Para comprender el conflicto social en Neuquén debemos considerar varias dimensiones, que a nuestro entender son insoslayables: 1) la formidable renta petrolera que contrasta con la colosal exclusión social; 2) las diferencias originadas por las diferentes posiciones que ocupan en el entramado estatal los integrantes del Movimiento Popular Neuquino, que derivan en diferentes prácticas para el ejercicio de poder que incluyen pretensiones de dominancia relativa al interior del Estado y el MPN; por último, 3) la red clientelar instalada por este movimiento en los barrios más poblados del oeste de la ciudad.
Los conflictos suscitados en torno de la tarjeta social se desarrollaron en ese marco descripto. La facción tecnoburocrática vinculada con las máximas autoridades del Banco Provincia pretende canalizar los 3,2 millones de pesos mensuales que requieren los aproximadamente 25.000 planes de empleo provincial; la otra facción conformada por las posiciones y prácticas ligadas a la asistencia social se ve desplazada de su ámbito específico, como es el de "atender" los subsidios de todo tipo que se brinda a los desocupados, incluyendo el direccionamiento de los "mediadores" entre las estructuras estatales y los subsidiados, los llamados "punteros". La facción asentada en la órbita financiera, fieles a su estilo, autopercibiéndose como los depositarios de la máxima racionalidad de gestión, no consultan a las personas destinatarias de subsidios, que desde 1995 han sabido consolidar sus propias organizaciones, deciden desde la distancia e impersonalidad mediática, bancarizar los planes de empleo, englobando a las demás facciones del MPN que no comparten esas metodologías, porque en sí mismas desconocen la realidad social donde se destinan. La medida desata inmediatamente consecuencias sobre una situación social asentada sobre un terreno altamente conflictivo.
Las organizaciones de desocupados son las que legítimamente protestan por la decisión unilateral del gobierno. Este no está dispuesto a negociar la decisión y utiliza la represión contra la protesta social. Durante casi toda la jornada del martes 25 ningún miembro del gobierno pudo dar explicaciones acerca de quién estaba al frente del operativo represivo. Los periodistas preguntan: ¿quién dio la orden de reprimir a los manifestantes? Ninguno de los referentes del gobierno asumía la decisión, ni el gobernador a cargo Jorge Sapag, ni el jefe de Gabinete, Jorge Brillo, ni el ministro de Gobierno, Oscar Gutiérrez, ni la subsecretaria de Seguridad, Ciudadanía, Trabajo y Justicia, Alicia Comelli. En realidad esta circunstancia es una muestra de las contradicciones y pugnas de los diferentes conjuntos político burocráticos por la dominancia relativa de poder en las adyacencias del líder al interior del MPN. Es difícil entender fuera de este marco cómo es posible mantener la represión durante toda una jornada sin explicaciones de ningún sector del gobierno, suponiendo la vigencia de un sistema republicano y democrático.
El gobierno neuquino, después de la muerte de Teresa Rodríguez, pasando por los hechos del 19 y 20 de diciembre del 2001, en donde murieron 30 argentinos, los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán hasta los recientes asesinatos de Jujuy, debería haber comprendido que las salidas negociadas con los desocupados son la mejor manera de ir zanjando las brutales consecuencias del neoliberalismo. Tal vez si quienes tienen que tomar las decisiones que afectan la vida de los desocupados conocieran las condiciones sociales en las que viven, puedan comprender que sus luchas son absolutamente legítimas. Pero los hechos ocurridos en Neuquén muestran la prevalencia de sectores cuyas prácticas omnipotentes, reflejando una intervención y tratamiento distante de la situación que padecen nuestros desocupados, han englobado con sus acciones a todo el Estado provincial.
Lo que percibió la mayoría de la sociedad neuquina por tal accionar del gobierno fue una falta de conocimiento de la realidad social cuando no se percató de que con la tarjeta denominada "Confiable Solidaria", tal como fue presentada, se reemplaza el efectivo por un plástico, rompiendo una red de economía de subsistencia que se ha venido desarrollando en los barrios durante la interminable crisis económica argentina y lo más importante y grave, se eliminaban las expectativas de sobrevivencia sedimentadas en la conciencia y en los cuerpos de los desocupados. Los beneficiarios de los planes de empleo frente al anuncio inmediatamente comenzaron a preguntarse: ¿cómo compro la leña?, ¿cómo compro verdura barata?, ¿cómo compro la tarjeta de colectivo?, ¿podré seguir teniendo crédito en la despensa del barrio? Frente a estas circunstancias vale la pena reflexionar que con el discurso de combatir el clientelismo, el gobierno pretende canalizar los fondos de los desocupados a medianos y grandes supermercados a través del BPN, que también obtendría beneficios con esta operatoria. En una provincia donde la distribución de la riqueza se concentra en unos pocos, la medida refuerza esta concentración y profundiza el conflicto social.
El gobierno anuncia que con esta medida combate el clientelismo político. Sin embargo, cualquier ciudadano sabe, sin necesidad de haber estudiado ciencias políticas, que el principal promotor -no el único- del clientelismo en Neuquén es el MPN. En este contexto si consideramos que una fracción del gobierno no consulta ni siquiera a sus funcionarios directos, menos aún va a consultar a sus punteros en los barrios acerca de la decisión a tomar. La reacción de éstos inmediatamente va ser oponerse. Ellos han sido leales al partido en la últimas elecciones y lo asumido por el gobierno con esta medida es pretender privarlos de una cuota de poder muy importante. Nuevamente la lucha interna del MPN es parte de la explicación del conflicto social en Neuquén.
A esta altura deberíamos concluir que la vocación del gobierno no es combatir el clientelismo, sino transferir los fondos de los desocupados a sectores que ya concentran parte de la riqueza, realizar otro negocio con el BPN y al mismo tiempo desarticular a las organizaciones de desocupados que vienen ganando terreno en los barrios, desarrollando prácticas políticas que se diferencian de las prácticas clientelares sedimentadas. Es decir, el gobierno ha decidido tomar el control sobre esos intersticios, instalando la amenaza represiva en donde se está gestando una oposición a su red clientelar. Si los hechos del martes 25 representan una muestra de la metodología del gobierno para resolver el conflicto social, es posible afirmar que se reforzará el escenario político de luchas y resistencias de las clases subalternas que durante los noventa han respondido a la represión y a la exclusión con mayor organización social y política.

(*) Investigadores de la Universidad Nacional del Comahue