El adelantamiento de las elecciones al 28 de junio es tanto una confesión de debilidad de parte del gobierno como una muestra palmaria de la falta de alternativa de la oposición. Si los Kirchner no podían asegurar llegar a octubre, su fortaleza radica en que ni Macri ni Carrió ni ningún sector de la oposición pueden, por ahora, llegar al gobierno. De allí que la bandera de campaña de Kirchner es hacer de la debilidad una virtud: “mantener la gobernabilidad”. En otra de sus profecías Elisa Carrió anuncia que “es posible que tengamos elecciones presidenciales anticipadas también”, sin reparar que, de contenido, si el gobierno obtiene la aprobación del Congreso del cambio del calendario electoral y con la segura candidatura del ex presidente encabezando la lista por la provincia de Buenos Aires, han adelantado no tan sólo las parlamentarias sino una definición plebiscitaria a favor o en contra del gobierno nacional. La jugada no está exenta de grandes riesgos tanto para el gobierno como para la oposición: es una apuesta de Kirchner a todo o nada para mantener el control político pero que pone en cuestión el poder presidencial que, de acuerdo al calendario “normal”, iba a estar en discusión en el 2011, sin que la oposición tenga reemplazante. O dicho a la manera del oficialista Emilio Pérsico (ex jefe de gabinete de Solá en la provincia de Buenos Aires): “si perdemos, entregaremos el gobierno y que Cobos y Clarín se hagan cargo del país”, a sabiendas de que no hay partidos de oposición que puedan ofrecer un recambio como lo fue el peronismo ante el derrumbe de De la Rúa.

Ahora bien, un gobierno al que ya han abandonado las clases medias urbanas y rurales, y que tratará de mantener su caudal político en los trabajadores y sectores populares del conurbano bonaerense en medio de una creciente pérdida del empleo y el poder adquisitivo, no puede volver a recomponer el nivel de apoyo que tuvo en el primer mandato. Si la mayoría de las capas medias han mostrado un corrimiento a derecha, expresado primero con el apoyo “ciudadano” a la lucha por la rentabilidad de los capitalistas agrarios y, crecientemente, detrás de la demanda de “seguridad” y “mano dura” contra el pueblo pobre; la crisis industrial amenaza provocar desbordes por izquierda en la lucha por el empleo y el salario, como muestran incipientemente la lucha de los docentes en todo el país y el inicio de una resistencia obrera a nivel de empresa que protagonizan sectores de la juventud trabajadora. El debate en el Congreso ya está mostrando un gobierno practicamente sin aliados. Este aislamiento, aunque logren sortear el trámite parlamentario del adelantamiento e incluso puedan ganar en la provincia de Buenos Aires, está anunciando que será un gobierno claramente más débil ante las tendencias a la polarización social que están inscriptas en la realidad.

De allí que frente a la “inteligente maniobra” táctica de los Kirchner, Duhalde y Alfonsín -los “estadistas” convalecientes de la burguesía nacional-, hayan planteado alguna especie de “gran acuerdo” de coincidencias básicas para afrontar una futura crisis. Pero todo intento de “unidad nacional” choca con las divisiones en la cúpula de la clase dominante que -a partir del enfrentamiento con las patronales rurales- no tiene vuelta atrás, independientemente de las concesiones que el gobierno sigue haciendo a la Mesa de Enlace. La ministra Débora Giorgi anunció otros $10.000 millones en créditos y subsidios para los empresarios del campo, pero la puja por la baja a las retenciones a la exportación de la soja continuarán, antes y después de las elecciones.

En tanto los industriales en los que el gobierno se apoya (y a los que favorece con subsidios), por su parte, sólo lo acompañan a condición de que si la jugada les sale bien signifique dotarlo de mayor fortaleza política en las urnas para, luego, cobrar en ventanilla la devaluación drástica del peso que le reclaman. Como dijo Felipe Solá al argumentar su rechazo al adelantamiento electoral: “se quieren quitar de encima la responsabilidad de hacer un ajuste” que necesita la clase dominante.

Los bruscos giros que estamos presenciando en la política nacional, se dan cuando los efectos de la crisis mundial sobre la economía nacional recién comienzan a golpear. Un agravamiento de las condiciones agudizará las divisiones intercapitalistas entre los exportadores a quienes favorece la devaluación y los intereses de los banqueros y las multinacionales que están al frente de las empresas privatizadas de los servicios públicos que reclamarán un más profundo ajuste fiscal; al tiempo que dará lugar a saltos en la resistencia a los despidos y mayores confrontaciones en la lucha de clases. Es decir que, con la bancarrota capitalista mundial como mar de fondo, Argentina se encamina hacia una nueva crisis nacional que intentarán, unos y otros, descargar sobre la clase trabajadora y el pueblo.

