Mientras que en distintos barrios de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires aún continúan algunas zonas afectadas por los cortes de luz tanto el gobierno nacional como Scioli y Macri siguen apostando a que entre el periodo vacacional y una baja en la temperatura se pueda patear la crisis energética. A esto, el gobierno le sumó una irrisoria propuesta de resarcimientos por los cortes de luz pero ninguna respuesta de fondo. Es que durante la última semana de 2013 y los primeros días de 2014 volvió a estallar una crisis estructural. Sólo en el área de la CABA y el Gran Buenos Aires, la oleada de cortes de luz (que también se extendió a Córdoba y Santa Fe) dejó sin servicio a más de 350.000 personas.

La crisis desnudó la catastrófica desinversión en el sector de distribución de energía (del que se encargan Edesur y Edenor), a lo que hay que sumar el déficit que tiene el país en la generación eléctrica. Mientras entre 2003 y 2012 la economía creció 82%, la expansión en la potencia instalada para generar energía fue de apenas el 21%.
Las raíces de la actual crisis energética hay que buscarlas en el período de la dictadura, donde se asiste a los primeros intentos de aplicar las políticas neoliberales. Bajo el gobierno radical de Alfonsín se profundizó la desinversión y el abandono de las empresas de los servicios públicos. En el fin de ciclo alfonsinista también se llegó a una escalada en los cortes de luz, lo que alimentó una campaña pro-privatizaciones que posteriormente se efectuarían bajo el gobierno de Menem. Luego de la debacle económica, política y social de la convertibilidad bajo el gobierno de la Alianza el esquema de empresas privatizadas continuó con plena vigencia durante los gobiernos kirchneristas que agregaron el otorgamiento de subsidios y avalaron la desinversión en los sectores no productivos como “compensación” por congelar las tarifas en el área metropolitana de Buenos Aires. En todos estos períodos los gobiernos funcionaron como empleados de los capitales imperialistas y nacionales. Hoy, entre los capitales argentinos que tienen acciones en Edesur puede verse a Pérez Companc, afín al “modelo K” y al amigo de Macri, Nicolás Caputo.

No podía esperarse otro resultado. Al igual que en el transporte vuelve a demostrarse que no tiene ningún sentido dejar en manos de empresas capitalistas, cuyo único objetivo es el lucro, los servicios públicos de los que dependen la calidad de vida y la vida misma de millones de personas. Tampoco se puede esperar nada de algún intento de estatización parcial impulsada por el kirchnerismo. Esto termina en una nueva entrega a las multinacionales, como vimos con el yacimiento Vaca Muerta a la Chevron. Tampoco puede venir algo bueno para los trabajadores y sectores populares del manejo de estas empresas por los funcionarios oficiales, como se ve en Aerolíneas Argentinas.

Por un proyecto de ley nacional del Frente de Izquierda

Por esto mismo es que desde el PTS impulsamos la necesidad de elaborar un proyecto de ley nacional desde el FIT en común con los compañeros de PO e IS. Los compañeros de IS coinciden en esta necesidad. Este proyecto creemos que debe tener como puntos fundamentales en primer lugar establecer el control de las empresas eléctricas, por parte de trabajadores y usuarios populares, formando un “Comité de Emergencia Energética” que deberá estar integrado por representantes electos por los trabajadores de las empresas y por usuarios populares, como así también por técnicos y profesionales solidarios con la defensa de los intereses populares, del área de energía eléctrica de las universidades públicas. Este sería el primer paso para implementar un plan de medidas urgentes para resolver las penurias de la población afectada y realizar una profunda investigación sobre las causas de la crisis. En segundo lugar se debe avanzar en la anulación de las concesiones, sin indemnización, a las generadoras, transportadoras y distribuidores, procediendo a su nacionalización y estatización, sin pago, conformando una sola empresa estatal de energía eléctrica (junto a las empresas estatales provinciales ya existentes) y ponerla a funcionar bajo gestión de trabajadores y usuarios.

En este sentido, tenemos que marcar nuestras diferencias políticas y metodológicas con los compañeros de PO quienes en la CABA y Córdoba presentaron en las legislaturas en nombre del FIT un proyecto de ley de “emergencia energética” de manera completamente inconsulta con el resto de los partidos que integramos el FIT. Como consecuencia tanto IS como el PTS, que rotaremos en la banca de la legislatura, nos terminamos enterando de la presentación del proyecto mediante los medios de comunicación sin posibilidad alguna de modificar su contenido.

Dicho proyecto articula un programa completamente mínimo en sus resoluciones, sin mencionar la necesidad de anular las concesiones, como así tampoco la necesidad de poner bajo control de trabajadores y usuarios a las empresas. Sin embargo nuestras diferencias se expresan especialmente en torno al “comité de emergencia” planteado en el proyecto donde se propone que esté conformado por “un representante de cada bloque de la Legislatura”, entre representantes de los vecinos, trabajadores y académicos. Si los compañeros de PO hubieran tenido el tino de poner a discusión el proyecto, hubiéramos podido discutir cómo los representantes de los bloques de los partidos patronales que son o fueron gobierno tanto a nivel nacional, como provincial y de la Ciudad, socios de los distintos capitales que manejan las empresas concesionarias y cómplices de todo el proceso de desinversión no pueden ser quienes controlen a las empresas y avancen en solucionar la crisis eléctrica. Esto sería poner al PJ, a la UCR y al PRO como juez y parte, lo que no sólo estaría lejos de mostrar una alternativa de dirección de los trabajadores en la crisis, sino que incluso estos mismos funcionarios serían los encargados de boicotear todo tipo de acciones que paliaran la calamitosa situación.