El gobierno nacional frenó por el momento el capítulo de “sintonía fina” concentrado en el ajuste fiscal, pero no ocurre lo mismo en las provincias. Santa Cruz anunció la semana pasada que pagaría los salarios que alcancen hasta los $ 9.000, es decir el “61% de los trabajadores”, y el resto se pagará en función de los ingresos. Mientras tanto, son varias las provincias que comenzaron a cancelar contratos con proveedores en cuotas, y en algunos casos emitiendo bonos. También quedaron numerosas obras públicas abandonadas a mitad de camino por los recortes.

La fragilidad fiscal de las provincias es de carácter estructural, y sus raíces se encuentran en las reformas del Estado de los ‘90, que provincializaron la salud y la educación. Por eso la brecha entre la recaudación directa de las provincias y sus gastos no paró de aumentar, y las volvió cada vez más dependientes de la coparticipación. En algunas provincias más del 80% de sus gastos se afronta con fondos coparticipados; en Buenos Aires la coparticipación equivale al 44% de los gastos.

Si por un lado el Estado Nacional se desentendió en los ‘90 de estos gastos que transfirió a las provincias, por otro lado logró una fuerte concentración de recursos tributarios. Entre otras cosas, las provincias cedieron recursos de coparticipación para sostener a ANSES. Producto de esto, el Estado Nacional hoy retiene el 75% de los fondos recaudados de impuestos coparticipables. A esto se suman el impuesto al cheque y las retenciones, ambos excluidos de la coparticipación (con excepción de un 30% de lo recaudado por retenciones a la soja, que desde el conflicto de 2008 por la resolución 125 se reparte entre las provincias a través del Fondo Federal Solidario).

El resultado es que el desempeño de las provincias, y por extensión el de los municipios, está condicionado a los fondos que la nación gire discrecionalmente, como aportes del tesoro nacional. Esta ha sido una herramienta fundamental del “bonapartismo de caja”, que el gobierno nacional puede manejar ampliamente. Pero con el adelgazamiento de la recaudación, estos fondos ya no aumentan como lo hacían, ni siquiera para los gobernadores más cercanos al oficialismo.

Según varias estimaciones, las provincias necesitan financiamiento por $30.000 millones, 30% más que el año pasado. Mientras con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central el gobierno nacional amplió los medios que le permiten financiarse, las provincias no tienen esa posibilidad. Están por lo tanto forzadas a tomar deuda, aumentar los impuestos o crear nuevos tributos. Para la primera alternativa, enfrentan hoy un costo de endeudamiento que supera los ya elevados niveles de 2011. Y de los tributos que recaudan, los ingresos se vienen deteriorando, producto de los signos de desaceleración de la actividad económica que pueden verse en muchos sectores. En el primer bimestre, la recaudación propia creció 28,6%, cuando el año anterior aumentó 39%. Si calculamos una inflación de 23% o 24%, casi no aumentó en términos reales. Lo mismo la coparticipación: en el primer trimestre aumentó 28%, contra 38% en 2011.

El ajuste que los defensores del “modelo” niegan, corre por cuenta de las provincias. Como ocurrió en los ‘90, es allí donde empiezan a mostrarse las estrecheces que trae el deterioro de la situación. Es necesario rechazar el intento de descargar el peso de esta crisis sobre los trabajadores estatales, y pelear por que sean los impuestos extraordinarios a las grandes fortunas y el no pago de la deuda provincial los que carguen su costo.