Marchemos el 24

El gobierno que hace pocos meses sostenía que Argentina estaba preparada para enfrentar la crisis mundial ha girado a un mensaje “catastrofista”, compitiendo ahora con la oposición en quién anuncia más desastres, con el objetivo interesado de que los trabajadores resignen algo de sus conquistas por el miedo a perderlo todo. A esta lógica de los capitalistas se avienen los dirigentes sindicales burocráticos. Como acaba de declarar el secretario de Derechos Humanos de la CGT, el judicial Julio Piumato, “es preferible ganar menos pero por años”, es decir, resignar salarios para mantener el empleo lo que, de todas formas, no será efectivo. Con el apoyo de las direcciones de la CGT y la CTA, están utilizando la crisis para despedir contratados y atemorizar a los efectivos para que acepten suspensiones con rebaja de salario, para aumentar el trabajo en negro que según el propio INDEC creció en el tercer trimestre del 2008, con la crisis, a más de 4 millones que trabajan sin cobertura médica ni aportes jubilatorios, para que se abandonen los reclamos de aumentos de salarios y aumentar los ritmos de trabajo y la productividad de las empresas. Todo esto sin que los grandes sindicatos presenten una sola medida de fuerza unificada de la clase trabajadora, en momentos en que las clases clases pudientes realizan acciones para reclamar por lo suyo, desde los cortes de ruta de los ruralistas hasta chantajes patronales en sectores de la industria, pasando por la movilización por “seguridad” encabezada por religiosos donde levanta cabeza una derecha que quiere más refuerzo policial y leyes más duras contra la juventud y el pueblo pobre. Una verdadera provocación nada menos que cuando se cumple un mes más de la desaparición de Jorge Julio López, testigo en el juicio del genocida Etchecolatz, en manos de las bandas fascistas amparadas por la policía bonarense.

El PTS viene planteando, a partir de que el “setiembre negro” de 2008 abrió la crisis internacional con epicentro en EE.UU. y los países imperialistas, la necesidad de un programa para enfrentar a las variantes que, desde las distintas fracciones de los capitalistas, quieren hacer pagar su crisis a los trabajadores y el pueblo. En esta perspectiva marcharemos este 24 de marzo a Plaza de Mayo y en todas las ciudades del país. Llamamos a las organizaciones de base y combativas de los trabajadores, a los centros de estudiantes, al movimiento de mujeres que tuvo su jornada de lucha el pasado 8 de marzo con actos en la Capital y en todo el país, a los organismos de derechos humanos y a todos con quienes compartiremos la jornada a 33 años del golpe militar, a transformarla en un primer pronunciamiento nacional frente los ataques a los trabajadores y a la campaña de “mano dura” contra los pobres, con independencia del gobierno y de los opositores patronales.
Es el momento de redoblar la exigencia desde las asambleas, cuerpos de delegados y seccionales sindicales combativas para que la CGT y la CTA llamen a un gran paro y movilización nacional detrás de lo que debe ser la primera bandera de unidad de la clase trabajadora: la lucha por la prohibición de los despidos y suspensiones, estableciendo una barrera frente a la crisis, en defensa del empleo y el salario, para no perder una sola conquista más, ni de efectivos ni de contratados, y apoyar las luchas como la de los docentes de Río Negro, que llevan 3 semanas de huelga.

Frente de Trabajadores y la izquierda

El adelantamiento electoral requiere de una respuesta en este terreno.
Necesitamos reunir a todas las fuerzas posibles para un frente de clara independencia política de los trabajadores. No es, por supuesto, sólo una tarea de la izquierda clasista, sino también de los compañeros y compañeras que participan en la actual resistencia a los despidos o son parte de los procesos de reorganización sindical de nuevas comisiones internas y cuerpos de delagados. Nadie puede abstenerse en esta batalla política. Se trata de presentar a millones una salida política de fondo, un programa obrero, anticapitalista y socialista que ayude a preparar a decenas de miles para las próximas luchas decisivas que se vienen en la Argentina. Un Frente de los Trabajadores y la izquierda no puede confundir las banderas con ningún bando patronal, como hace la CCC-PCR que reivindica una alianza no sólo con la patronal sojera de la Mesa de Enlace sino, además, marchando en común con los dirigentes de la “CGT Azul y Blanca” de Barrionuevo y haciéndose presente junto a Nosiglia (es decir, ¡con los dos operadores del Pacto de Olivos!) en el congreso de los radicales de Franja Morada. No es posible, tampoco, hacer lo del MST de Vilma Ripoll que llama a “una alternativa... firmemente anticapitalista” y hace causa común con los capitalistas del campo.

El PTS, junto a otras fuerzas como el Partido Obrero que, aún con vacilaciones, mantienen independencia de clase, tenemos la responsabilidad de abrir el debate lo más ampliamente posible entre los trabajadores y trabajadoras por la formación de este frente político, anticapitalista, obrero y socialista.