En el discurso que realizó en la conferencia industrial el martes 22, la Presidenta anunció la era de la “sintonía fina”. Presentó al gobierno como garante de la rentabilidad empresaria, pero siempre que se compatibilice con los “intereses de los trabajadores” y con “inclusión social”. En síntesis, retomó su planteo de capitalismo “en serio” hecho en la cumbre del G-20, que –dijo- debe contemplar a empresarios tanto como a trabajadores, “el otro gran actor de esta película”.

Cumpliendo la agenda empresaria

Sin embargo, este discurso, del que los párrafos que están más en línea con la conciliación de clases seguramente reverberarán en los escritos de la prensa “progre” oficialista, tenía como trasfondo varios guiños a los empresarios. Sus temas fueron la competitividad (que como nos podemos imaginar, para los industriales no es otra cosa que hacer subir el valor del dólar), rentabilidad, inflación, la agenda que el gobierno llama a discutir. La frutilla del postre fue el rechazo de Cristina a la participación de los trabajadores en las ganancias impulsada por Moyano.

Parte importante de esta nueva orientación es la eliminación de los subsidios. Según los anuncios lo que se busca es cortar los subsidios para los sectores de ingresos altos y las empresas rentables. Pero en los hechos va a representar un aumento de las tarifas para más del 65% de los usuarios. Los aumentos a afrontar los afectados tienen un piso del 100%, pero podrían llegar a más del 300%.

Estos anuncios han sido saludados por todos los sectores empresarios, salvo los medianos y pequeños que se aseguraron de que siguieran vigentes las partidas de subsidios que los favorecen, para luego dar también un decidido respaldo.

¿A quién subsidia el Estado?

Este respaldo podría llevarnos a la errónea conclusión de que los subsidios han operado esencialmente como un beneficio a los usuarios, y que para los capitalistas sólo fue otra “ineficiente” intervención estatal. Aunque es cierto que el subsidio “tiene un impacto directo sobre el ingreso real de la población, especialmente de aquellos sectores en los que los bienes y servicios subsidiados tienen un peso relevante en sus canastas de consumo” (Alfredo Zaiat, “Renuncia voluntaria”, Página/12, 19/11/2011), esto es sólo una parte de la cuestión.

Los subsidios fueron el correlato del congelamiento de tarifas desde la salida de la convertibilidad. Lo que se buscaba era impedir que un aumento en el costo de los servicios públicos afectara las buenas condiciones para los empresarios luego de la devaluación, que significó un mazazo al salario que significó la devaluación de 2002 ya que hizo subir los precios más de un 30%. El cóctel devaluación y congelamiento salarial, hizo caer los costos laborales en dólares un 80%. Como los salarios se mantuvieron planchados por el temor a la desocupación y la inacción de la burocracia, el capital ganó rentabilidad y competitividad a costa de los trabajadores. Frente a la magnitud de este golpe, se buscó evitar que el transporte y los servicios públicos “hicieran olas”, echando más leña al fuego de la aconsejable.

Cuando comienzan los problemas energéticos ante la evidente desinversión, el gobierno abrirá el grifo de los subsidios para solventar de esta forma un reanimamiento del sector energético, o directamente importar el combustible faltante.

Para los sectores más ricos de la población, propietarios, gerentes, o cuentapropistas, el congelamiento y subsidio para las tarifas de los servicios públicos tiene un efecto palpable y duradero en sus ingresos. En el caso de los asalariados, las tarifas congeladas –y luego subsidiadas- apenas mitigaron un poco la caída en los ingresos del año 2002. Sin subsidio, el costo directo e indirecto de los servicios públicos y el transporte que afecta al consumo de los asalariados, hubiera repercutido en una mayor presión sobre los salarios a pagar por los capitalistas.

La socióloga Susana Torrado planteaba respecto del transporte, que es un error creer que los subsidios “estarían motivados por el propósito de ayudar a la gente de menores recursos, ya que ésta es la principal usuaria de esos servicios […] lo que se subsidia no es el bolsillo de los pobres; lo que se subsidia es la posibilidad de que los empresarios y los gobiernos cuenten en sus lugares de trabajo con la mano de obra necesaria para el desempeño de sus actividades, es decir, lo que se subsidia es el desplazamiento laboral indispensable” ( “Una protesta de consumidores”, Clarín, 21/7/2007). Esto puede extenderse a todos los servicios públicos. Subsidiándolos, el Estado contribuyó a abaratar la fuerza de trabajo, haciendo que ésta estuviera en condiciones de alimentarse, higienizarse, etc., de tal manera de poder presentarse diariamente a trabajar en condiciones, sin que los empresarios tuvieran que dar más salario para esto.

