En el transcurso de este juicio lo que no faltó fueron pruebas de la acción de la Policía Federal como partícipes necesarios de este crimen contra la clase trabajadora. Pero los fiscales de la causa “entienden” que por todo lo actuado por la PFA se los debe imputar por la inacción, o sea por abandono de persona. Una condena menor que encubre a los responsables políticos de impartir las órdenes de liberar la zona donde se ejecutó a Mariano Ferreyra.

Policías en acción
Los policías imputados en estas causas tienen el privilegio de estar libres a pesar de su responsabilidad en este plan criminal. Muchos testigos en el juicio, que se manifestaron aquel 20 de octubre, sostuvieron que los patrulleros de la Comisaría 30 abrieron paso a la patota en el momento del ataque y que luego se cerraron detrás de los agresores cuando éstos huían. Incluso lo sostuvo uno de los propios uniformados que ese día se encontraban en el lugar, el sargento José Ortigoza, de la brigada de la Comisaria 30, que señaló que los patrulleros cambiaron de posición en el momento que avanzó la patota contra los manifestantes y sumó otro dato relevante: Durante el operativo se usó el sistema de comunicaciones POC que tiene la “ventaja” de que todo lo que se habla desde este sistema no queda grabado. El subcomisario Rolando Garay se comunicó a través de este sistema minutos antes de cometerse las acciones criminales. Además un camarógrafo policial que debía filmar el operativo dejó de grabar durante la acción criminal. Casi no hay imágenes de los agresores, pero sí abundan de los manifestantes. Y cuando la jueza Wilma López solicitó a la Superintendencia de Policía el registro de las comunicaciones telefónicas entre los efectivos policiales, lo que se obtuvo fue una versión recortada de las grabaciones.
Otro testigo clave es Luis Echaverría, quien ese día estuvo al frente de la Dirección General de Operaciones (DGO) de la Policía Federal, desde donde se siguen todos los operativos policiales cuando se realizan concentraciones públicas, ya sea recitales, partidos de fútbol o, como en este caso, manifestaciones. Echavarría no dudó en responsabilizar al poder político por lo actuado y sostuvo que reciben instrucciones políticas específicas en cada uno de estos eventos. Aníbal Fernández, que tenía a su cargo en aquel momento a la Policía Federal, era el responsable político y hoy continua impune.
Estas son sólo algunas pruebas que evidencian que el accionar de la policía no fue una “inacción” que se pueda interpretar como abandono de persona. No abandonaron a nadie, asistieron a la patota cumpliendo las órdenes de sus jefes. La fiscalía pretende poner un punto final donde sólo sean enjuiciados un puñado de burócratas y unos pocos patoteros.

La defensa de los criminales
En esta impunidad se apoya la defensa de los burócratas para sostener que la fiscalía no pudo demostrar que hubo un plan organizado para disciplinar, aleccionar a la clase obrera en que no debe luchar por sus derechos. Así los escuchamos en estos días alegar a los abogados de Pedraza y su segundo, el “Gallego” Fernández, que no tuvieron empacho en preguntarse cómo es posible que quienes tienen un plan criminal den aviso a la Secretaría de Transporte y las autoridades policiales. Estos defensores pueden hacerse esa pregunta porque todavía están impunes los responsables políticos de este crimen, como ya hemos denunciado en LVO. Por eso, mientras la fiscalía pretende poner un punto final y dejar a resguardo a los funcionarios del gobierno K y los empresarios amigos, debemos redoblar el esfuerzo y movilizarnos hasta lograr perpetua para todos los imputados y llevar a juicio a todos los responsables de este crimen que enluta a la clase obrera.