La semana estuvo signada por la vuelta de la “maldita policía” en todas sus variantes. En la Ciudad de Buenos Aires el escándalo de las escuchas ilegales escaló un nuevo peldaño en la crisis que atraviesa el gobierno de Macri, afectando cada vez más seriamente su legitimidad, que despertó las críticas de sus socios Francisco De Narváez y Felipe Solá, y hasta del derechista diario La Nación. Los acontecimientos empujaron a un paso del abismo a los ministros de Seguridad, Educación y Espacio Público, Guillermo Montenegro, Mariano Narodowsky y Juan Pablo Piccardo, donde cayeron los dos primeros jefes expulsados de la Policía Metropolitana, la que aún no debutó pero ya tiene sus primeras bajas embarradas de ilícitos. Una crisis que revela la putrefacción de una “gestión” de empresarios vinculados a espías y represores, en aras de fortalecer a un Estado cada vez más represivo que pone en tela de juicio las más elementales libertades democráticas.

Macri se vio obligado a anunciar cambios en el Gabinete tras echar a Osvaldo Chamorro, titular de la Policía porteña, por “una grave falta ética”, mientras el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, verdadero mentor del servicio de espionaje y primer jefe de la Metropolitana, fue detenido por orden del juez Oyarbide por pinchar los teléfonos de Sergio Burstein, dirigente de la agrupación Familiares y Amigos de Víctimas del atentado contra la AMIA. Desde ya, Oyarbide no es un juez que se caracterice por su “neutralidad”, sino que responde a la Policía Federal, a la SIDE y a los mismos Kirchner en la disputa con el gobierno de Macri por el control del aparato represivo. Así se puso al desnudo, ante los ojos de toda la población, el tenebroso entramado de espionaje e inteligencia, el mismo con el que cuentan todas las fuerzas de seguridad y los estados provinciales, así como el Estado nacional, cuyo fin radica en controlar, perseguir y reprimir a los trabajadores y el pueblo. Tan es así que a instancias del kirchnerismo se aumentó el presupuesto para la SIDE, entre los años 2003 y 2009, en más de un 250%.

La punta del iceberg

Los diarios revelaron que Chamorro y Palacios compartían una oficina de la agencia de seguridad Strategic Security Consultancy, de la cual fue secuestrada una computadora que registraba información patrimonial de opositores, dirigentes sindicales y hasta del propio jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta. Oyarbide añadió que las escuchas ilegales de esta “Gestapo” alcanzaron a 400 personas, entre ellos el director del diario La Nación, y hasta se presume que llegó a los mismos Kirchner.
El detenido Ciro James fue denunciado por los dirigentes de UTE por elaborar listas negras de maestros y estudiantes en el pico del conflicto docente, bajo la fachada de un contrato en el Ministerio de Educación, métodos que Macri aplica de la misma manera que lo hace el gobierno nacional y el resto de los gobernadores.

Pero James era sólo la punta del iceberg. El servicio de espionaje e inteligencia que había comenzado a montar Palacios, y continuaba Chamorro, cuenta con más de un centenar de espías, provenientes de la Policía Federal, que desarrollaban tareas similares a las de James. Palacios desarrolló esta red con la complicidad de jueces y oficiales jerárquicos de la policía de Misiones, gracias a los oficios del ex gobernador Ramón Puerta, aliado político de Macri y quien facilitó la instalación de una dependencia de la Unidad Antiterrorista en esa provincia, regida por el mismo Palacios.
Queda en evidencia que, de abrirse los archivos del conjunto de los organismos de inteligencia, nacionales y provinciales, saldrían a la luz miles de espías y agentes que cotidianamente “trabajan” al servicio de las clases dominantes. La única medida “segura” para los intereses de las mayorías trabajadoras pasa por la apertura de todos los archivos secretos que se mantienen bajo siete llaves desde la dictadura, y la disolución de todos los organismos de inteligencia y espionaje.

La seguridad, ¿en manos de quién?

La crisis recién empieza, ya que Macri designó como nuevo mandamás de la Metropolitana a Eugenio Burzaco, asesor de seguridad del ex gobernador de Neuquén Jorge Sobisch cuando asesinaron al docente Carlos Fuentealba, y de estrechos vínculos con genocidas de la dictadura militar. Y como botón de muestra, la debacle ya se cargó a la UCEP, la temible banda parapolicial integrada por barrabravas y patovicas que desalojaba de las calles a indigentes.

Es necesaria la más amplia movilización en las calles de los sindicatos, organismos de derechos humanos, centros de estudiantes y todas las organizaciones que se reivindiquen democráticas, para terminar con estas políticas de espionaje y represión, y exigir la inmediata renuncia de los ministros Montenegro, Narodowsky y Piccardo.

Junto a la Coordinadora de Lucha La Dignidad No Se Privatiza ya marchamos este miércoles al Ministerio de Seguridad para escrachar a Montenegro.

A dos años de l gobierno de Macri, ya estamos organizando una marcha y actividades para denunciar toda su política represiva.

Los socialistas del PTS consideramos que la seguridad pública no debe quedar en manos de instituciones como la policía. En una sociedad diezmada por la descomposición capitalista, una burocracia permanente a cargo del gatillo del Estado, leal a la clase dominante, siempre descargará su represión contra los oprimidos. Por eso luchamos por la disolución de las fuerzas policiales y su reemplazo por una milicia ciudadana, obrera y popular. Es decir el reemplazo de la actual policía por el armamento de las organizaciones obreras, del pueblo oprimido y el control de los militantes y organismos de los derechos humanos.