El “combo” tarifas congeladas/subsidios ayudaría a contener las presiones salariales, garantizando la elevada participación de las ganancias en el ingreso nacional, y aseguraría a la vez insumos fundamentales para la producción.
En los hechos, el Estado puso de su bolsillo, con los subsidios, una parte de la parte significativa de la masa de ganancias empresarias. El aporte supera para 2011 el 10% de las ganancias empresarias totales. A esto se suman los beneficios directos a los sectores más ricos, para los cuáles el consumo de servicios públicos resultó casi gratis.

Para los más pobres, los subsidios podrían considerarse beneficio considerable. Pero lo cierto es que son pocos los sectores pobres alcanzados por los subsidios ya que muchos no tienen provisión de los servicios públicos. Conseguir la garrafa “social” que debería beneficiarlos es casi una odisea.

Una presión que desbordó los recursos fiscales

Como ocurriría luego con otros subsidios asociados con los controles de precios, se ingresaría en una dinámica de difícil salida. La inflación aumentaría desde 2006 el desfasaje de las tarifas congeladas. Los subsidios irían aumentando al calor de los aumentos de precios. El monto de los subsidios al transporte se duplicaría en 2002, en relación al monto desembolsado en 2001. Se seguiría duplicando en los años siguientes. Los subsidios al resto de las empresas se implementaron a partir de 2006, y sus montos también se duplicaron cada año. Esto hizo que descongelar las tarifas fuera cada vez más problemático, ya que el monto de aumento que esto representaría crecía cada año. Todo esto para solventar empresas que no invirtieron durante toda la década, aduciendo que no daba el esquema de rentabilidad, cuando tampoco lo habían hecho durante gran parte de los ‘90 en niveles acordes con la rentabilidad que garantizaban las tarifas dolarizadas.
Como los tiempos ya no son de abundancia fiscal, y el “bonapartismo de caja” que el gobierno aspira a mantener necesita preservarse de recursos, llegó el momento de frenar esta vorágine.

Aunque los subsidios no tuvieron como principal beneficiario último a los trabajadores sino a los empresarios, todo indica que tocará a los primeros pagar los costos de la fiesta. El retiro de los subsidios preanuncia fuertes impactos en el costo de vida, no sólo de manera directa, sino también de forma indirecta por el impacto sobre los costos de producción de todo el resto de los bienes y servicios. A este impacto se suma la apuesta a contener los aumentos salariales por debajo de un techo del 18%. Ya la inflación de este año ha superado ese nivel, y los aumentos de tarifas van a acelerarla para 2012.

En suma, todo un golpe al costo de vida para “ajustar” las condiciones de la economía argentina. Si hasta ahora el Estado solventó una porción de la plusvalía con medidas que abarataron la fuerza de trabajo, el objetivo es que su retiro no redunde en un encarecimiento de los costos laborales para los empresarios medidos en términos reales. Para el capital, se trata de mantener a costa de los trabajadores esa porción de la ganancia total que antes conseguían de manos del Estado.

Menudo consuelo puede representar la “equidad” distributiva de que el alto consumo de los ricos ya no estará subsidiado, como sí lo estuvo escandalosamente todos estos años.

El capitalismo es una cosa seria

Aunque los intelectuales K imaginen que capitalismo en serio” significa concertación de clases, en la Argentina K tiene un sentido bastante menos idílico. Es sin duda una cosa seria para los trabajadores: si los empresarios gozan hoy de la mayor participación histórica en el ingreso generado, los trabajadores deben afrontar jornadas extenuantes para recibir un salario que para la mitad de ellos está por debajo de los $ 2.200. Algunos gremios han logrado apenas recuperar un poder adquisitivo igual o mejor que en 2001 (año de fuerte crisis y desempleo), y sólo unos pocos están mejor. Todo esto, a cambio de producir más para los capitalistas. Varios sectores ha registrado en esta década significativos aumentos de productividad, que fueron en gran medida logrados a costa de arrancar mayor esfuerzo a los trabajadores: más horas por jornada, y un ritmo de trabajo más intenso.

Este capitalismo “en serio” de los K mantuvo las “clavijas” apretadas sobre el conjunto de la clase trabajadora. Mientras un sector de la clase sólo consigue empleos precarios y se mantiene subocupado, entre los ocupados crece el tiempo de trabajo. Frente al agotamiento del bonapartismo fiscal y la pérdida de competitividad por la inflación, gobierno y empresarios coinciden la necesidad de aplicar una “sintonía fina” que garantice las condiciones de la acumulación de capital. Otro ajuste de tuercas sobre la clase trabajadora, lo único que el capitalismo argentino tiene para ofrecer.