“Se considera justo y archilegal que un patrón haga públicos los ingresos y los gastos de un obrero (…) La sociedad burguesa considera que el trabajo y los ingresos de los obreros son un libro abierto que le pertenece, que cualquier burgués tiene derecho en consultar en todo momento para denunciar uno u otro ‘lujo’, una u otra manifestación de ‘haraganeria’ del obrero, etc.

Pero ¿y el control inverso? ¿Qué ocurriría si el Estado democrático invitase a los sindicatos, a la servidumbre doméstica a controlar los ingresos y los gastos de los capitalistas, a publicar los datos correspondientes? (…) Se considera natural que los ´señores´ controlen a sus criados y que los capitalistas a los obreros, pues la vida privada de los trabajadores, de los explotados, no se considera intangible, y la burguesía tiene derecho a pedir cuentas a todo esclavo asalariado (…) ¡Pero que los oprimidos intenten controlar a los opresores, sacar a la luz sus ingresos y sus gastos, denunciar su lujo (…) ¡Oh, no! ¡La burguesía no tolerará el ‘espionaje ‘ni la ´delación´!”

Lenin escribe estas palabras en una época de guerra y revolución, donde escasea el pan y abundan la desorganización industrial, el estado deplorable de los ferrocarriles, la corrupción y el robo a los fondos públicos por parte de los capitalistas.

Los Lázaro Baez se multiplican por miles en la Rusia “democrática” que acaba de derribar al zarismo, y se revuelcan en banquetes mientras el pueblo muere en el frente y de hambre.

Esta situación no se compara con la Argentina, pero sí es calcado el “modus operandi” que tienen los capitalistas y sus políticos, que no son representantes de toda la nación, sino de la clase que detenta el poder.

El hecho de que existan corrupción y enriquecimiento descarado de políticos y empresarios, no se debe a un problema “moral” de tal o cual gobierno.

La razón de ser de todo Estado capitalista, como órgano de opresión de una clase sobre otra, es la de garantizar la explotación de una minoría sobre la mayoría. Para que esto se lleve a cabo, no solo debe existir una “banda de hombres armados” sino además un grupo “especial” de personas que garantice la administración de los intereses de la clase dominante, es decir funcionarios políticos. La burguesía se asegura la existencia de ese grupo corrompiendo a los políticos a través de los “lucrativos” puestos ministeriales. Mediante este mecanismo, los funcionarios estatales establecen una relación íntima con los empresarios, incluso hasta su forma de vida se asemeja y comparte.

Una verdad a medias

Lanata denuncia el robo de la era K, pero no dice que ese robo es característico de todos los gobiernos burgueses (como lo fue bajo el menemismo y el gobierno radical de la Alianza o los gobiernos de Macri y de Binner). Por eso, su denuncia es una verdad a medias, y por ende una media mentira. Lo mismo vale para los kirchneristas que para salvarse apuntan contra la corrupción de los políticos opositores.

Lenin advierte que los banqueros y los patrones sabotean permanentemente las más mínimas medidas de control, fiscalización y contabilidad sobre sus riquezas, y que al no promover medidas de control serias por parte de los trabajadores y sectores populares, el gobierno democrático no hace más que dejarles el poder a los capitalistas, mantenerle su impunidad e inculpar a los obreros. Cualquier similitud con la actualidad no es casualidad (no olvidemos que cuando fue la masacre de Once, el primer acusado fue el maquinista)

La operación de Lanata, un hombre del archicorrupto Clarín, es funcional a la de la oposición burguesa (se llame Carrió, Macri o De Narváez), revestida con el lenguaje típico de la centroizquierda. Pero tanto Lanata como toda la oposición “republicana” que clama por un “Estado honesto”, y el gobierno K que habla de control para no controlar a nadie, están a favor del saqueo de una clase a la otra.