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A PROPOSITO DE LAS TOMAS DE TERRENOS URBANOS

La lucha de los “sin techo” chilenos

Los hechos de Soldati y las tomas de terrenos en diversos puntos de la capital y el conurbano dan cuenta de la irrupción de sectores pauperizados y marginados de los planes de contención del Estado.

Juliana Campos

23 de diciembre 2010

Los hechos de Soldati y las tomas de terrenos en diversos puntos de la capital y el conurbano dan cuenta de la irrupción de sectores pauperizados y marginados de los planes de contención del Estado. Sin embargo, en una situación esencialmente reformista, de pasividad y crecimiento económico, la lucha por la vivienda no ha podido desplegar, en términos de clase y alianza de clase, todo su potencial progresivo. Sí lo ha hecho en contextos diferentes, alentados por el ascenso de la clase obrera. En este sentido, la lucha de los “sin techo” chilenos de principios de los años setenta se convierte en un importante punto de referencia y un ejemplo histórico de cómo el problema de la vivienda se transformó (se puede transformar) en motor de una alianza obrera y popular.

El problema habitacional en Chile se remonta a los años cuarenta. La migración, provocada por la proletarización de amplias capas de la población rural y la consiguiente urbanización de las grandes ciudades, coloca la cuestión habitacional a la orden del día. Las capas marginales crecen con la aparición de sectores de campesinos pobres que migran a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. Sin embargo, el problema de la vivienda se transforma en conflicto a fines de la década de los sesenta, durante el gobierno de la Democracia Cristiana. Las tomas de terrenos urbanos se vuelven frecuentes; más del 10% de la población del Gran Santiago reside en campamentos; comienzan a emerger las primeras organizaciones de “pobladores”, los comités “Sin Casas”, que son impulsados por la DC con la intención de contener a los sectores excluidos del “pacto social” y la “Revolución en Libertad”. Pero el contexto político y social le da al conflicto un cariz distinto: el impacto de la Revolución Cubana, la situación de la lucha de clases en América Latina radicalizan aún más el movimiento por la vivienda, el cual recibe el influjo de la izquierda -MIR, MAPU, socialistas de izquierda-, que va a transformar la reivindicación habitacional en eje de la lucha política con la Democracia Cristiana.

El punto álgido del conflicto por la vivienda es alcanzado durante el gobierno de Allende. En los dos primeros años de gobierno de la UP, y al calor de la crisis económica, las tomas de terrenos urbanos van a llegar a su punto cúlmine y el eje de las reivindicaciones poblacionales se desplazará al problema del abastecimiento de alimentos y la creación de las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP). Sin embargo, a partir de 1972, la ofensiva patronal, de un lado, y la emergencia de la clase obrera, del otro, forjarán la solidaridad de clase y crearán las condiciones para la conformación de una alianza obrera y popular, materializada en la aparición de los Comandos Comunales, también llamados Coordinadores Comunales.

Los Cordones Industriales, que surgen como subproducto de las tomas de fábricas y el control obrero de la producción, cumplen un rol fundamental en este proceso. Los obreros agrupados en los cordones alentarán la formación de estos comandos, donde se reunirán sindicatos, delegados de los cordones y los campamentos, integrantes de las JAP, campesinos, estudiantes y representantes de la izquierda. El contraataque de la burguesía acelerará más aún esta experiencia. Frente al lock-out patronal y el desabastecimiento, los comandos se proponen como tarea prevenir el sabotaje, asegurar la producción dentro de las empresas, organizar el suministro de materias primas y alimentos, poner en funcionamiento el transporte y el sistema de salud, y formar comités de autodefensa. En Santiago se crea más de una veintena de organismos articuladores.

La ofensiva patronal es derrotada gracias a esta experiencia de movilización y organización obrera y popular. Sin embargo, la respuesta del gobierno no se hizo esperar. Frente a este despliegue de iniciativa popular -y en la búsqueda de un acuerdo con la DC-, la UP (socialistas, comunistas y radicales) intenta avanzar en la devolución de las empresas ocupadas y el desmantelamiento de los cordones y las JAP independientes del gobierno. El plan de la UP contempla además el traspaso de una cuota de poder a las fuerzas armadas “democráticas”, que desde el gobierno van preparando las condiciones para el golpe de septiembre mediante el estado de sitio y la requisa de los sindicatos. La política de desmovilización popular y restablecimiento del orden burgués de la UP allanan el camino para la salida contrarrevolucionaria. La experiencia de la alianza obrera y popular, materializada en la conformación de los comandos comunales, no llega a profundizarse. No obstante, nos deja un importante ejemplo del rol progresivo que puede jugar la lucha por las reivindicaciones populares en una situación de ascenso de la lucha de clases. Hoy, ante las tomas de terrenos, se vuelve indispensable levantar las banderas de la solidaridad de clase.

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