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Las declaraciones de Garré

En medio del fuego cruzado por el retiro de la Policía Federal de la custodia de hospitales y escuelas, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, realizó declaraciones que sorprendieron a propios y ajenos. Secundada por el titular del CELS, Horacio Verbitsky, Garré confesó que “el principal problema hoy es la Policía Federal(…).

Miguel Raider

15 de abril 2011

Las declaraciones de Garré

En medio del fuego cruzado por el retiro de la Policía Federal de la custodia de hospitales y escuelas, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, realizó declaraciones que sorprendieron a propios y ajenos. Secundada por el titular del CELS, Horacio Verbitsky, Garré confesó que “el principal problema hoy es la Policía Federal(…). Hay sectores que disputan no sobre posiciones ideológicas o modelos de acción, sino sobre el predominio en determinadas zonas o determinados negocios(...) Cuando se dice ‘esa comisaría recauda bien’ quiere decir que extorsiona bien a los comerciantes a los que pide dinero a cambio de protección, a los inmigrantes que no tienen su papeleo en regla… y a las cocinas de droga para hacer la vista gorda”.

Los trascendidos periodísticos observaron que la ministra se fue de lengua, lo cual no cayó nada bien en la Casa Rosada, pues esas palabras afectaron al jefe de Gabinete Aníbal Fernández y al extinto Néstor Kirchner. Fernández fue el responsable de la Federal durante los últimos siete años, defendiéndola, incluso cuando se produjo el asesinato de Mariano Ferreyra, por su labor “impecable”. Asimismo, Néstor Kirchner designó al comisario Néstor Valleca al frente de la Federal y acompañó su gestión durante todo ese período.

En realidad, la declaración de Garré refleja una interna en el Gobierno nacional entre los denominados “blancos” y “negros” respecto de la política de depuraciones en la Federal para “mejorarla”, separándose de los crímenes de Barracas y el Parque Indoamericano (La Nación, 11/04). Los “negros” como Aníbal Fernández postulan la depuración de la Federal bajo la dirección de Asuntos Internos, de forma tal de evitar las repercusiones políticas para no desprestigiar más aún a esa fuerza. Los “blancos” como Garré sostienen la necesidad de sustituir el “autogobierno policial” por la “dirección del Estado” para establecer el “control civil” de las fuerzas de seguridad, desde el que se efectuaría las depuraciones. La discusión trasciende a la Federal, y constituye parte de la interna política nacional del FPV. En la última reunión del Consejo Nacional de Seguridad, Garré puso a consideración de los gobernadores cinco protocolos de seguridad basados en el Acuerdo por una Seguridad Democrática, que fueron enteramente rechazados. Es de público conocimiento la concepción opuesta (de mano dura) que defienden Scioli y su ministro de Seguridad, Ricardo Casal.

Acorde a la nueva doctrina de Estado, Garré implementó una purga que echó a Valleca y descabezó las cúpulas de las 53 comisarías porteñas. Sin embargo, las purgas en la Federal no son ninguna novedad, pues las mismas comenzaron en la época de Menem. En 1998, el entonces secretario de Seguridad, Miguel Toma, removió 38 jefes de comisarías, vinculados al narcotráfico y a la incriminación de personas inocentes en delitos de distinta índole. En 2000, el juez Bergez citó a indagatoria al jefe de la Federal, Rubén Santos, acusado de numerosas estafas, y quien finalmente fue expulsado tras la salvaje represión en diciembre de 2001.
En octubre de 2003, el reemplazante de Santos, Roberto Giacomino, fue separado de la fuerza, acusado de corrupción. En junio de 2004, Néstor Kirchner desplazó a Eduardo Prados junto a 107 oficiales jefes, señalados por diversos delitos. Siguieron las purgas, pasaron los años, pero la Federal es exactamente la misma, igual que la Bonaerense, que soportó muchísimas purgas efectuadas por el ex ministro de Justicia León Arslanían durante la gobernación de Duhalde y de Felipe Solá.

Evidentemente, con políticas de mano dura o Seguridad Democrática, la policía es una banda de delincuentes irreformable.

Disolución de la policía

Tras las declaraciones de Garré, la oposición derechista recriminó una animosidad contra la policía de parte del gobierno. Falso. De conjunto, el presupuesto anual de las fuerzas de seguridad se incrementó de 0,43% del PBI en 2007 a 0,63% en 2010, pasando de gastar $97 por habitante a $203 (www.mecon.gov.ar), superando la partida asignada a educación.
Mediante el programa de Seguridad Democrática, el gobierno se propone avanzar pasos para restaurar el poder de fuego del Estado, en crisis tras la caída de la dictadura militar por el rol de las FF. AA. en el genocidio y la guerra de Malvinas. En ese sentido, pretende relegitimar las instituciones represivas, limpiando las cúpulas corruptas, mientras golpea a la vanguardia obrera y popular criminalizando el derecho a la protesta social y los métodos de acción directa.

El “control civil” que establece la Seguridad Democrática no representa ninguna panacea, pues aun así la policía no deja de ser una institución represiva del Estado que atenta contra los intereses de las clases explotadas. Por otro lado, no es más que una ilusión pensar que la misma policía que comete infinidad de delitos dejaría registradas esas fechorías en los partes de comisaría y los libros de guardia para ser sujetos al “control civil”.

Los socialistas del PTS sostenemos que la policía es la mayor fuente de inseguridad de la población civil, por eso luchamos por su disolución así como la de todos los servicios de inteligencia, que expresan el aspecto más antidemocrático de este régimen social y político, el monopolio de la violencia en manos de una élite al servicio de los capitalistas.

Mientras alentamos y desarrollamos todas las formas de autodefensa obrera y popular que se den las masas contra la represión y la violencia estatal, luchamos por milicias obreras y populares con participación en su dirección de organismos de DD. HH., una orientación que sólo podrá ser efectiva imponiendo un gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre.


Fuera la Federal y la Gendarmería de la Villa 31

Bajo el guiño de la ministra Garré, el juez Lijo ordenó un operativo de desalojo para impedir la construcción de nuevos asentamientos en la Villa 31. Federales y gendarmes lanzaron gases lacrimógenos y saturaron de efectivos la calle 14, donde cientos de familias con niños y mujeres embarazadas resistían. El operativo forma parte del reciente plan anunciado desde el Ministerio de Seguridad para “combatir el delito”, acordonando el perímetro de todas las villas porteñas con miles de efectivos, formalizando de hecho la condición de guetos donde se concentran los “delincuentes” que atentan contra la “ciudadanía”. ¡Fuera las fuerzas de seguridad de todas las villas!

Prensa

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