaba a la oligarquía y a los funcionarios, políticos, jueces, periodistas e intelectuales cómplices de ella.

En los largos años que median entre la finalización de la guerra del Chaco (1932-1935) y la revolución de 1952 que terminará con el régimen de la “rosca”, surgirán los partidos políticos que más influirán en esos acontecimientos y se constituirá la fuerza política y organizativa del proletariado minero boliviano.

En 1935 se fundó el Partido Obrero Revolucionario (POR), siendo sus dirigentes más importantes Tristán Marof y Jaime Aguirre Gainsborg. Marof era un intelectual muy prestigioso, autor de obras como “La tragedia del Altiplano”, de gran impacto por sus denuncias de la explotación del indio y la condición minera. Aguirre Gainsborg era un militante comunista que se orientó progresivamente hacia las ideas de la oposición de izquierda. Bajo su influencia, el POR adhirió en 1938 a la IV Internacional fundada ese año por León Trotsky. En 1940 se formó el Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR), siendo sus dirigentes más importantes José Antonio Arze y Ricardo Anaya, ambos catedráticos universitarios. Era el partido de los comunistas pro-soviéticos, que hasta entonces no habían logrado formar una organización propia. El PIR seguirá las oscilaciones de la política internacional soviética, será neutralista durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, para ser luego pro-aliado, pasando a combatir furiosamente a quienes se proclamaban neutrales. El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) se inicia también hacia 1940, a partir de un grupo de parlamentarios jóvenes; Víctor Paz Estenssoro, Germán Monroy, a los que se unió Hernán Siles, que confluyeron con un grupo intelectual nacionalista que trabajaba en el diario “La Calle”; Carlos Montenegro, Augusto Céspedes, Armando Arce. Este grupo, al principio con resabios de la ideología nazi, poco a poco va a reorientar su discurso hacia el movimiento obrero y popular.

En la década del ’40 se constituye la matriz olítico-organizativa-ideológica del proletariado minero, columna vertebral del movimiento obrero boliviano en los siguientes 40 años. En diciembre de 1942 se produjo la masacre de Catavi, punto culminante de una huelga de varios meses en las minas de Patiño, que concluyó con una terrible represión donde una marcha de mineros encabezada por sus mujeres (palliris) fue emboscada por tres regimientos del ejército y masacrada duramente. Esta masacre no fue la primera ni iba a ser la última en la trágica historia de los mineros bolivianos, pero dejó importantes lecciones sobre las formas de organizar las luchas obreras. El balance del conflicto y la posterior interpelación parlamentaria a cargo de Víctor Paz Estenssoro tuvieron también importantes consecuencias políticas: implicaron un retroceso para el PIR (por su apoyo a los compromisos de suministro de mineral contraídos por el gobierno a favor de los aliados) y un avance importante para el MNR por su eficaz actuación en el debate parlamentario.

En 1944, los trabajadores mineros dieron otro paso fundamental en su organización sindical, al concretar la fundación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, la organización nacional que los representará en las siguientes décadas. En esos años gobernaba Bolivia el coronel Gualberto Villarroel (1943-1946), apoyado por la logia militar RADEPA (Razón de Patria) y el MNR. Su objetivo era retomar la línea nacionalista inaugurada por los gobiernos militares anteriores de Toro y Busch. Villarroel decretó numerosas leyes sociales y de protección de los trabajadores, y alentó la organización del movimiento obrero y de los campesinos, convocando en mayo de 1945 el primer Congreso Indigenal de Bolivia, en cuyo transcurso decretó la abolición del pongueaje y de todas las formas de prestación gratuita de trabajo en el campo. Villarroel fue muy combatido por la oposición y por los Estados Unidos, por su decisión de permanecer neutral en la guerra. El PIR, por esa época furiosamente pro-aliado (después que Alemania invadió la URSS en junio de 1941), formó un frente con los políticos de la “rosca”, denominado Unión Democrática Boliviana (UDB). Villarroel fue finalmente derrocado y asesinado el 21 de julio de 1946.

Es en esta situación que la Federación Minera convocó, en noviembre de 1946, a un Congreso Extraordinario, celebrado en la localidad de Pulacayo, con el propósito de debatir la posición de los trabajadores mineros frente a la situación política nacional. Será este Congreso Extraordinario el que votará las famosas Tesis de Pulacayo, que constituirán la plataforma política y teórica de los trabajadores mineros en los años siguientes.