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Notas

Las reformas procapitalistas del “período especial” (1989-2003)

PTS

2 de octubre 2010

Comparado con el resto de los países de Centroamérica y el Caribe o con las consecuencias nefastas de la ofensiva neoliberal en América Latina, que se continúan bajo los gobiernos denominados “progresistas”, Cuba sigue siendo una referencia para las masas de la región, sobre todo por sus conquistas materiales como la salud y la educación gratuitas. En gran medida, estas conquistas se explican porque, a pesar del régimen burocrático y de las concesiones al capital que se vienen realizando, el estado cubano aún se basa fundamentalmente en relaciones sociales no capitalistas.

Sin embargo, el prolongado dominio de la burocracia ha socavado de manera progresiva estas bases. Este proceso dio un salto sobre todo en las últimas dos décadas en las que el régimen viene tomando medidas más abiertamente procapitalistas.

Durante décadas la economía cubana, basada en el monocultivo de la caña de azúcar, fue altamente dependiente de los subsidios que recibía de la ex URSS y del comercio beneficioso con los países pertenecientes al CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económica) al que Cuba ingresó en 1972. Esta dependencia quedó al descubierto luego de la desaparición de la Unión Soviética y el llamado “bloque socialista” entre 1989 y 1991. Con el fin de la ayuda soviética y el recrudecimiento del bloqueo norteamericano, Cuba sufrió la peor crisis económica de su historia, que alcanzó su punto máximo en 1993, con una caída del 35% del PBI. Esa situación crítica se prolongó hasta fines de la década, con un crecimiento promedio de -1,4%. En el marco de esta crisis, y del aislamiento internacional en que había quedado Cuba con el reforzamiento de la ofensiva neoliberal y la consolidación de la restauración capitalista en el resto de los ex estados obreros burocratizados, el régimen de Fidel Castro puso en marcha, a principios de los años ‘90, un paquete de medidas económicas conocido como “período especial en tiempos de paz”. (Ver Eduardo Molina: “Cuba en la encrucijada”, Estrategia Internacional N° 20, septiembre 2003).

La reforma de la constitución de 1992 legalizó las empresas mixtas (asociadas con el capital extranjero) y la pequeña propiedad, debilitó los mecanismos de planificación económica y prácticamente desmanteló el monopolio del comercio exterior.

Mientras la economía se abría en ciertas áreas (como el turismo) al capital extranjero, se avanzó en la descentralización de gran parte del aparato productivo, quedando exclusivamente bajo la órbita de la planificación estatal y por fuera de la inversión extranjera privada los sectores de la economía no generadores de divisas, la salud, la educación y las empresas del área de defensa. Esta reforma implicó la liberalización de los controles sobre las empresas privadas, mixtas y entes estatales, que pasaron a operar prácticamente bajo su propia responsabilidad en las importaciones y exportaciones.

La planificación económica estuvo prácticamente suspendida entre 1990 y 1996, año en que gradualmente se empiezan a retomar elementos de planificación (Ver Y. Martínez Pérez: “El proceso de planificación empresarial en Cuba”, Universidad de Cienfugos, 2008).

Este curso se profundizó con la aprobación en 1995 de la Ley de Inversiones Extranjeras que reconocía los derechos de las empresas de repatriar las ganancias surgidas de la actividad económica en Cuba y les daba garantías contra posibles expropiaciones. Durante los primeros años del período especial, el grueso de las inversiones extranjeras, principalmente de origen español y canadiense, se concentraron en diversos sectores, sobre todo en el turismo y la minería.

En agosto de 1993 el gobierno despenalizó la tenencia de divisas tanto para la población como para las empresas. Con esta medida se estableció una dualidad monetaria con una dolarización parcial de la economía, sobre todo en la venta minorista, cuentas de ahorro y operaciones de las empresas, mientras que los salarios, las pensiones y los ahorros de la mayoría de la población se mantuvieron expresados en pesos cubanos. De esta manera, el gobierno buscó darle estabilidad a un sector de la economía ligado con la inversión extranjera que se percibía como uno de los motores de la recuperación económica.

La introducción de esta doble circulación monetaria puso de relieve las profundas diferencias sociales que se estaban gestando entre quienes estaban ligados a los sectores generadores de divisas, principalmente funcionarios del régimen, y la mayoría de la población que no tenía acceso al dólar (Ver Pavel Vidal Alejandro: “Los salarios, los precios y la dualidad monetaria”, Estudios Económicos Cubanos, 2008).

En 1997 se autorizó el establecimiento de zonas francas dentro de las cuales las empresas instaladas gozan de condiciones excepcionales en materia aduanera, laboral, migratoria, bancaria, tributaria y de comercio exterior. Esto introdujo enormes presiones para la reestructuración del conjunto de la economía hacia una inserción cada vez más dependiente y subordinada al mercado y a la dinámica del sistema capitalista imperialista.

A partir de 1998 se extendió el “Perfeccionamiento empresarial” que aplicaban las empresas de la órbita militar a las empresas estatales bajo control de las FAR, que desde entonces se fueron incorporando gradualmente al programa hasta rondar algo más del 30% a fines de 2008. Este plan implica una autonomía relativa de las empresas y la gestión en función de criterios de eficiencia y rentabilidad, incentivos individuales a los trabajadores (una emulación del estajanovismo soviético) y pago del salario por productividad (esto último se ha extendido al conjunto de la economía).

En el sector agrícola, se transfirió la explotación de una porción cada vez mayor de las tierras a cooperativas y agricultores individuales que disponen de manera privada de alrededor del 20% de su producción. Aunque para evitar el caos social el gobierno estableció una cartilla de racionamiento de bienes mínimos a precios subsidiados, esta alcanzaba apenas a cubrir el consumo de 15 días. En este período se amplió considerablemente la brecha entre los funcionarios del régimen y sectores con acceso al dólar, y la mayoría del pueblo cubano que empezó a sufrir la escasez de bienes y servicios básicos, como alimentos, transportes y electricidad, además de ver caer drásticamente sus condiciones de vida.

De esta manera, como plantea J. Habel, “la dolarización ha modificado la jerarquía salarial anterior, bastante igualitaria” afectando sobre todo a los trabajadores del sector público, que comprenden alrededor del 80% de la fuerza de trabajo (“El castrismo después de Fidel, un ensayo general”, Viento Sur, mayo de 2008).

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