Durante los gobiernos de la Concertación (alianza formada por el Partido Socialista y la Democracia Cristiana entre otros, que gobierna desde el fin de la dictadura en 1990), Codelco –la empresa cuprífera estatal más importante de Chile–, ha sido blanco de una serie de ataques neoliberales. Si al concluir la dictadura pinochetista, el 86,9% de la producción de cobre estaba en manos del Estado, hoy la cifra no supera el 30%. Capitalistas trasnacionales y nacionales –favorecidos por la política concertacionista de profundizar la obra pinochetista- han hecho suculentos negocios en base al saqueo de este recurso.
Simultáneamente a este proceso de privatización –en el que han cabido una serie de otras empresas antes administradas por el Estado–, los gobiernos neoliberales de la Concertación han avanzado en la precarización del trabajo. En Codelco, hoy, la cantidad de trabajadores subcontratados, 30.000, supera ampliamente a la de los trabajadores de planta, que no pasan de 18.000.

Estos ataques precarizadores –cuya expresión nítida es la subcontratación– han comenzado a ser cuestionados objetivamente por los trabajadores subcontratados de Codelco, con sus huelgas de enero de 2006, de julio de 2007 y de –hoy– abril de 2008. Pese a pertenecer formalmente a una diversidad de empresas contratistas, han obligado a Codelco a negociar en dos ocasiones. Hoy día, cuando este sector dinámico de la clase trabajadora realiza su tercera huelga, la clase patronal se la está jugando por evitar una nueva negociación entre Codelco y los subcontratados. La Confederación de la Producción y el Comercio –organismo que aglutina a los principales capitalistas del país– planteó que era necesario que el Gobierno “pusiera las cosas en su lugar”. Las declaraciones oficiales han sido en el mismo sentido, a través de las declaraciones del ministro del interior y los voceros del Gobierno. De esa forma, Juan Pablo Arellano, del directorio de Codelco, ha ganado espacio para su política “de choque” en contra de la huelga, a la que no ha reconocido: “son sólo hechos de violencia que impiden el trabajo de los minerales” (Diario Financiero, 29/04/08). Esto, mientras lleva adelante una política en la que combina la efectivización de una parte ínfima de los 30.000 subcontratados (no más de 1.500) y un bono por $250.000 (550 dólares aproximadamente) otorgado por las empresas contratistas, con despidos masivos. Ya han sido despedidos 600 trabajadores de la división Andina, sin discriminar entre huelguistas y no huelguistas, claramente con el objetivo de conseguir que estos últimos, culpen a los primeros de la medida. Política divisionista que también se nota en la efectivización (pues al no ser de todos, podrá abrir una competencia entre trabajadores por quedar en la planta) y en el bono, que ha sido negociado con sindicatos por fuera de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), que es el organismo que dirige la huelga.

Sin embargo, esta política dura, ha encontrado oposición en el propio régimen. El ministro del trabajo, Osvaldo Andrade, se ha manifestado favorable a una negociación entre Codelco y los obreros subcontratados. Pero las respuestas del Gobierno no se han hecho esperar: la línea única será la intransigencia. Así, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana han ingresado también en el debate, respaldando la política de la empresa y rechazando la política de Andrade. Este debate se explica porque al interior de la propia Concertación, en el marco de su desgaste, comienzan a aflorar diversas tendencias y sensibilidades, agrupadas según las respuestas que le den a la situación política de los últimos años, en la que ha aparecido una mayor actividad de la lucha de clases. En este caso, expresa las diferencias en torno a la “cuestión obrera” que se ha instalado luego de un año de importantes huelgas. En líneas generales, mientras unos pretenden aplicar al pie de la letra las recetas neoliberales, otros intentan “atenuarlas” con una política más “social” basada en la abundancia actual de las arcas fiscales. Sin embargo, estas diferencias, son todavía matices, no profundas. Andrade lo ejemplifica con su nula pretensión de contradecir la política oficial: “cuando el gobierno se expresa uno tiene que escuchar y callar” (Diario Financiero, 29/04/08).
Los dirigentes oficiales de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC, que organiza a los trabajadores de planta), lamentablemente, se han hecho eco de la política dura de la patronal y su Gobierno, criminalizando a los huelguistas. El viernes pasado, realizaron un paro en la mina El Teniente, argumentando que sus trabajadores correrían peligro, debido a los supuestos ataques de subcontratados en la carretera. En los hechos le facilitaron el trabajo a las fuerzas represivas del Estado y contribuyeron a generar una opinión desfavorable a la huelga.

La CTC, a través de su dirigente Cristián Cuevas (militante del Partido Comunista), ha desmentido estas acusaciones y otras. Ha señalado que los trabajadores huelguistas actúan “a rostro descubierto”. En relación a la política que impulsa Codelco, se ha pronunciado en rechazo a los despidos y llamó a dialogar a Andrade, “porque creemos que la de él es la opinión de la Presidenta de la República” (El Mercurio, 29-04-08). Pero bien, Andrade ha dicho que callará y escuchará, ante la otra política, la de Arellano, que cuenta con el respaldo del Gobierno y la patronal, y que apunta a asestarle una derrota seria a la huelga.

Por todo esto, es necesario que los trabajadores subcontratados de Codelco confíen solamente en sus propias fuerzas. Una política que vaya detrás de tal o cual político patronal “progresista”, como la que impulsa el PC, depositando confianzas en Bachelet, vía su ministro del trabajo, llevará a la clase trabajadora una y otra vez a estrellarse contra el muro. Si hay personeros del Gobierno o de la Iglesia, dispuestos a favorecer una negociación entre los subcontratados y Codelco, se podrá aceptar. Pero sin ilusiones. El año pasado, la mediación del sacerdote Goic, no sirvió para asegurar los puntos mínimos del acuerdo, como se demuestra en el incumpliendo de Codelco.
Para que las fuerzas de los trabajadores subcontratados de Codelco se desplieguen plenamente, es necesario impulsar una lucha común por acabar con la subcontratación, que es el padecimiento común, que podría aglutinar a las 5 divisiones y hacerle frente a las maniobras divisionistas de Codelco y la patronal. El PC plantea que Codelco “cumpla la ley de subcontratación” internalizando a 5.000 trabajadores, como el año pasado indicó la Dirección del Trabajo. Con esa política dificulta la unidad de los trabajadores.

También será necesario ganar el apoyo de los trabajadores de planta, conformando piquetes de convencimiento para dialogar con éstos, y asambleas comunes para discutir tanto el fin de la subcontratación como detener la privatización de Gabriela Mistral, una mina cuyo 50% fue prometido a capitales chinos, cuestión que ha sido públicamente rechazada por la FTC. Los trabajadores de planta de Codelco, deberán desplazar a los dirigentes que han favorecido la política criminalizadora de la empresa, el Gobierno y la patronal. Hasta ahora, no hemos visto por parte de la dirección oficial de la huelga, una política para ganar a los compañeros de planta que se opongan a la precarización laboral.

Por último, será necesario impulsar una activa política de unidad con el movimiento estudiantil secundario, que comienza lentamente a reaparecer en la escena, luego de dos años de quietud, y con el pueblo pobre –en especial la juventud–, que ha salido a pelear en defensa de sus derechos de anticoncepción, luego de que el Tribunal Constitucional prohibiese el reparto gratuito de anticonceptivos de emergencia en la salud pública. Así, la clase trabajadora estará ganando importantes aliados, tanto para sus luchas actuales como para las futuras.

29 de abril de 2008